La lavadora tapatía

El boom inmobiliario de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) de los últimos 10 años tiene una explicación: el lavado de dinero.

Pareciera que los dueños de algunos centros comerciales, edificios, fraccionamientos, agencias de carros lujosos, restaurantes, bares, mueblerías, gasolineras y salones de fiesta, han encontrado en el mercado tapatío el lugar perfecto para blanquear fondos.

Por lo menos dos familias jaliscienses tienen ya un historial conocido dentro del mundo del lavado de dinero, las propias autoridades estadounidenses lo han señalado, sin que en México sea motivo de investigación.

Las autoridades en Jalisco no han iniciado ninguna investigación sobre las inversiones del capo sinaloense Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, en Tlajomulco de Zúñiga. 

Tampoco han tomado en cuenta las investigaciones de la DEA en torno a la familia Sánchez Garza, dueños del restaurante Barbaresco y los bares, Lola Lolita y Lucrecia, en este último fue asesinado, en marzo, el jefe de meseros.

La semana pasada, Alejandro Sánchez Garza se declaró culpable de lavado de dinero. 

Su hermano Mauricio fue detenido por autoridades estadunidenses en 2011. En tanto que a Diego, hermano menor, se le sigue viendo en sus negocios y en revistas de sociales. Se codea con empresarios del ramo inmobiliario, incluso con el extinto secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez. 

En medios locales se tiene registro de que asistió a la presentación  de Greatlands, el proyecto texano Gallegos Álvarez. 

El secretario de Turismo tenía una red de empresas con un esquema similar al lavado de dinero, la cual aún opera en los mismos estados que los de los hermanos Sánchez Garza: Jalisco y Texas.

Pero ante tanta evidencia caben las dudas: ¿Por qué en México no se investiga el lavado de dinero?, ¿Por qué en Jalisco las inversiones derivadas del blanqueo de fondos se mantienen intactas? 

Largo historial

El pasado jueves 23 de mayo, el periódico estadunidense San Antonio News dio cuenta de la declaración que realizó el empresario tapatío Alejandro Sánchez Garza  ante tribunales, en la que reconoció haber lavado dinero proveniente de México.

Su hermano enfrentaba cargos similares por blanqueo de fondos de 5 millones de dólares desde el año 2010. Pero la DEA los tenía en la mira desde antes. 

Mientras en México los hermanos Sánchez Garza seguían invirtiendo en grandes negocios comerciales y de entretenimiento, en Texas operaban a través de 15 empresas, entre ellas, PonteVedra Apartments, nombre que coincide con el fraccionamiento Pontevedra de Zapopan, en la zona de Andares. 

En ese mismo sitio José de Jesús Sánchez Barba (padre de los detenidos) vendió en 2007 un terreno de más de 600 metros cuadrados al extitular del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) e insignia del despilfarro en los Juegos Panamericanos, el panista, Carlos Andrade Garín.

Pero además de los restaurantes y bares en Texas y Jalisco, los Sánchez Garza tienen un emporio de negocios redituables que les han permitido operar sin mayor problema. 

Entre ellos el lujoso salón de fiestas Hacienda la Benazuza, sobre la carretera a Colotlán en donde la alta sociedad tapatía ha celebrado pomposas bodas y graduaciones.

Otro de los negocios en los que estuvieron involucrados los Sánchez Garza es la Plaza Ciudadela, que se comenzó a construir en 2008. Desde el 2002 los nombres de los hermanos Mauricio y Alejandro Sánchez Garza aparecen en numerosas compra-ventas de los terrenos en donde se ubica la plaza.

Hasta el año 2006 se constituyó un fideicomiso entre el Centro Comercial Huehuetoca LLC –una de las empresas de responsabilidad limitada de los Sánchez Garza–  con el banco Deutsche Bank México y el constructor Ricardo Covarrubias Valenzuela.

A través de ese fideicomiso se compraron 109 mil metros cuadrados de terreno en 44 millones 722 mil 668 pesos.

Hoy Plaza Ciudadela enfrenta una crisis en sus locatarios. Las altas rentas sumadas a los malos tratos de los administradores han hecho que muchos abandonen sus negocios en el centro comercial. 

