Hay una mezcla de negocios empresariales legítimos y de organizaciones de tráfico de drogas que producen una incidencia en secuestros y asesinatos selectivos
La industria del secuestro en Jalisco se ha vuelto multimillonaria. Aquí las bandas criminales operan con el ánimo de hacerse de ingresos por miles de millones de pesos, y en los cobros que exigen para liberar a sus víctimas optan más por los dólares que la moneda nacional.
En el periodo de 2007 a octubre de 2014, la actividad de los secuestradores fue planeada para obtener réditos por mil 801 millones 129 mil 387 pesos, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), proporcionadas a través de su Unidad Especializada de Combate al Secuestro.
De esa cantidad, hubo una fracción que fue exigida en moneda nacional por 843 millones 135 mil pesos, pero es mayor la que se planteó en billetes verdes: fueron 77 millones 101 mil dólares, es decir, 957 millones 994 mil 387 pesos, con base en la conversión que se hizo con el tipo de cambio de los años respectivos.
El año en que se registraron las pretensiones de cobro más altas de los secuestradores fue 2011, en el gobierno panista de Emilio González, cuando se reclamaron 599 millones 985 mil 988 pesos.
Eso fue un punto de inflexión para esta actividad criminal en Jalisco: lo que en 2011 demandaban los secuestradores por liberar a sus cautivos era un 800 por ciento mayor a lo pedido en 2010 (65 millones 134 mil 520 pesos).
Sin embargo, el segundo peor año para Jalisco en este sentido, fue el primero bajo la gestión del actual gobernador, Aristóteles Sandoval, del PRI, en 2013, cuando los secuestradores solicitaron rescates por 425 millones 945 mil 920 pesos.
Esos mismos años, 2011 y 2013, tienen también los mayores registros de cobros exigidos en dólares por los delincuentes.
En 2011 fueron 36 millones 620 mil dólares, esto es, cerca de 449 millones de pesos (MDP), mientras que en 2013, ya con el PRI en el Ejecutivo, fueron 19 millones 25 mil dólares, más de 242 MDP.
Inclusive, en lo que va de la gestión del gobernador Sandoval, en 2013 y 2014, los rescates totales solicitados ascienden a 611 millones 928 mil 345 pesos, dentro de estos se cuentan 25 millones 775 mil dólares.
Frustrar el crimen
Ahora bien, una cosa son los objetivos de los secuestradores y el tamaño de la industria que han pretendido con sus cobros de rescates, otra el resultado tras la intervención de la autoridad para frustrar esos planes delictivos.
La FGE y antes la extinta Procuraduría de Justicia han impedido que la industria del secuestro concrete esos réditos ilícitos por miles de millones de pesos, pero no han evitado que los secuestradores sí sean multimillonarios.
Según el informe de la FGE, de esos casi dos mil millones de pesos que los secuestradores exigieron en ocho años, los pagos que sí se consumaron ascendieron a 159 millones 555 mil 907 pesos: menos de una décima parte del global.
Si se ahonda en esa cifra, de los más de 77 millones de dólares que buscaban, se terminaron pagando 2 millones 340 mil 650 dólares, menos de un 5 por ciento.
De dicho monto, un millón 33 mil dólares fueron pagados en la actual gestión del PRI; el 2013, de hecho, el primer año en que se efectúan pagos de rescates mayores al millón de dólares (un millón 13 mil dólares).
No obstante, la gran diferencia a la baja entre el valor de los rescates reclamados y lo pagado no implica necesariamente una operación exitosa de la autoridad.
De 2007 hacia junio de 2014, la FGE informó de 332 personas que fueron secuestradas (eran 270 averiguaciones, pero cada una puede referir a más de una víctima), de estas, 54 fallecieron en manos de sus captores, y 259 se liberaron con vida.
En los ocho años enteros se dieron 279 averiguaciones por secuestro, lo que da un promedio individual de 6.4 MDP pedidos por rescate, y de 571 mil 884 pesos pagados.
Todo ello refiere sólo a los casos llevados en el fuero común por la FGE, un subregistro en sí mismo, pues como informó Reporte Indigo en febrero pasado en “Secuestro, la incidencia real oculta”, la Procuraduría General de la República indagó otros 81 secuestros en Jalisco en ese lapso: un 29 por ciento más de lo reportado por las autoridades estatales.
Las gamas del delito
El secuestro es solo una cara de la gran y variada industria del delito en Jalisco. En esta ocupa hoy un lugar preponderante el robo de combustible, que dota de ingresos mensuales al crimen organizado por 600 MDP (7 mil 200 MDP al año), estima la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros.
Además de las metanfetaminas que se producen y trafican de forma sistemática, las drogas ilegales en general tienen un mercado interno que puede generar 367 MDP por año, según un cálculo publicado por el Estado en 2012, en su reporte: “Más allá de la Guerra de las Drogas”.
Aunque en su informe 2007-2012, la Secretaría de Seguridad Pública (hoy FGE) afirmó haber sacado del mercado local dosis con un valor de 4 mil 588 MDP, más otros 814.07 MDP ya en 2013 y 2014.
La extorsión es otro delito de escala millonaria, la FGE dice haber evitado en 2014 que se pagaran así 146 MDP.
En el Centro de Guadalajara se alojan zonas consolidadas para la economía ilegal. A plena luz del día está la venta de medicamentos ilícitos en el barrio de El Santuario; los productos piratas del mercado municipal de San Juan de Dios.
Además, la venta de autopartes ilícitas en la calle 5 de Febrero, ahí la FGE confiscó 40 mil piezas en 2013, fueron recuperadas 3 mil por sus dueños y valían 8 MDP.
La economía de la capital de Jalisco acusa en sí misma la huella profunda del narcotráfico, principalmente en su vigorosa actividad inmobiliaria.
No es para menos, en los años 80 ahí radicó y desde ahí operó la dirigencia del Cártel de Guadalajara, la organización cuasi-nacional predominante, conformada por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero.
El 31 de octubre de 2013, cuando 20 empresas de Guadalajara fueron señaladas por lavado de dinero por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos (EEUU), su director, Adam Szubin, dijo:
“La designación de hoy demuestra la gran magnitud con la cual Rafael Caro Quintero y sus familiares se han infiltrado en la economía de Guadalajara, incluyendo a los sectores de bienes raíces y minoristas de gasolina”.
Reporte Indigo dio a conocer el Reporte 2015 Crimen y Seguridad: Guadalajara, del Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual dice que en la ciudad “hay una mezcla de negocios empresariales legítimos y de organizaciones de tráfico de drogas que producen una incidencia en secuestros y asesinatos selectivos”.
También advierte del robo de autos y de transporte de carga en el estado, el sexto con más casos en el país.
