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"Vale la pena que las autoridades hagan una revisión a las empresas grandes, de todo tipo, de transporte, que –sin prejuzgar- nos hemos dado cuenta de que algunas de ellas están implicadas de manera muy comprometida con la compra de hidrocarburos de forma ilegal"
“Pemex no es un ministerio público; Pemex no consigna delincuentes, lo que sí puede hacer Pemex es denunciar y coadyuvar con las autoridades. Tenemos una fuerza de seguridad física, pero no somos autoridad”
Una de las alternativas que ha utilizado Pemex es el uso de pipas para evitar que el combustible viaje en ductos
En México, cada dos horas se perfora un ducto para sacar combustible de forma ilegal.
El robo de hidrocarburos ha crecido de forma alarmante en el país. Tanto, que se ha convertido en uno de los factores por el que algunas entidades presentan desabasto de gasolina.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, reveló que este delito aumenta exponencialmente año con año.
La falta de combustible en al menos nueve entidades, en semanas recientes, puso en jaque la actividad económica de muchas empresas y de comunidades en general.
Las pérdidas para el país por el robo de combustible son multimillonarias.
En el 2014, se calcula que el hurto ascendió a 19 mil millones de pesos, un 4.4 por ciento de las ventas totales de las gasolinas Magna y Premium.
El estudio del Senado detalló que en los primeros tres meses del año, en México se registraron mil 211 perforaciones ilegales para el robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual significó 57.8 por ciento más que el mismo periodo de 2014, en donde la “ordeña” de hidrocarburos fue de 767 ataques a esta red de suministro.
Aunado a esto, el sector enfrenta una baja en la producción de crudo; México ya no produce la misma cantidad de petróleo que hace unos años.
El aumento en las penas para castigar esta actividad ilícita no ha rendido frutos.
Aunque el 2011 se aprobaron sanciones que alcanzarían hasta los 18 años de prisión por extraer o vender combustibles de forma ilícita, poco fue el efecto que tuvo sobre los delincuentes.
Por si fuera poco, Pemex está atado de manos para combatir eficazmente este flagelo, pues sus técnicos y personal operativo no pueden actuar como cuerpo policiacos y aprehender a los delincuentes.
Sumado a esto, en el Congreso de la Unión se encuentran empantanadas reformas legales encaminadas a catalogar el robo de combustibles como delito grave, para que no se alcance fianza y evadir así la prisión, y aumentar las penas hasta a 60 años.
Daños colaterales para Pemex
La forma más conocida en que los delincuentes roban combustible es a través de la llamada “ordeña”. Ésta, consiste en abrir un ducto de transportación de hidrocarburos e instalar ahí una válvula de paso para desviar la gasolina, el gas, el petróleo o cualquier otro combustible, hacia los contenedores con que cuentan los delincuentes, que luego comercializan.
“La distancia entre cada toma clandestina es de 3.5 kilómetros a lo largo de aproximadamente 14 mil kilómetros de la red de tubos de Pemex Refinación”, señala el reporte del Senado, lo que da una idea de la magnitud del hurto.
Otra forma de robar hidrocarburos consiste en manipular directamente las pipas en las que se transporta.
Los bandidos pueden alterar un flotador, conocido como “Nice”; con un alambre sostienen el flotador que se ubica en la parte alta de la pipa para que marque más litros de los que están dentro de ella. Otra forma es manipular las válvulas por donde se inyecta el combustible a la pipa, para que tengan mayor tolerancia al flujo del líquido y se registren menos litros –o más litros, según sea el caso- de los que realmente se entregan. La otra manera en que se puede robar el combustible en las pipas es a través de los llamados “rompeolas”, una especie de trabes que se colocan dentro del tanque de la pipa y permiten almacenar entre 150 y 200 litros de combustible que luego son comercializados en el mercado ilegal. Como sea que se robe el combustible, el común denominador es que se trata de un delito cuyo crecimiento ha sido exponencial en los años recientes.
A partir del 2011, la aparición de tomas clandestinas se volvió grave. Ese año, se duplicó respecto al 2010.
