Los Comités de Selección y Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León han generado polémica en el proceso de integración, en lugar de realizarlo con transparencia.
Por este motivo aún está abierto un expediente judicial de reclamación contra los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC), por aparentes vicios legales en el proceso de selección que marca la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la convocatoria.
El 28 de septiembre de hace un año se interpuso el amparo 830/2018 ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, firmado por Salvador Benítez, Carlos Alberto Vázquez Ferrel y Rodrigo Eugenio Ortiz Fernández.
Este documento judicial señala como acto reclamado que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción eligió a personas sin experiencia en corrupción, fiscalización y transparencia. Su declaración 3 de 3 y la votación se dio de manera individual para integrar el CPC y no se hizo en un proceso público
El Juzgado consideró improcedente el juicio porque había causas de sobre seguimiento y porque un amparo no procede contra las resoluciones del Congreso, por lo que no entraron al acto reclamado o conceptos de violación.
No obstante, la síntesis de acuerdos de la página del Consejo de la Judicatura Federal informa que el pasado el 21 de junio de 2019 se interpuso el recurso de revisión del acto reclamado del amparo 830/2018 y el 6 de agosto se admitió este documento.
Además se notificó por medio de lista de acuerdos a terceros interesados con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B de la Ley de Amparo, en este caso a Guadalupe Rivas, Juan Carlos Gastélum, Norma Juárez, Diego Tamez y Mauricio Morales, integrantes de CPC.
Pero no sólo en este organismo existen dudas sobre el proceso de elección de sus integrantes. La conformación del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) estuvo manchada por un proceso sin transparencia, pues algunos integrantes estaban ligados con integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Por ejemplo, Pedro Rubén Torres Estrada formó parte del Comité de Selección y a través de su empresa Valere Consultores logró contratos con el PAN y distintos municipios metropolitanos.
O el nombramiento de Salvadora Peña Warden, quien con su Consorcio Educativo Internacional Warden tiene un vínculos con diputados panistas de la pasada legislatura tales como Yanira Gómez, Mercedes Catalina García Mancillas y Daniel Carrillo y contratos de capacitación a personal de municipios.
Convocatoria anticorrupción incompleta
Pese a que el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción está actualmente incompleto por sólo contar con cinco de los nueve integrantes, emitió una convocatoria para nombrar a un candidato más para conjuntar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, dijo que primero se tiene que completar la integración del Comité de Selección y frenar la designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana.
“En la Ley no se establece ninguna excepción a esta integración de nueve personas, y actualmente tiene a cuatro integrantes nada más, cinco que aparecen públicamente y cuatro que renunciaron. Desde que dejaron de ser nueve elementos todos los actos no deberían tener efectos”, aseguró la legisladora emecista.
Mientras que Mauro Guerra, dirigente estatal del PAN en Nuevo León solicitó ante la Oficialía de Partes que al mismo tiempo, o antes de que se dé el nombramiento del Comité de Participación Ciudadana, se garantice la conformación completa del Comité de Selección.
El abogado Alejandro Gómez, quien pretende participar en la convocatoria lanzada por este Comité, consideró que hay discriminación a la ciudadanía por requisitos imposibles de cubrir.
“Si se sabe que en el servicio público se sanciona el conflicto de intereses, deberíamos empezar por ahí y no generar un esquema ciudadano manchado y viciado, tanto legal como éticamente, por parte de los que lanzaron la convocatoria. Algunos de los requisitos son imposibles de cubrir”, dijo el aspirante.
La organización Coalición Anticorrupción considera que la convocatoria lanzada por el Comité de Selección restringe la participación de la ciudadanía al limitar a sólo 10 días hábiles el plazo para la entrega de documentos.
En esencia estos procesos deben garantizar y facilitar el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos de Nuevo León, como el combate a la corrupción”, reclama la asociación en un comunicado.
