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El gobierno de Enrique Peña Nieto está a punto de romper el récord de endeudamiento que registró su antecesor, Felipe Calderón
Desde hace 20 años se abrió la llave para la contratación desmedida de deuda, pero la memoria histórica le falla un poco a las autoridades.
Porque cuando la revista LatinFinance anunció que había otorgado al gobierno mexicano el reconocimiento como el “Mejor Emisor Soberano del 2013”, las campanas se echaron al vuelo.
Sin embargo, las cifras reales solo demuestran que el asunto de la deuda no es un problema superado, aunque, en su momento, los expresidentes Carlos Salinas y Vicente Fox se hayan afanado en afirmar lo contrario.
Cifras de la propia Secretaría de Hacienda (SHCP) revelan que hasta noviembre del año pasado el saldo de la deuda del sector público (interna y externa) rebasó los 5 billones 695 mil millones de pesos.
Es decir, un incremento de 343 mil millones de dólares respecto a igual lapso del 2012.
Hoy, el gobierno de Enrique Peña Nieto está a punto de romper el récord de endeudamiento que registró su antecesor, Felipe Calderón.
Según la propia dependencia, los problemas de endeudamiento se resolvieron ya, solo que olvidó que la amortización de los pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluye dentro de 28 años.
La deuda crece, pero no así el empleo, el salario o el Producto Interno Bruto (PIB).
El círculo vicioso no para. El gobierno se endeuda para pagar los intereses de los débitos contratados con anterioridad, sin que ello se refleje en la economía y los bolsillos de los mexicanos.
Pero la SHCP insiste en que la deuda pública es “totalmente administrable” y que el riesgo “se desvanece”, porque es débito de mediano y largo plazos.
Lo que no dice -porque ya no le tocará a los funcionarios que hoy están al frente- es que se está hipotecando el futuro de las próximas tres generaciones que deberán pagar, en 30 años, los bonos emitidos por este gobierno –5 billones de pesos- y que vencen en 2045.
Los pasivos de Calderón
Solo en el sexenio de Felipe Calderón la deuda pública se incrementó 141 por ciento al pasar de 2.22 billones de pesos en 2006 a 5.35 billones en 2012.
Es decir, tuvo un crecimiento anual promedio de 20 por ciento, mientras la economía avanzaba a una tasa de apenas 1.8 por ciento.
No hay que ser tan desmemoriado para recordar que por aquellos ayeres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya documentaba que 70 por ciento de la nueva deuda contratada por el gobierno se destinó a pagar intereses.
Durante su gobierno, de cada peso de endeudamiento contratado, 70 centavos se destinaron a pago de intereses.
Con bombo y platillo
Como si fuera la ceremonia del Oscar, la noticia de que la revista LatinFinance otorgó al gobierno mexicano los reconocimientos como el “Mejor Emisor Soberano del 2013” y “Mejor Transacción de Manejo de Pasivos del 2013”, corrió como pólvora.
Las autoridades sacaron raja del evento y lo difundieron, con bombo y platillo, por todos lados para consolidar la premisa de que México es hoy “la mejor opción”.
La transacción por la que se nominó al país, fue la que realizó en el mercado de euros en abril del año pasado. Ahí, colocó mil 600 millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2023.
En pocas palabras, un endeudamiento que habremos de pagar todos los mexicanos en los próximos nueve años.
Pero no solo eso, también se refinanciaron parte de los bonos en euros emitidos por el gobierno con vencimientos en el 2013, 2015, 2017 y 2020.
Además de esta colocación, el gobierno llevó a cabo la reapertura del Bono Global en dólares con vencimiento en 2044, consiguiendo el costo de financiamiento más bajo en la historia para dicho plazo.
En julio, realizó la colocación de bonos sin garantía en el mercado japonés con la emisión de Bonos Samurai a plazos de 3, 5 y 6 años.
¿Qué dice la ley?
El artículo 73 de la Constitución (fracción VIII) establece:
“Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República”
Pero ninguno de estos supuestos se ha registrado en las últimas dos décadas.
