La Reforma que divide

[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_qwfu84fr” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Apoco más de dos meses de que se consume una nueva alternancia en el Ejecutivo Federal y en medio de una transición inédita en la historia contemporánea, las diferencias entre la administración saliente y el gobierno electo se hacen cada vez más evidentes.

Y es un tema en particular el que ha generado la mayor fricción entre el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto y el que dirigirá el presidente electo Andrés Manuel López Obrador: la reforma educativa. Ésta es quizá la más exitosa de las llamadas reformas estructurales de la actual administración, la que el mandatario en funciones habría querido dejar como legado político y la que el tabasqueño y sus aliados amenazan con dinamitar.

Una decisión que parece estar fundamentada más en motivos políticos que en un análisis profundo de los ajustes que serían necesarios para rescatar e impulsar los avances de los últimos años y realizar modificaciones en lo pertinente.

A pesar de la cordialidad que ha caracterizado al periodo de transición, el pasado 20 de agosto, durante el discurso conjunto de los mandatarios en funciones y los electos, quedó en evidencia que en el tema de la reforma educativa las posturas son, al menos en el discurso, totalmente opuestas.

Dos meses y medio después de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador y sus aliados parecen dispuestos a echar abajo la reforma educativa, una de sus propuestas de campaña, a pesar de las voces de advertencia que llegan desde la sociedad civil, y que le piden al menos rescatar algunos de los avances que se han generado en los últimos años.

Si bien entre el gobierno saliente y el entrante las posturas son como el agua y el aceite, entre el resto de los actores, tanto políticos como de la sociedad civil organizada, las posturas suelen ser más matizadas, aunque hay una coincidencia en general: la derogación total de la reforma educativa sería una regresión.

Además, en la discusión sobre la derogación o la permanencia de la reforma educativa prevalecen sobre todo las posturas políticas, dejando en un segundo término a los niños y jóvenes cuyo futuro está en juego ante la falta de una planeación a largo plazo.

“Los retos son tan grandes que precisamente por eso no podemos tener una política educativa que se base en ocurrencias. No tienen, los niños y jóvenes de México, el lujo del tiempo para que nosotros estemos inventado el hilo negro cada 6 años. No es justo para ellos ni para todas estas familias”, advierte Alexandra Zapata, Directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO.

Según palabras de Mario Delgado, líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, de la reforma educativa ‘no quedará ni una coma’. Y en verdad, si el presidente electo y su partido lo disponen, podrían derogarla completamente. Con mayoría en el Congreso de la Unión y con el control de la mayoría de los congresos locales la derogación está a su alcance.

Hace dos semanas, el Senado de la República aprobó con los votos de Morena y sus aliados, un exhorto por el que se le pide a la SEP cancelar la evaluación docente, uno de los mecanismos más controvertidos de la reforma.

La respuesta del titular de la dependencia fue un rotundo NO. La evaluación va de momento, y está programada para iniciar en noviembre.

El pasado jueves, la senadora del PT Cora Cecilia Pinedo, acompañada de organizaciones magisteriales que se oponen a la reforma, anunció que presentará una iniciativa para modificar los artículos 3 y 73 constitucionales y de esta forma legislar una nueva reforma educativa integral.

En los transitorios de la iniciativa se propone la derogación de las disposiciones y leyes vigentes en materia del servicio profesional docente, es decir, suspender las evaluaciones docentes hasta la aprobación de los cambios constitucionales.

Por el momento, el nuevo gobierno se ha pronunciado por eliminar la ‘evaluación punitiva’, pero no hay claridad respecto a si se dejará de lado cualquier evaluación o será sustituida por otra con nuevos lineamientos. 

Algo que no puede pasarse por alto, es que a pesar de que han existido errores en la implementación y que no contó con el respaldo de los maestros, la reforma sí fue exitosa en quitarle la potestad de la educación a los sindicatos, un avance que podría perderse.

