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La cifra depositada en 2014, en efecto, coincide con el monto que sería “seguro de cobrar” de acuerdo con el evento relevante publicado por Banamex
Los días de Amado Yáñez en la cárcel parecen estar contados.
La defensa del socio mayoritario de Oceanografía, acusado de fraude a Banamex, parece tener un as bajo la manga.
El pasado 8 de enero, presentaron ante el juzgado de procesos penales que lleva el caso, un documento que muestra que durante 2013 y 2014 el banco cobró 5 mil 304 millones de pesos de Pemex por conceptos de pagos sobre la contratista.
Esos cobros significan 396 millones de dólares, cifra muy cercana a los 400 millones que Banamex presentó como incobrables, ya que se sostenían en estimaciones de cobro falsificadas por la empresa con ayuda de funcionarios del banco, según la opinión de delito emitida a mediados del año pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hasta ahora, el banco no ha dijo si esa coincidencia de cifras se trata de un monto adicional al que se alega en el fraude, por lo que sería usado por la defensa para argumentar que el caso no se sostiene.
El documento, del que Reporte Indigo obtuvo una copia, fue remitido por el propio Pemex a petición del juez penal que lleva el caso.
Esa nueva prueba, se suma a los alegatos que Yáñez hizo en varias entrevistas con este diario, en las que aseguró que el fraude era falso y que incluso planeaba demandar al banco.
Hasta el cierre de esta edición, Pemex no había respondido a la solicitud de este medio para ampliar la información relativa a estos pagos.
Un año de alegatos
Oceanografía, empresa de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario, fue acusada de cometer un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank
El dueño de la naviera Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, se encuentra en proceso judicial ante el fuero común en la Ciudad de México por delitos financieros.
El alegato principal de la acusación ha sido que la empresa -de la que Amado Yáñez aún es socio mayoritario- cometió un fraude por 400 millones de dólares en contra de Banamex, filial mexicana de Citibank, uno de los principales bancos de Estados Unidos.
El argumento es que Oceanografía pidió préstamos a la unidad mexicana de Citigroup presuntamente usando como garantía los pagos que esperaba de contratos con Pemex Exploración y Producción (PEP).
En febrero del año pasado, la secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía naviera, la cual controlaba contratos millonarios de rentas de barcos, los cuales eran vitales para la operación de Pemex en operaciones costa afuera, especialmente en la sonda de Campeche.
La inhabilitación por un año y nueve meses, además de una multa por 24 millones de pesos, fue porque la compañía había incumplido en el pago de fianzas que cubrieran un 10 por ciento de los montos de los contratos firmados con Pemex.
En su defensa, Yáñez dijo en una conversación con Reporte Indigo que las fianzas pagadas eran las que se le habían solicitado.
Incluso, sugirió que se le había tenido “una trampa” para dejarlo fuera de las contrataciones con Pemex.
Dos semanas más tarde, el 28 de febrero, Citigroup informó que había detectado un fraude por parte de Oceanografía.
El comunicado del banco, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores, anunció que luego de la inhabilitación se había puesto en contacto con Pemex para revisar los montos de los créditos que le había otorgado a la empresa naviera.
Buscaban saber cuántos de esos contratos tenían sustento en los trabajos que Oceanografía debía cobrar de Pemex.
De acuerdo a esta versión, la petrolera informó a Banamex que los recibos que tenían solo cubrirían el pago de 185, de los 585 millones de dólares que en esa fecha el banco le había depositado a Yáñez.
“Esta cifra consiste en aproximadamente 75 millones de dólares respaldados por documentación de Pemex y cerca de 100 millones en trabajo documentado que estaba pasando por el proceso de aprobación de la paraestatal”, anunció Banamex.
Al tipo de cambio de esa fecha de 2014, estas cifras significarían 2 mil 478 millones de pesos, los cuales serían “seguros” a cobrar por parte de Banamex.
Los otros 5 mil 352 millones de pesos -correspondientes a los 400 millones de dólares que se presentaron por el banco como irrecuperables- no estarían contenidos en un pago futuro que Pemex le haría al banco.
La danza de los números
Casi un año después de esta notificación ante la bolsa mexicana y la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), un documento judicial revela que durante los últimos dos años Pemex pagó a Banamex más de 5 mil millones de pesos sobre los contratos de Oceanografía.
El documento obtenido por este medio, mencionado también en la columna Dinero en Imagen el 12 de enero, fue solicitado a Pemex a finales de diciembre por el juez 14 de procesos penales en el DF, Rubén Darío Noguera.
