Las nuevas sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra empresas farmacéuticas vinculadas con el exsuperdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, golpean directamente sus aspiraciones políticas y su proyecto por hacerse de la alcaldía de Guadalajara en el año 2021.
A sólo dos meses de que el político y empresario farmacéutico comenzara a ventilar públicamente sus intenciones por aparecer en la boleta en la elección que se aproxima, arriban este nuevo par de penalidades desde la dependencia anticorrupción que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
En este caso los corporativos sancionados fueron Lomedic y Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), ambas castigadas con multas millonarias y con inhabilitaciones que les impiden obtener contratos gubernamentales por más de dos años.
La primera empresa, señaló la SFP, “recibió una multa de más de un millón pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses, debido a que proporcionó información falsa en diversos procedimientos de contratación convocados por los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”.
(Abisalud) fue sancionada por su participación en una licitación pública para adquirir medicamentos y material de curación convocada por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y en el que de igual manera proporcionó información falsa por lo que se le asignó una multa de un millón 051 mil 500 pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses
Los efectos de la inhabilitación cubren todo el territorio nacional, siempre y cuando haya recursos federales involucrados, pues así lo señalan las sanciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación: “Las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México deberán cumplir con lo señalado en esta circular, cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal”.
Buena parte de la fortuna que ha hecho el jalisciense ha derivado de contratos gubernamentales, por lo que esta prohibición para fungir como proveedor de los órganos de gobierno a nivel nacional debe representarle una afectación relevante a sus finanzas.
Reporte Índigo ha documentado que la red empresarial vinculada con Lomelí Bolaños recibió contratos gubernamentales federales, estatales y municipales por al menos ocho mil 840 millones 267 mil 897 pesos en el lapso 2007-2019, considerando las firmas Lomedic, Abisalud, Laboratorios Solfran y Grupo Quiropráctico del Bajío (“Los tentáculos de Carlos Lomelí, el Zar de las medicinas”, publicado el 12 de agosto de 2019).
Los casos que lo involucran, por implicar faltas graves, han llegado hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según la Función Pública
Sanciones por venir para Carlos Lomelí
La embestida anticorrupción que ha emprendido la SFP de Irma Eréndira Sandoval contra el entramado empresarial de Lomelí Bolaños no tiene visos de que vaya a terminar pronto, por el contrario, todo indica que esa dependencia aún tiene preparados otros golpes contra el otrora superdelegado federal de Jalisco.
El 15 de julio de 2019 la SFP dio a conocer que tenía siete procesos sancionatorios en marcha contra el jalisciense: “Hasta el momento la Función Pública ha abierto de oficio siete expedientes. Cuatro de ellos se centran en empresas relacionadas con Carlos Lomelí Bolaños y tres indagan presuntas conductas contrarias a la legalidad”.
Aquel día la titular de la SFP, Sandoval Ballesteros, dijo: “Hoy, ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés, ni para el predominio de los intereses privados sobre el superior interés público” (tres días antes, el 12 de julio, Lomelí Bolaños había tenido que separarse de su puesto como superdelegado federal).
Unos meses después, el 13 de septiembre de 2019, la SFP dio a conocer los primeros resultados de esas pesquisas, al señalar que había impuesto “tanto a Lomedic, como a Laboratorios Solfran una multa por un millón 051 mil 500 pesos, además de inhabilitar a ambas empresas por 2 años y seis meses”.
La SFP sancionó a esas empresas ligadas con el jalisciense como “resultado de minuciosas investigaciones en las que se identificó que ambas firmas falsearon información al participar en contrataciones públicas”.
La falta detectada fue que “las dos empresas manifestaron que no contaban con ningún integrante que fuera servidor público, cuando en realidad una persona, que en ese momento era diputado federal, era integrante de las mismas, lo que incumple con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Al banquillo del Tribunal
Sin embargo, los problemas legales para Lomelí Bolaños podrían profundizarse en el corto plazo si, como lo ha dicho la titular de la SFP, Sandoval Ballesteros, interviene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para la imposición de nuevas sanciones contra su red farmacéutica.
El 23 de enero de 2020, Sandoval Ballesteros reveló que aquellas primeras sanciones de septiembre de 2019 se consideran faltas graves, por lo que los casos fueron remitidos al Tribunal para su resolución final:
“De hecho, siete líneas de investigación a algunas empresas vinculadas al exfuncionario público, en este caso exdelegado. Culminamos dos de estas investigaciones concernientes a contrataciones públicas y empresas vinculadas o posiblemente vinculadas al exdelegado con inhabilitaciones. (…) Inhabilitamos la empresa llamada Lomedic, y otra vinculada también, que es Laboratorios Solfran”.
(Lomedic) recibió una multa de más de un millón pesos y una inhabilitación por dos años y seis meses
Y aunó: “Sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este caso sería una falta administrativa grave y por lo tanto también tendría que sustanciar y resolver el Tribunal Electoral de Justicia Administrativa de acuerdo a lo que nos indica la aplicación de la Ley General de Responsabilidades (…). Entonces, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que en su momento resolverá”.