Para sustituir la reforma, el gobierno de transición está llevando a cabo foros educativos a lo largo del país, de los que presumiblemente se construirá una propuesta global a partir de las experiencias e ideas de los actores del sector educativo, por lo que de momento, una derogación sin tener una propuesta concreta suena políticamente inviable.

“Se han dado pasos importantes para avanzar en la dirección correcta. Desafortunadamente los cambios en el sector educativo no se ven de la noche a la mañana y se requiere constancia, se requiere de inversión transparente, se requiere de fortalecimiento de procesos para que esto empiece a reflejarse en el salón de clases”, apunta Alexandra Zapata.

Un gobierno en funciones que no sólo ha perdido la iniciativa en el discurso, sino que en sus últimos meses parece haber perdido su poco capital político. Un gobierno de transición que en ocasiones parece que sigue en campaña. Y en medio de esta disputa, el destino de la educación para millones de niños. Una combinación tóxica.

Lo que está en juego

Sin duda, el instrumento más controvertido de la reforma promulgada en 2013 ha sido la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde están incluidas las evaluaciones tanto de ingreso, de promoción y de permanencia de los maestros, una medida que fue rechazada desde que se presentó la Ley y que sigue siendo el principal conflicto entre quienes defienden la reforma y entre quienes quieren derogarla.

En teoría, con la implementación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los maestros únicamente podrían ingresar a éste a través de concursos de oposición, es decir, demostrando que estaban capacitados para desempeñar la función. 

“Ninguna autoridad puede asignar plazas de manera arbitraria o por conveniencia”, cita la ley.

Durante décadas los sindicatos, el oficial (SNTE) y el radical (CNTE), tuvieron libre albedrío para disponer de las plazas docentes como mejor les conviniera a sus intereses, dando lugar a prácticas como la herencia o la venta de plazas al mejor postor. El SNTE, después del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, apoyó la reforma, no así la Coordinadora.

Pero las evaluaciones de ingreso sólo serían una de las herramientas que generaría rechazo. Las evaluaciones de promoción, las cuáles permitían a los docentes avanzar profesionalmente en el magisterio gracias a su capacidad, y no a la cercanía con los líderes sindicales, también trajo conflicto.

Y no se diga las evaluaciones de desempeño que establecían que en caso de no aprobar en tres ocasiones se reubicaría a los maestros en una plaza no docente o podrían optar por el retiro voluntario. Esto era en realidad, aseguraban los opositores, una evaluación punitiva, y parte de una reforma laboral y no educativa, que lo único que buscaba era castigarlos.

También es cierto que entre los planteamientos de la Ley General del Servicio Profesional Docente se establece que el gobierno acompañaría en la capacitación y profesionalización de los docentes, y que se llevaría a cabo un plan integral para impulsar, rediseñar y fortalecer la educación normal, objetivos que al parecer no se cumplieron a cabalidad.

El tema de la evaluación, con sus defectos y aciertos, no es lo único que está en juego en caso de una derogación total de la reforma.

Como parte de ésta se estableció que se prohibía condicionar la inscripción, acceso, aplicación de exámenes o entrega de documentos al pago de cuotas. De igual forma se vigilaría la transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados a las escuelas y se fortalecería su autonomía de gestión.

También se determinó la creación del Sistema de Información Educativa, una herramienta que permitirá saber con cuántos alumnos y maestros cuenta el Sistema Educativo, así como la condición física de las instalaciones, lo que ayudaría en la formulación de políticas, planes y programas de estudio. Este es un proyecto que aún no se implementa en su totalidad.

Quizá uno de los puntos más importantes fue la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), un instituto autónomo e independiente que por primera vez tiene mediciones confiables sobre el estado de la Educación en México.

Al menos en el discurso, se están inclinando por la segunda opción.

Política transexenal

Para Alexandra Zapata, Directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO, es evidente que la implementación de la reforma educativa ha tenido deficiencias, sin embargo, advierte que una derogación como tal sería un retroceso que difícilmente se podría subsanar durante la próxima administración.

