La reconciliación migratoria del gobierno de Biden
El gobierno de Joe Biden impulsa una reforma para regularizar el estatus de 11 millones de migrantes, mientras que en el Senado mexicano se busca retomar el diálogo con el congreso estadounidense para plantear este y otros temas como el tráfico de armas o el combate a la pandemia de COVID-19
Eduardo BuendiaLa llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos se convirtió en una esperanza para que millones de migrantes puedan regularizar su situación.
En el Poder Legislativo de México se exploran caminos para iniciar el diálogo con los congresistas estadounidenses para tratar temas como las personas en tránsito, tráfico de armas y una coordinación en el combate a la pandemia de COVID-19.
A pesar de que los cambios apenas inician, Biden mostró su disposición de eliminar la política migratoria de “cero tolerancia” que impulsó Donald Trump durante su mandato.
Entre las primeras acciones en favor de los migrantes, se encuentra la firma de al menos nueve órdenes ejecutivas que buscan revertir retrocesos en la materia y violaciones graves a los derechos humanos de personas que entraron al país del norte sin documentos
Además, la semana pasada el ala demócrata presentó un proyecto de ley que propone lineamientos para que 11 millones de personas en situación irregular obtengan la ciudadanía.
Para concretarse, los cambios sugeridos impulsados por el presidente Biden deberán atravesar una ruta legislativa complicada por la configuración del Congreso que asumió funciones a inicios de enero, ya que la bancada demócrata cuenta con 222 legisladores en la Cámara de Representantes frente a 212 republicanos. Mientras que en el Senado se encuentran en igualdad de condiciones numéricas.
Corregir el rumbo
Desde los primeros días del gobierno demócrata, el mandatario estadounidense echó para atrás las políticas en el cuatrienio de Donald Trump en materia económica, social, de salud y migratoria.
El 21 de enero, un día después de asumir la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para suspender la construcción del muro con México, una de las principales promesas de campaña de su antecesor.
En esa misma línea, el demócrata puso un freno de 100 días a las deportaciones de migrantes para pedir que cada caso sea analizado a detalle, restablecer el sistema de asilo y también conformó un grupo de trabajo para reunir a los más de 5 mil 500 niños que fueron separados de sus padres después de cruzar la frontera sin documentos.
Tal y como lo promovió durante su campaña electoral, el hoy presidente va por una reforma migratoria cuya estrategia legislativa constará de un plan fraccionado; es decir, que los demócratas impulsarán las modificaciones de manera dividida por grupos sociales y sus distintos estatus migratorios.
Uno de los cambios va dirigido al grupo de los llamados “dreamers” (soñadores), jóvenes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños acompañando a sus padres.
La reforma busca replicar parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y que esta población pueda estudiar y trabajar en la nación del norte. Dicho plan gubernamental, fue establecido en el mandato de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente.
A mediados de enero, Kamala Harris, todavía como vicepresidenta electa, declaró a medios estadounidenses que los soñadores que ya habían pertenecido a DACA podrían acceder a la ciudadanía de forma automática.
En el mismo caso se encuentran los beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite la residencia legal a aquellos que solicitaron refugio por huir de la violencia que vivieron en sus naciones de origen como Honduras, El Salvador o Guatemala.
Entre los grupos que serían beneficiados están las personas que trabajan en campos agrícolas y otras actividades catalogadas como esenciales, quienes tendrían que pasar por un proceso que duraría ocho años para obtener la llamada “green card”.
Retomar el diálogo con Biden y EU
Desde México, los legisladores pertenecientes a la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en el Senado aprobaron un punto de acuerdo dirigido a la Mesa Directiva para exhortarla a que se promueva una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos. La petición también fue dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para Gina Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión en la Cámara alta, el mensaje inicial de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la de Joe Biden no fue el mejor, ya que este no reconoció su triunfo y tardó en felicitarlo aún cuando ya se habían calificado las elecciones.
Aspiramos a que esta relación se pueda reconstruir, que se puedan empezar a tender puentes de comunicación y de entendimiento sobre todo por el bien de nuestros connacionales, pero también por el de la economía, al tomar en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercia
La legisladora explica que la intención de reunirse con sus homónimos estadounidenses es entablar una discusión sobre temas prioritarios como la migración, el tráfico de armas y el combate a la pandemia de COVID-19.