La ONU pide eliminar arraigo

A pocos días de que finalice el sexenio, surge un informe demoledor para el Estado mexicano. 

El viernes pasado, la ONU recomendó a las autoridades la aprobación de una ley general sobre las desapariciones forzadas y eliminar la figura del arraigo.

Ésta es la principal recomendación del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) que se mostró “preocupado por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes estatales, en Estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”.

A este respecto, aconsejó velar para que este delito sea tipificado y sancionado en los diversos territorios de la República, según lo establece la norma internacional en la materia.

Los casos de desapariciones forzadas, indica el reporte, deben ser “investigados de forma pronta, exhaustiva y eficaz; así como castigar a los culpables con sanciones adecuadas a la gravedad de los delitos”.

No solo eso. El informe presentado en Ginebra, Suiza destaca la preocupación de que el arraigo siga teniendo rango constitucional. Un hecho contrario a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De este modo, el CAT “reitera su recomendación de que el Estado elimine la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como estatal”.

Naciones Unidas urge también la modificación del Código de Justicia Militar y adecuarlo a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con esto se pretende excluir la competencia de la jurisdicción militar cuando se juzguen casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los que estén involucrados militares.

La urgencia de esta recomendación atiende al “alarmante aumento” del uso de la tortura en los interrogatorios de personas detenidas arbitrariamente por las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de seguridad del Estado, durante las operaciones conjuntas contra el crimen organizado.

Entre otros temas, el CAT también insta a asegurar las disposiciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de los defensores de derechos humanos y periodistas, sometidos a intimidación y violencia durante su ejercicio profesional.