Algunos consultados refieren que hubo desajustes entre los socios del negocio, quienes incumplieron sus compromisos y no lograron atraer a las cadenas de negocios que proyectaron.

El mismo modelo aplicaron en el Centro Comercial Plaza Centro Sur, ubicada sobre avenida Periférico, en frente de la estación Colón del Tren Ligero.

Se tiene registro de que el Centro Comercial Huehuetoca, Covarrubias Valenzuela y la empresa Mall Centro Sur S.A de C.V.  fueron demandados por Víctor Manuel Tapia Venegas y la empresa Vicanela S.A de C.V. en un juicio civil que todavía sigue su curso.

El Centro Comercial Huehuetoca mantiene un estatus de inactividad. En los registros del gobierno de Estados Unidos aparece como “not in a good standing”.

En la mira de la DEA

A decir de las autoridades estadounidenses, los Sánchez Garza lograron operar sus negocios camuflados en sociedades de responsabilidad limitada y empresas mixtas; modelos de negocios de fácil apertura y disolución.

El historial familiar de la DEA destaca que el padre de los Sánchez Garza, José de Jesús Sánchez Barba lavaba dinero a Rafael Caro Quintero desde los años ochenta.

Una de su propiedades en Texas, ubicada en el barrio The Dominion, está valuada en 530 mil dólares; este fraccionamiento era sitio de vivienda de algunas celebridades locales.

Esa casa fue comprada al cantante Alejandro Fernández, al que la DEA califica como “un estrecho colaborador” de Mauricio, hermano mayor de los Sánchez Garza.

Una denuncia penal presentada en 2009 en una corte de San Antonio revela que Mauricio se reunió con gente de Joaquín “El Chapo” Guzmán para una operación en Acapulco. La transacción nunca fue concretada.

Las inversiones de los Sánchez Garza siempre rayaron en lo ilegal, señalan los diarios de Texas. 

Además del restaurante Barbaresco y la Enteca –ambos en Texas– los jóvenes intentaron la construcción del fraccionamiento de departamentos Babcok Road, en un terreno de 37 hectáreas.

En el año 2010, la DEA actuó en contra de Mauricio Sánchez Garza.

Poco después fue incautado el avión de la familia en donde viajaba su hermano Alejandro. 

Las autoridades estadounidenses aseguraron el vehículo y otras propiedades.

Pero según registros de la prensa local, la representante de Alejandro, la abogada Cynthia Orr, alegó en el juicio que los hermanaos estaban distanciados y que la familia había expulsado a Mauricio de las operaciones.

La versión contrasta con las declaraciones del propio Alejandro, quien se declaró culpable de lavar dinero.

Pero para la abogada Orr, la operación en contra de los Sánchez Garza tenía que ver con investigaciones antiguas que se vinculan con la muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena.

El oficial norteamericano fue asesinado en la década de los ochenta y de acuerdo a las  investigaciones, se señalaba a Rafael Caro Quintero como el culpable, y a José de Jesús Sánchez Barba, como su socio en operaciones de blanqueo.

Una red 
internacional

Las empresas de los jaliscienses cruzan las fronteras del pais.

Empresas Sánchez Garza en Texas

> Centro Comercial
   Huehuetoca, LLC

> Life Water Industries, LLC

> Cantina Latina Holdings

> Obb, LLC

> Tioga Drive Suites

> Canl, LLC 

> Pontevedra apartments

> Q&M LLC

> Macri, Inc

> FDA Fiber , Inc

> OFS Steak House

> Sagar Real State, LLC

> AGQ Full Service

> 10 Kings Health

> Harbar Bar LLC

Negocios Sánchez-Garza en Jalisco

> Barbaresco

> Bar Lucrecia

> Bar Lola Lolita

> Hacienda Benazuza

> Plaza Ciudadela

> Plaza Centro Sur

Gallegos: lavado y construcción

Desde su asesinato el pasado 9 de marzo,  a menos de 10 días de haber tomado posesión como secretario de Turismo de Jalisco, poco se ha revelado respecto de sus relaciones comerciales que, según la autoridad jalisciense, motivaron la muerte de Jesús Gallegos Álvarez.