Lo más sensato, asegura, es que se aprenda de la experiencia de los últimos años, reconocer los avances importantes que se han dado en dirección correcta e identificar las áreas de oportunidad en materia de educación, pero no comenzar de cero.

“Entendemos que hay muchos desafíos y estamos muy conscientes de que en materia educativa el nuevo gobierno hereda un desafío gigantesco. Los retos son tan grandes que precisamente por eso no podemos tener una política educativa que se base en ocurrencias.

Lo que tendríamos que estar viendo es una política donde se entienda qué ha sucedido. Que se identifiquen las áreas de oportunidad, que se entienda qué procesos son fundamentales y se tiene que fortalecer y sobre de eso construir una serie de políticas con ajustes”, afirma.

Entre los retos que identifica la investigadora destacan el impulso a la infraestructura escolar, la inversión transparente, el fortalecimiento de los procesos y, sobre todo, la capacitación, apoyo y acompañamiento a los docentes; mecanismos que si bien no darán resultados inmediatos, sí podrían empezar a reflejarse en el aula en el mediano plazo.

Asimismo, destaca la importancia de mantener la evaluación de ingreso y la evaluación de promoción, pues de lo contrario se estarían privilegiando acuerdos sindicales y de grupo por encima de los intereses de millones de estudiantes y sus familias.

“Esencialmente estaríamos diciendo no nos importa quiénes de los maestros son talentosos, no nos importa quiénes tienen las capacidades para dar clases. Lo que nos importa es quién es más amigo del sindicato o del gobierno local y con base en eso vamos a asignar plazas y promociones”.

Eso sí creo que es algo que se tendría que explicar a los padres de familia y a los alumnos, porque es un retroceso a la época en donde se heredaban y se compraban las plazas. Una traición absoluta a los maestros de México”, recalca.

La reconstrucción del pacto

La cancelación de la reforma educativa no sólo sería un retroceso, sino que significaría la reconstrucción de un pacto político que se mantuvo por décadas, un acuerdo que le otorgaba el control de la educación al sindicato y que al gobierno le aseguraba la disciplina y lealtad del magisterio, todo a costa de la educación, asegura el politólogo Jorge Javier Romero.

El también consejero de la Red por la Rendición de Cuentas, considera que el logro más importante de la reforma de 2013 fue precisamente quitarle el control de la carrera de los profesores al sindicato e impulsar un servicio profesional con criterios de ingreso, promoción y permanencia de carácter académico y profesional y no sindical y político.

“Si se echa atrás la reforma constitucional que determine la existencia de un servicio profesional vamos a estar volviendo al sistema educativo controlado por el sindicato, en donde lo que se premia es la lealtad y la disciplina sindical y no el buen desempeño de los profesores. Volveríamos al sindicato corporativo que controla el sistema educativo a cambio de paz social, y si sería un retroceso enorme”, advierte.

Sin embargo, Romero señala que a pesar de que la reforma constitucional fue correcta, el diseño del servicio profesional estuvo mal implementado. La principal razón fue que los profesores siempre se opusieron a la evaluación, la cual estuvo mal enfocada al centrarse más en los castigos que en los beneficios.

“La reforma fue fallida en la medida en que los profesores nunca la aceptaron porque no les dio un horizonte positivo. Si la reforma se hubiera basado en que la evaluación fuera esencialmente usada para la promoción y que además se tomaran en cuenta otros criterios de desempeño de la carrera y si hubiera implicado que tuvieran ascensos en la misma función, los profesores lo hubieran visto con mucho mejor ánimo.

Desde mi punto de vista habría que mantener la reforma constitucional y habría que centrarse en hacer una Ley del Servicio Profesional mucho mejor, una ley que le diera incentivos positivos a los profesores y que los involucrara en el proceso de la carrera”, concluye.