[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_pdt862sp” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] La estrategia federal que arrancó en 2016 para reducir los asesinatos en los 50 municipios más violentos del país ha sido para el Gobierno de Jalisco una lucha ciega, en la cual participa sin tener acceso a los objetivos que están identificados por las fuerzas federales para su captura.
En el documento “Estrategia Integral de Atención Prioritaria a Municipios que concentran el mayor número de Homicidios Dolosos” de 2016, se indica que “el propósito de las operaciones interinstitucionales es detener los objetivos generadores de violencia, con base en la coordinación de los tres órdenes de gobierno sin sustituir las actividades que realizan las fuerzas de seguridad pública local”.
Sin embargo, un informe de la Fiscalía General de Jalisco obtenido en enero pasado con el recurso 205/2017 revela que las autoridades federales nunca han compartido con el Gobierno local esos objetivos a neutralizar, pues se le limita al “acompañamiento” de los grupos llamados Fuerzas de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), antes Bases de Operaciones Mixtas (BOM).
El oficio FGE CSPE/7354/F-11194/2017 del comisionado de Seguridad Pública de Jalisco, Raúl Velázquez Ruíz, emitido en respuesta a una solicitud de información sobre las acciones específicas implementadas en el estado con esa estrategia federal, reveló lo siguiente:
“No se localizó antecedente alguno, en razón de que las acciones y estrategias son conducidas de manera sigilosa y directa por la autoridad federal, siendo estos los únicos que deciden los objetivos a realizar y la coordinación del operativo, ya que ellos directamente son los organizadores de dichos operativos y coordinadores del mando de dichos operativos, motivo por el cual este sujeto obligado solo participa como apoyo en la aplicación de los objetivos”.
El informe de la Fiscalía también revela la mecánica de esa estrategia, una en la que la autoridad estatal desempeña, en realidad, un papel muy secundario, sin que se le comparta el sentido de los operativos sino hasta que están ya en marcha, por lo que no participa de su planeación ni de sus datos de inteligencia.
“Una vez decidido por dicha autoridad federal (el objetivo del operativo), este sujeto obligado, en el momento de integrar el grupo de operativos, acompañamos a la autoridad federal a realizar las acciones operativas que este decida, y que de manera reiterada se informa que este sujeto obligado no tiene conocimiento, puesto que únicamente participa en los operativos implementados por la autoridad federal, y cuyo objetivo solo son informados en el momento del operativo a realizar, por lo que se reitera que este sujeto obligado no genera, ni posee la información”, se lee en el informe.
La intervención de los 50 municipios más violentos del país fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 30 de agosto de 2016, aunque hoy no está clara su continuidad luego de que en enero pasado el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, anunciara un nuevo operativo ahora centrado en ejecutar órdenes de aprehensión pendientes.
Estrategia opaca
La estrategia para los 50 municipios más violentos prioriza la coordinación del Gobierno federal con las instancias locales, sin embargo, al menos en Jalisco la interacción sigue estando marcada por la lejanía y la desconfianza.
El documento de la Estrategia dice: “como parte de la coordinación interinstitucional, se han establecido mesas de trabajo y coordinación en cada entidad federativa, las cuales cuentan con la participación de los delegados federales y funcionarios de todas las dependencias involucradas y un Coordinador General en cada una de las 20 entidades federativas en donde se ubican los 50 municipios de atención prioritaria, a cargo de las fuerzas federales”.
Las 5 entidades de Guadalajara donde intervino el Gobierno Federal se volvieron más violentas y hubo un incremento de los homicidios dolosos
El mismo informe de la Fiscalía refleja que todo lo que pudo abordarse en esas mesas de trabajo, si es que realmente se dieron, nunca se les compartió a las instancias locales de forma documental, por lo que estas no poseen ningún acta de sus encuentros con los mandos federales.
“Por tratarse de una estrategia operativa implementada por la autoridad federal, a cargo del comisionado Nacional de Seguridad y coordinada operativamente por la Sedena, y que por el sigilo de la misma, no se hace llegar documentación a los que participan en los multicitados operativos”.
Y reconoce: “por lo que no obstante que dicha estrategia también es materializada por personal de esta Fiscalía General de Jalisco, no se da a acceso ni se comparte por parte de las autoridades federales la información materia de la presente acta de inexistencia”.
A la alza
Violencia en los cinco municipios intervenidos en Jalisco *
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* Incluye a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco
Sin resultados
Con autoridades locales que nunca han sabido a ciencia cierta cuáles son los objetivos generadores de violencia que se pretenden detener o neutralizar con la estrategia de los 50 municipios más violentos no sorprenden los nulos resultados que tiene Jalisco.
Los municipios integrados a la estrategia fueron Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Antes de esa operación en la entidad sólo había un par de la Base de Operaciones Mixtas: una en Lagos de Moreno -del 22 de marzo al 16 de julio de 2016-, y otra en Puerto Vallarta -del 21 de agosto al 12 de septiembre de 2016-.
Ya con ese despliegue activo las BOM fueron renombradas como FRIM y crecieron a cinco, una para cada uno de los municipios atendidos por su violencia. Sin embargo, al comparar los años 2016 y 2017, la conclusión es que estas cinco demarcaciones se volvieron, de hecho, mucho más violentas con la intervención interinstitucional.
En el 2016 se cometieron en sus territorios 682 asesinatos, mientras que para el 2017 la cifra de homicidios dolosos se elevó a 925, un 36 por ciento más de muertes.
Y no solo eso. Esos cinco municipios también empeoraron al concentrar la mayor parte de toda la sangre derramada en Jalisco, pues si en 2016 fueron el escenario del 59 por ciento de todos los asesinatos del estado -mil 153-, para el 2017 alojaron el 67 por ciento de la incidencia estatal -mil 369-.