Declaraciones del fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera, apuntan a que el secretario formaba parte de una red de lavado de dinero del crimen organizado y fue asesinado por un grupo contrario.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) presentó a cuatro de los presuntos asesinos materiales del secretario abatido en la zona de Colinas de San Javier. Los acusados refirieron ser parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Pero las declaraciones del fiscal dejaron dudas sobre por qué un personaje como Gallegos Álvarez logró ser parte del gabinete del actual gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

La fortuna de Gallegos Álvarez era valuada en miles de millones de dólares. Reporte Indigo dio a conocer la red de negocios inmobiliarios y turísticos que el exfuncionario tejió en los últimos 10 años.Constituyó con la ayuda de prestanombres y familiares 18 empresas constructoras e inmobiliarias en Estados Unidos, específicamente en Texas.

Entre sus inversiones está el proyecto Greatlands, un lujoso fraccionamiento privado en el condado de Montgomery. 

Ahí se encontraba su residencia, en un terreno de más de 40 mil metros cuadrados. La mansión estaba rodeada de un lago artificial y un bosque. Valuada en 1.2 millones de dólares.

Las transacciones económicas de las empresas de Gallegos Álvarez en Estados Unidos –de las cuales se tiene registro– emulan el modelo de negocio propio del lavado de dinero. En Jalisco, el exfuncionario construyó 13 torres de vivienda en Guadalajara en la colonia Providencia y Lafayette y en Zapopan en la zona del centro comercial Andares. 

En el caso de Guadalajara las torres se construyeron aún cuando lo impedían los ordenamientos urbanos. 

Pero eso no limitó la comercialización de sus inmuebles.

De hecho en uno de sus edificios de Zapopan, la Torre de Hierro, se tiene registro de que vive el líder obrero, Alfredo Barba Hernández. 

Los costos de cada una de las dos propiedades superan los 6 millones de pesos. 

Gallegos Álvarez huyó de Jalisco por motivos de seguridad hace seis años, informó la autoridad el día de su muerte. 

El exsecretario formaba parte del Grupo Antisecuestro 22 de Abril, una organización de empresarios que contrataban a escoltas de otras nacionalidades para su seguridad.

Pero pese a que todo parece indicar que el motivo de su asesinato fue su participación en el blanqueo de fondos del crimen organizado, en Jalisco pareciera que no hay investigación al respecto.

Imperio azul

Grupo Cinjab y Grupo Impergoza son dos de las empresas de la familia del capo sinaolense Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”.

Ambas empresas operan centros comerciales y fraccionamientos como Provenza Residencial en Tlajomulco de Zúñiga y la plaza comercial Provenza Center.

Los accionistas de Grupo Cinjab –constituido en julio de 2008- son Cristian Iván, Brenda Guadalupe, Juan Ignacio y Nadia Patricia Esparragoza Gastelum, todos hijos del capo.

Grupo Cinjab fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero.

Lo mismo que la empresa Grupo Impergoza, cuyo apoderado legal es Juvencio Ignacio González Parada.

En las actas constitutivas de las empresas aparece el nombre de Jorge Enrique Esquerra Esquer y Julio César Estrada Gutiérrez.

Ambos personajes colaboran en Grupo Cinjab y Grupo Imperagoza a través de otras tres empresas gasolineras, según información del Departamento del Tesoro. 

Pero los negocios de los hijos del capo también abarcan el sector constructor y de eventos.

Socialika Rentas y Catering S.A. de C.V., empresa de eventos registrada en Cancún es operada por Brenda Guadalupe Esparragoza Gastelum, hija de “El Azul”.

Mientras que Urbanizadora Nueva Italia S.A. de C.V., ubicada en Zapopan, está registrada a nombre de Juvencio Ignacio González Parada.

Otro prestanombres de la familia Esparragoza es Carlos Alberto León Santiesteban; a su nombre operan algunas estaciones de servicio entre otras:

Canarias, S.A. de C.V., Gasodiesel y Servicios Ancona, S.A. de C.V., Gasolinera Alamos Country, S.A. de C.V., Gasolinera y Servicios Villabonita, S.A. de C.V., Petrobarrancos, S.A. de C.V.;  y Servicios Chulavista, S.A. de C.V.