La peor Legislatura
El desprestigio del Poder Legislativo es tan grande como el presupuesto que ejercieron los 39 diputados en la 59 Legislatura, que será recordada como la peor de los último años.
Y es que los casi mil 529 millones de pesos ejercidos en los últimos tres años fueron apenas suficientes para la elaboración de 214 iniciativas de Ley; menos del 40 por ciento fueron aprobadas, según información de las fracciones legislativas.
Paloma RoblesDe principio a fin la 59 Legislatura protagonizó escándalos como la destitución del auditor, el manejo discrecional de la nómina y el aumento de la deuda
Roberto Marrufo invitó a asumir con responsabilidad “los desaciertos, los abusos, las omisiones y tropelías que llevó a cabo cada quien”
"Fueron problemas que nos explotaron en las manos (…) creo que son inmerecidos los calificativos porque se opaca el trabajo realizado”
El desprestigio del Poder Legislativo es tan grande como el presupuesto que ejercieron los 39 diputados en la 59 Legislatura, que será recordada como la peor de los último años.
Y es que los casi mil 529 millones de pesos ejercidos en los últimos tres años fueron apenas suficientes para la elaboración de 214 iniciativas de Ley; menos del 40 por ciento fueron aprobadas, según información de las fracciones legislativas.
Los recursos del Legislativo fueron insuficientes para legislar, mucho menos para administrar con claridad o para ponerse de acuerdo en aspecto de formas; los escándalos fueron el pan de cada día.
En entrevista con Reporte Indigo, los cuatro coordinadores de las fracciones salientes, Roberto Marrufo del PRI, Enrique Aubry del PVEM, José Antonio de la Torre del PAN y Raúl Vargas del PRD, reconocen que la culpa del desaseo del Congreso fue de todos pero sobre todo de sus antecesores.
Nadie asume con claridad qué sucedió y sobre todo cómo se puede sanear.
Eso se lo dejarán a la siguiente Legislatura.
El coordinador de los priistas, Roberto Marrufo, refirió en entrevista escrita, que el Congreso saliente se caracterizo por “la falta de institucionalidad” y eso trajo rezago legislativo.
“La inercia de buscar culpables para sacar provecho político, en lugar de pensar en el trabajo conjunto, provocó en ocasiones que las reformas legislativas se retrasaran, se manosearan las propuestas y se comprometieran los dictámenes”.
Considera que es necesario que todos reflexionen “en lo individual” y así “asumir con responsabilidad los desaciertos, los abusos, las omisiones o las tropelías que llevó a cabo cada quien”.
El mea culpa del priista fue a más y señaló que iniciativas presentadas por todos los diputados “insulsas” y que hubo “sabotaje político institucional en los nombramientos de servidores públicos” así como en “el saqueo disfrazado de contratación, de compra, de apoyo o de gestión social”.
A la pregunta de quién es el responsable, el legislador ironiza:
“No puedo contestarte como lo haría Lope de Vega: ‘fuente ovejuna señor’. Aquí hay responsabilidades concretas y las instancias competentes habrán de determinar la responsabilidad de cada actor”; en su contestación no menciona nombres.
Las palabras del ex coordinador del Partido Verde, Enrique Aubry –hoy diputado federal- son similares a las de Marrufo.
Para él las cosas importantes que realizó la Legislatura saliente quedaron enterradas en los escándalos en los que estuvo envuelta la administración del Congreso.
Entrevistado vía correo electrónico, el legislador insistió en que la 58 Legislatura dejó una herencia muy pesada.
“Fueron problemas que nos explotaron en las manos, y el precio se pagó por esta última Legislatura, creo que son inmerecidos los calificativos porque se opaca el trabajo realizado”.
Por su parte, de lado de los panistas, José Antonio de la Torre, asume una posición cómoda y refiere que el problema fue de quien controló la mayoría, “el PRI, en alianza con el Partido Verde y el PRD”.
“El manejo de la nómina, de la Secretaría General, control presupuestal y los servicios generales le corresponden al PRI (…) El tema administrativo no le correspondió a Acción Nacional”, insiste.
El panista se escuda diciendo que hubo buenos resultados en materia legislativa y que su fracción fue austera:
“El grupo parlamentario no salió de viaje, no hay celulares, vehículos ni privilegio como era característico. No hubo remodelaciones de baños, adquisiciones de vehículos. Bueno, ni garrafones había”.
Pero dos años y ocho meses de legisladores y ninguno de los coordinadores tiene respuestas claras sobre qué se debe hacer en la siguiente legislatura.
Raúl Vargas diputado del PRD y presidente de la comisión de Administración se negó a hacer recomendaciones a los siguientes legisladores.
Reconoció también que la percepción negativa de la sociedad hacía el congreso se agudizó. Pero en parte –a su dicho- fue por que los legisladores no supieron explicar los problemas que se tenían.
“Cuando nosotros arrancamos teníamos a 200 trabajadores de más que no estaban presupuestados; nosotros si lo hicimos bien o mal, sabemos que todos los que entraron con nosotros se van”, señala.
Cuestionado por las últimas 49 basificaciones Vargas señala que esas se hicieron desde el área de recursos humanos “yo no tuve nada que ver”.
