La Contraloría del Estado de Zacatecas permitió que el Gobernador priista, Miguel Alonso Reyes, remodelara la casa que habita con un monto de 16.1 millones de pesos a pesar de que se violaron tres ordenamientos estatales.
El órgano supuestamente autónomo realizó una auditoría de la obra, pero no tomó en cuenta que la Ley de Obra Pública y la Ley de Transparencia son explícitas en los requerimientos que se deben de cumplir si se hace una adjudicación directa, como fue el caso.
También se incumplieron las exigencias del Presupuesto de Egresos.
Para el caso de las adjudicaciones directas en el Presupuesto de Egresos 2012, en el artículo 48, se estableció como tope máximo para dar obra en adjudicación directa, un millón 200 mil pesos.
Superando esa cifra, el presupuesto aprobado por el Congreso de Estado establece que se debió haber hecho una licitación pública –que no se ha hecho aún- y cuando desde el inició el presupuesto para la remodelación de la Casa Bellagio fue de 11 millones 900 mil pesos.
Monto que creció, según las cifras otorgadas por el propio gobierno de Estado, a 16.1 millones de pesos. Y es que se asegura que la recámara principal fue hecha como réplica exacta de la suite presidencial de hotel Bellagio de Las Vegas.
El artículo 43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Zacatecas establece que en caso de que una dependencia haga por adjudicación directa una obra, ésta debe de ser publicitada para conocimiento de todos los ciudadanos.
“Las dependencias pondrán a disposición pública, a través de los medios de comunicación electrónica que establezcan, la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de licitaciones y en su caso modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de estas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean por licitación, invitación restringida o adjudicación directa de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información del Estado de Zacatecas”, dice el citado artículo.
Sin embargo, el Gobierno de Zacatecas argumenta que por cuestiones de “seguridad”, se le entregó a la empresa Desarrolladora Metro sin que se hiciera una licitación.
Las irregularidades
Constructores consultados coincidieron en que se pudo haber hecho la licitación para conseguir mejor precio y luego hacer un convenio de confidencialidad de las características de seguridad de la obra.
El artículo 11 de la Ley estatal en materia de transparencia establece que toda licitación o adjudicación directa debe ser hecha pública con todos los detalles de la inversión.
En ningún momento se menciona como excepción el argumento esgrimido por la Secretaría de Obras Públicas de que por motivos de seguridad del Gobernador la decisión fue no dar a conocer la información y hacer adjudicación directa.
El artículo es claro al ennumerar que los sujetos obligados deberán difundir de oficio, de forma completa y actualizada, a través de medios electrónicos, la siguiente información de carácter general: las convocatorias y procedimientos relativos a licitaciones, adjudicaciones directas incluyendo los documentos resultados de tales procesos.
Esta irregularidad debió haber sido detectada desde el principio por la Secretaría de Obras Públicas, dependencia encargada de cuidar la contratación adecuada de las constructoras en todos los contratos estatales.
Además la Contraloríaordenó que se realizará una inspección total de la remodelación y debió haber detectado esta falta al ordenamiento estatal y emitido las observaciones y sanciones que se ameritan.
Sin embargo la obra se terminó sin que se diera a conocer que se había realizado y mucho menos poniendo en el portal de transparencia del gobierno del Estado el desglose de gastos.
En el oficio CIGE/DFSOP/0015/2012, con fecha del 24 de enero del 2012, se le informa al Secretario de Obras Públicas Luís Alfonso Peschard Bustamante que la remodelación de la Casa de Gobierno será una de las nueve auditorías a diferentes obras hechas por su dependencia.
En un segundo oficio, el CIGE/DFSOP/0016/2012, con la misma fecha, se le requiere al titular de Obras Públicas información y documentación sobre la remodelación de la Casa Bellagio e incluso se le advierte que de no entregar lo solicitado se le aplicará las sanciones correspondientes.
Ambos documentos están firmados por el Contralor estatal Guillermo Huizar Carranza, quien hasta ahora, desde que se dio a conocer la remodelación, no ha dicho nada.