“Si a ello se le agregan la sustracción ilegal de combustible en refinerías, terminales de almacenamiento y reparto, terminales marítimas y residencias de operaciones portuarias, resulta que las pérdidas estimadas para Pemex por distintas fuentes fueron superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía (3 mil 294 millones de pesos)”, expone el análisis del Senado.
En el 2013 se registraron un total de 2 mil 627 tomas clandestinas; para el 2014, la cifra alcanzó el récord de 4 mil 127, lo que representa un robo de alrededor 19 mil millones de pesos.
Esto representa un crecimiento del 500 por ciento entre el 2010 y el 2014. Al desfalco que representa el robo de combustible en sí, Pemex debe sumar el costo de reparar una toma. El precio por esta actividad oscila entre los 120 mil y los 250 mil pesos.
Además, en lo que se realiza la reparación, que suelen ser 24 horas, el suministro de hidrocarburos se interrumpe en los centros de consumo cercanos.
En el 2014, Pemex invirtió 45.3 millones de pesos en mano de obra para las reparaciones. Los expertos piensan que este año se alcanzará una cifra mucho mayor. Tan solo en el primer trimestre del 2015, se registraron mil 211 perforaciones ilegales en la red de ductos, un 57 por ciento más de las que se habían registrado en el mismo periodo del 2014.
Una de las alternativas que ha utilizado Pemex es el uso de pipas para evitar que el combustible viaje en ductos.
Sin embargo, esta es una operación compleja para la empresa.
Por cada mil barriles de distribución, se deben usar 12 pipas. Se calcula que ciudades pequeñas utilizan entre 30 mil y 40 mil barriles diarios. Se requerirían 480 autotanques solo para llenar esa demanda.
Las medidas, insuficientes
Para combatir estos robos, desde hace varios años han creado grupos interinstitucionales, grupos de trabajo y se han creado unidades especiales de la Policía Federal, el Ejército, la Marina, la Procuraduría General de la República, el Cisen y la Secretaría de Gobernación.
Se han instrumentado programas de seguridad y vigilancia en los ductos, se ha utilizado “alta tecnología” para impedir que se robe el combustible; nada ha sido suficiente.
Apenas ayer, Ejército Mexicano detuvo al director general de la Policía Estatal Preventiva de Puebla, Marco Antonio Estrada López, y al jefe del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), Tomás Mendoza Lozano, por estar presuntamente inmiscuidos en el delito de robo de combustible a Pemex.
En un comunicado, se detalló que los militares de la región de Tepeaca detuvieron en flagrancia a una persona por robo de hidrocarburo.
El presunto delincuente declaró que Estrada López y Mendoza Lozano entregaron a la PGR con la mitad del combustible robado y el resto se lo quedaron. La administración del panista Rafael Moreno Valle informó que ambos funcionarios fueron separados de sus cargos mientras se realizaban las indagatorias.
“Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del caso, la Procuraduría General de Justicia de Puebla (PGJ) ha estado en comunicación y compartiendo información entre áreas de inteligencia de la PGJ Puebla y de la delegación de la PGR, para deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó en un comunicado.
Desde el 2006 a la fecha, se han detectado un total de 11 mil 919 tomas clandestinas y se ha detenido a 3 mil 803 personas en el país. Sin embargo, solo el 39 por ciento de ellas, mil 484, se encuentran en prisión.
Emilio Lozoya, director general de Pemex, expuso en una comparecencia ante diputados, en septiembre del 2014, que la empresa se encuentra atada de manos porque solo puede prevenir y remediar los hechos provocados por los delincuentes, pero no puede tomar acciones directas contra quienes cometen ese delito.
“Pemex no es un ministerio público; Pemex no consigna delincuentes, lo que sí puede hacer Pemex es denunciar y coadyuvar con las autoridades. Tenemos una fuerza de seguridad física, pero no somos autoridad”, comentó Lozoya a los diputados.
El director de la empresa comentó que los ductos más afectados por el robo de combustibles son los ubicados en Salamanca, Guanajuato; Cadereyta, Nuevo León; y Ciudad Madero, Tamaulipas.
En meses pasados, tanto diputados como senadores impulsaron sus propias leyes para combatir el robo de combustibles.