Para Vargas López, el Congreso nunca perdió identidad frente a otros poderes, aún cuando la relación con el gobernador del Estado fue “complicada” y eso orilló a negociar.
En algunos casos se optó por buscar la ampliación del presupuesto a cambio de Leyes, como sucedió con la Ley de Información Pública de Jalisco.
En ese tema, los cuatro legisladores niegan que haya existido esa transacción entre el Legislativo y el Ejecutivo.
El auditor incómodo
El caso de Alonso Godoy Pelayo, el auditor Superior del Estado fue uno de los asuntos que más revuelo causaron en la Legislatura saliente.
Los manejos discrecionales de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) de las cuentas públicas a favor de ciertos grupos y políticos hicieron de Godoy Pelayo un poderoso administrador de impunidad.
Al inicio de la Legislatura se dieron a conocer pagos de hasta nueve millones de pesos que el auditor recibió bajo el pretexto del cobro de vacaciones no tomadas de la Legislatura pasada.
También se descubrieron contratos en favor de familiares suyos. La propia Universidad de Guadalajara –ente auditado por al ASEJ- adjudicó terrenos a favor de la Auditoría
El proceso de destitución del auditor quedó entrampado en los intereses de las fracciones partidistas.
El PRI jugó una doble agenda en la destitución del auditor.
Al inicio de la Legislatura se pronunció a favor de su salida. Pero al momento de definirse, dejaron que el funcionario siguiera en funciones bajo el argumento de que su nombramiento estaba en debate en la esfera judicial.
Godoy sigue en su cargo, en días recientes aprobó 251 cuentas públicas, entre ellas la cuenta de 2010 de los Juegos Panamericanos.
Nómina, botín
La nómina del Congreso también figuró como un asunto de relevancia en la Legislatura saliente.
Cada diputado contó con un promedio de 30 personas a su servicio.
Los líderes de las bancadas se excedieron hasta en 50 elementos, según registros de la prensa local.
El nepotismo no se hizo esperar y se identificaron, sobrinos, tíos y hasta hijos de políticos en la nómina.
También se reveló la forma en cómo los diputados cobraron “derecho de piso” a su empleados.
No se puede negar que la Legislatura anterior dejó una herencia de más de 200 empleados basificados de último minuto sin que estos estuvieran presupuestados para la siguiente administración.
Alrededor de 772 de los mil 272 empleados del Congreso hoy están basificados.
A ellos deben sumarse otros 49 empleados que en las ultimas dos semana se sumaron a la lista.
Se trata de personal cercano al líder de la bancada priísta, Roberto Marrufo y a la Dirección Jurídica del Congreso.
Pese a que el pleno aprobó modificaciones a la Ley de Servidores Públicos en las que quedaron canceladas las basificaciones “express” de personal de confianza.
El propio Congreso faltó a la norma.
El personal supernumerario todavía exige en el patio del Congreso el pago de su nómina de las últimas dos quincenas.
Se había prometido que serían liquidados al término de su contrato pero existen dudas de que eso suceda.
Deuda interminable
Al mes de agosto del 2012, el Congreso adeudaba a todo tipo de proveedores alrededor de 67.7 millones de pesos.
A la Secretaría de Administración Tributaria no entregó la retención de impuestos de sus empleados por la cantidad de 92.2 millones de pesos.
Al Instituto de Pensiones del Estado el Congreso aún debe 45.6 millones, la deuda era superior pero lograron un acuerdo de pago.
La Legislatura también dejó pasivos con el Instituto Mexicano del Seguro Social por 4.6 millones.
Secretaria General, nido de escándalos
Desde el inicio de la 59 Legislatura, la Secretaría General estuvo llena de escándalos.
A los tres meses de iniciada, el entonces Secretario General, Carlos Corona Martín del Campo se veía involucrado en gastos personales desmedidos. Se supo de la compra de dos carros Mercedes de lujo en menos de un mes.
El PRI buscaba entonces una cacería de brujas en contra de los panistas de la pasada Legislatura pero la maniobra terminó mal, pues los excesos eran de ambas partes.
Se destituyó a Corona y se nombró a un nuevo Secretario General, José Manuel Correa Ceseña, cuyo trabajo también fue motivo de escándalo.
Ambos secretarios generales tiene en común un pasado ligado a la Universidad de Guadalajara, pues crecieron en círculos de política estudiantil.
A Correa Ceseña, en coordinación con la Comisión de Administración, se atribuye la firma del contrato con el despacho López Castro para la recuperación de pasivos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Contrato por el cual el Congreso adeuda más de 58 millones de pesos.
El Alegato entre las partes se volvió un tema estéril, aunque la deuda sigue.
Nombramientos, pugnas internas
La legislatura tropezó en más de una ocasión por asuntos de mera logística.
El panista Gustavo Macías, fue destituido por desacatar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Macías presidió la sesión en la que se otorgó nombramiento de cuatro magistrados. Pese a que la Corte había determinado que no eran legales.
El Secretario General del Congreso, José Manuel Correa Ceseña, fue el responsable de no inforwmar al pleno de la notificación de la resolución de la Corte, según denunciaron los panistas.