La respuesta de la petrolera se dio por medio de un oficio firmado por Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado y representante legal de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Trejo Sepúlveda se tituló en 2005 como abogado por la Universidad Tecnológica de México y desde agosto de 2012 tiene un cargo como asesor para la subgerencia penal de Pemex.
Es la misma persona que había declarado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a mediados del año pasado que en el archivo del caso había 11 estimaciones de obras que no constaban en los archivos ni registros de PEP, de manera que esta subsidiaria las había desconocido ante la autoridad financiera.
Ahora, el propio Trejo Sepúlveda contestó al juez sobre los pagos que PEP había realizado a Oceanografía por conducto de Banamex, “derivado de las cesiones de los derechos de cobro celebrados entre las dos partes”.
Los pagos fueron pagados a Banamex a la clave interbancaria 002180087000163406.
Entre agosto y diciembre de 2013, por este mecanismo PEP depositó 3 mil 371 millones de pesos. Entre enero y el 5 de diciembre de 2014, se depositaron mil 933 millones de pesos más.
La cifra depositada en 2014, en efecto, coincide con el monto que sería “seguro de cobrar” de acuerdo con el evento relevante publicado por Banamex ante la Bolsa en febrero del año pasado.
Lo que aún no queda claro es si el resto del dinero que recibió Banamex de Pemex completa la suma del fraude o no, ya que el banco no ha aceptado hablar con la prensa sobre este caso en México ni en Estados Unidos.
La suma de ambas cifras, que se da también en el documento, es de 5 mil 304.6 millones de pesos, esto es, 396 millones de dólares al cambio de la fecha en que el banco denunció un fraude por 400 millones de dólares.
La respuesta de Pemex fue remitida en la segunda semana de enero al abogado de Amado Yáñez, Luis Raúl Serrano González, para que “manifieste lo que a su interés convenga”.
Reporte Indigo no pudo confirmar si la defensa del empresario ha iniciado ya alguna acción legal derivada de las revelaciones contenidas en este documento.
Se cae la inhabilitación
Al mismo tiempo que el camino legal contra Amado Yáñez por el fraude que denunció Banamex parece tambalearse, la inhabilitación contra la empresa fue revocada por un juez y la compañía ya no aparece en la lista de empresas sancionadas por la Función Pública.
En julio del año pasado, el juez Felipe Consuelo Soto declaró a Oceanografía en concurso mercantil. La declaratoria incluyó una medida precautoria para que la empresa no estuviera ya inhabilitada y se le permitiera nuevamente participar en licitaciones públicas.
Ante la Función Pública, el expediente del caso 0039/2013 relativo al pago de fianzas menores por parte de la naviera muestra otros reveses para la autoridad.
En marzo del año pasado, un juez de distrito en Veracruz ya le había otorgado una suspensión del proceso de inhabilitación a la empresa, mediante un amparo que ésta había promovido.
La suspensión que dictó luego Consuelo Soto en julio se sumó luego a la confirmación del amparo 211/2014-III que el mismo juez en Veracruz reiteró a la empresa en el 4 de noviembre pasado.
El Órgano Interno de Control de PEP recibió la notificación de este amparo el 18 de diciembre.
El dictamen judicial resguarda a Oceanografía no solo de la resolución de la Función Pública, sino también de la “discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación” de los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Estos párrafos dicen que las inhabilitaciones diferentes pueden sumarse y cuando termine el plazo de una inicia el de la segunda, además de que “en ningún caso podrá decretarse la suspensión de la inhabilitación, aún cuando el infractor opte por el juicio contencioso administrativo contra el acto de autoridad que la ordene o ejecute”.
Con estos amparos, la compañía obtuvo su lugar nuevamente en las contrataciones públicas y se asegura de que una segunda inhabilitación no sume tiempo fuera del mercado a la primera, por la que ya había sido amparada.
Pemex no ha emitido hasta ahora ninguna declaratoria pública por estos reveses judiciales que la obligan a considerar a Oceanografía como uno más de los competidores en cualquiera de sus licitaciones públicas en las que la naviera cumpla los requisitos legales para participar.
El hundimiento
1. Oceanografía solicitó un préstamo a Banamex y puso como garantía supuestos pagos que esperaba de Pemex.
2. El 31 de diciembre de 2013, el banco le otorgó un crédito por 585 millones de dólares.
3. La compañía fue sancionada por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del gobierno mexicano, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según el Diario Oficial del 11 de febrero del 2014.
4. Banamex inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía cuando supo de la sanción y descubrió que dicha empresa parecía haber falsificado cuentas por cobrar.
5. La Procuraduría General de la República intervino a la firma y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también investiga violaciones financieras.
La ruta del navío
Oceanografía, una de las principales contratistas de Pemex durante la última década, enfrenta un proceso judicial por delitos financieros.
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