En el Senado, se aprobó una Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos contra el Patrimonio Nacional en materia de Hidrocarburos, en la que se establecían sanciones de 35 a 40 años de prisión por la ordeña de ductos, barcos y depósitos.
También se proponía castigar a los dueños de gasolineras que alteren sus sistemas de medición con hasta 18 años de cárcel y la pérdida de la concesión.
La Ley preveía sanciones a “actos de sabotaje” que van de 40 a 60 años de prisión por considerarlos actos de terrorismo.
En todos los casos, la Ley establece que este delito es grave y parte de la delincuencia organizada, por lo que quienes sean acusados de él, no alcanzarán libertad bajo fianza.
En tanto, en la Cámara de Diputados se aprobó otra Ley que proponía cambios al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para tipificar como graves la comisión de todos estos delitos, así como otras medidas.
Sin embargo, aunque cada Ley fue aprobada en su cámara de origen, la cámara revisora decidió no dar su voto aprobatorio por una cuestión de procedimiento legislativo.
Los legisladores argumentaron que para poder hacer una ley secundaria en la materia, primero el Congreso de la Unión debe modificar la Constitución Política para otorgarse facultades de legislar en ese tema.
Al no hacerse el cambio constitucional, la ley carecería de validez y podría prestarse a que, quienes sean detenidos bajo esa legislación, se amparen en que fue creada de forma incorrecta.
El periodo de sesiones concluyó el 30 de abril pasado y los diputados y senadores no pudieron ponerse de acuerdo en el procedimiento para sacar alguna de esas dos leyes o crear una conjunta con el respaldo de ambas Cámaras.
La clave: investigar a los compradores
Arturo Zamora, senador del PRI por Jalisco y uno de los principales impulsores del combate al robo de hidrocarburos, es enfático al plantear una posible solución: hay que perseguir a quien compra los combustibles robados.
Promotor de una serie de reformas legales para endurecer los castigos contra quienes hurtan hidrocarburos, Zamora señaló que lo más importante es acompañar a Pemex y a las autoridades de seguridad para llegar hasta el fondo de las investigaciones y castigar no solo a quien comete el robo, sino a quien se beneficia de él.
“Está claro que para haya robo de hidrocarburos, tiene que haber quién lo compre. Queda claro que si no hubiera quien comprara combustible robado, no habría ningún interés de robarlo.
“Por lo tanto, vale la pena que las autoridades hagan una revisión a las empresas grandes, de todo tipo, de transporte, que –sin prejuzgar- nos hemos dado cuenta de que algunas de ellas están implicadas de manera muy comprometida con la compra de hidrocarburos de forma ilegal”, expuso Zamora en entrevista.
El congresista destacó que Pemex debe tener más control en las estaciones de servicio, para que se comparen los datos de cuánto combustible entra a las estaciones y cuánto es vendido a los consumidores en las islas expendedoras.
“Yo creo que gran parte del problema, y por eso fue que identificamos la compra de combustible robado como delito grave, gran parte de esto creo que tiene que ser que los procesos de investigación se extiendan a los compradores del combustible que lo adquieren, conscientes de que es producto de un robo, y así se convierten en cómplices de este delito y en un motor que dinamiza que este delito se siga cometiendo”, comentó.
En septiembre pasado, la PGR dio a conocer que los detenidos de una banda dedicada al robo de combustible declararon que los hidrocarburos eran vendidos a un precio menor del comercial, y era adquirido por empresas papeleras, fundidoras de metal, tequileras, entre otras, en estados como Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato.
Además de investigar directamente a los consumidores, las autoridades deben investigar también dónde se encuentran los lugares de almacenamiento y hacer operativos en las carreteras para buscar vehículos que transporten el combustible robado.
“Yo creo que ya no es un tema de leyes. Porque incluso las cosas no cambian por decreto. Creo que es importante aquí activar una estrategia apoyándose en las leyes existentes”, afirmó el parlamentario.
El senador insistió en que las autoridades deben llevar estos casos hasta las últimas consecuencias y aplicar sanciones ejemplares para evitar que este crimen siga creciendo de forma exponencial.
