El nombramiento del contralor del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) mantiene en conflicto a esa institución y al Congreso capitalino, quien realizó la designación.
Por un lado, el TECDMX impugnó al contralor que eligió el Congreso, pues busca que no interfiera en el manejo de sus recursos.
Mientras que el Legislativo local argumenta que su intención es que el Tribunal respete la Ley del Sistema Local Anticorrupción, que estipula que los titulares de las contralorías de los organismos autónomos deben ser independientes.
El pasado 13 de diciembre de 2019, Moisés Vergara Trejo fue designado como titular de la unidad fiscalizadora del TECDMX por el legislativo, la cual se encarga de revisar el gasto de las instituciones de Gobierno con el fin de evitar malos manejos administrativos.
Cuatro días después, el 17 de diciembre de 2019, Gustavo Anzaldo Hernández, magistrado presidente de la instancia inconforme, interpuso el recurso legal en contra del nombramiento de Vergara Trejo.
El 10 de enero de 2020, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió a favor del TECDMX con el argumento de que el artículo 74 de la Ley del Sistema Anticorrupción es inconstitucional, pues vulnera la autonomía e independencia de la autoridad local.
El Congreso impulsará una reforma constitucional para que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción (SLA) realice el nombramiento
Sin embargo, de los cuatro órganos autónomos -la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF), el TECDMX y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)- cuyos titulares de sus unidades fiscalizadoras fueron nombrados por los legisladores, sólo la instancia mencionada impugnó el proceso.
El Congreso acatará el fallo y reformará la ley para que ni el órgano legislativo ni el TECDMX puedan nombrar al contralor, dice el diputado local y presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Carlos Castillo. Explica que el fallo del TEPJF indica que el legislativo no puede designar al titular de la contraloría del tribunal; sin embargo, tampoco da la capacidad al TECDMX de hacerlo.
Por ello, en el próximo periodo de sesiones que comienza el 1 de febrero de 2020, impulsará una reforma constitucional para que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Local Anticorrupción (SLA) lleve a cabo un proceso de selección para el titular del TECDMX.
El CPC se conforma por ciudadanos cuya coordinadora, Karime Athié, preside el SLA, sistema que fue instalado en el mes de noviembre de 2019 y tiene la intención de erradicar la corrupción en la administración pública de la capital.
“Homologaríamos la Constitución en el Congreso para que el CPC defina una terna y sea ratificada por los diputados”, explica.
El legislador menciona que ese proceso es el mismo que tiene el legislativo de la ciudad para nombrar a su contralor de acuerdo con la Ley del Sistema Anticorrupción.
“Sería totalmente viable con la resolución del TEPJF”, declara.
Se necesitan contralorías anticorrupción
Es importante que los órganos tengan contralorías independientes que sean parte del SLA que es autónomo y transparente, dice Castillo con base en lo plasmado en el artículo 46 de la ley del sistema.
“Los organismos autónomos contarán con órganos de control interno adscritos al Sistema Local Anticorrupción y su personal se sujetará al régimen de responsa bilidades de las personas servidoras públicas, en los términos previstos por esta Constitución y las leyes”, estipula el marco legal citado.
Igualmente, considera que el perfil de Vergara Trejo es el de una persona sin afiliaciones partidistas y cumple con los requisitos para ser el contralor del TECDMX.
Por ello, acusa que lo que busca el Tribunal es decidir su propio contralor.
“La persona que nombramos no es alguien que esté con alguna fuerza política, es una persona apartidista, que deja fuera la intromisión de los partidos políticos”, menciona.
Vergara Trejo, de acuerdo con su curriculum vitae, ha trabajado desde el 2014 en el Tribunal Electoral en otros puestos como secretario de Estudio y Cuenta, coordinador de la Ponencia del Magistrado Presidente y secretario administrativo. No tiene militancia partidista.
Castillo hace énfasis en que nunca se buscó violentar la autonomía del TECDMX, solo respetar lo que estipula la Constitución respecto a que los contralores de los órganos autónomos deben ser nombrados por mandos externos.
Y cuestiona a la autoridad electoral en cuanto a si actuará conforme a la ley. “Aquí la pregunta es, ¿si ellos están dispuestos a asumirse como parte del SLA?, expresa.
Impugnación con posible intereses dentro del TECDMX
El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción también refiere que la impugnación del Tribunal resulta extraña, pues la hizo siete meses después de la publicación de las reformas a la Ley del Sistema Anticorrupción.
El TECDMX presentó el recurso legal en diciembre de 2019 cuando las reformas a la ley se publicaron desde abril del mismo año.
“¿Por qué en ese momento, si ellos consideraban que la ley que se estaba publicando violaba su autonomía, no la impugnaron? Resulta extraño que el Tribunal no revisó la Constitución de la Ciudad de México”, indica.
María Novoa, coordinadora del proyecto de Justicia de México Evalúa, afirma que el revés judicial del TECDMX al Congreso corresponde a un tema político.
“Considero que es un tema más político que jurídico. La reforma al artículo 74 de la ley entró en vigor en abril del 2019, momento en el que el magistrado presidente, Gustavo Anzaldo tuvo la oportunidad de impugnar su inconstitucionalidad”, considera.
Además, la elección del contralor del organismo electoral se hace por parte del legislativo desde el año 2017, dice.
El proceso de designación es el mismo desde antes de las reformas y nunca se había impugnado. Tal pareciera que se hace ahora porque no conviene el perfil, no por inconstitucionalidad de la Ley
Por tal motivo, supone que el Tribunal tiene “interés en tener cierto control sobre quién le va a fiscalizar el dinero”.
Puntualiza que el nombramiento se determinará por un acuerdo entre las fuerzas políticas que están involucradas; el Congreso y el TECDMX.
