La reforma laboral se resolverá en dos espacios. Uno al interior del Congreso con los líderes sindicales y políticos de carrera. El otro, en las calles con los inconformes y las agrupaciones de trabajadores que ven en la iniciativa una amenaza a sus prestaciones.
No tardarán las acusaciones de traidores y las respuestas de que fue por el bien de los trabajadores.
Al mismo tiempo que la Comisión del Trabajo sesiona en el llamado Salón Verde, afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro y en algunas carreteras del país inician las protestas contra la reforma laboral.
Los trabajadores de la planta de automóviles Nissan marcharon ayer en Cuernavaca en repudio a esta reforma. En ocasiones bloquearon la autopista del Sol para dar muestra de lo que puede empezar a suceder.
Paradójicamente, en el Congreso español miles de desempleados mostraron su músculo a los diputados que tuvieron que sesionar amurallados por vallas y cientos de policías.
En México, al interior del salón de protocolos, todos vestidos de traje se comportan con solemnidad y cada uno defiende sus argumentos. En la calle la solemnidad no tiene cabida.
“No a la pinche reforma laboral de Calderón”, dice una temblorosa cartulina que carga uno de los simpatizantes del exdiputado Gerardo Fernández Noroña, que sentado junto a otros impide el acceso a diputados y empleados.
En opinión de los expertos, dejar nuevamente intocables a los sindicatos, al transparentar los recursos públicos que reciben, o poner fin a los sempiternos liderazgos hacen de esta una reforma lerda y grácil.
En el seno de la Comisión, presidida por el priista Carlos Aceves del Olmo, representante de la vieja escuela sindical priista, los partidos de oposición como el PRD y el Movimiento Ciudadano se oponen a que se apruebe de manera expedita por tener el plazo constitucional a más tardar el 30 de septiembre.
Una reforma laboral requiere de una discusión amplia y escuchar a todos los actores realizando foros de consulta, dice el perredista Martí Batres.
Pide además que se reciba a los grupos de manifestantes para escuchar su opinión.
“Lo voy a pensar, pero no me estoy comprometiendo a nada”, responde frío Aceves del Olmo.
Los diálogos de sordos
Habla como en el desierto. María Luisa Alcalde, de Movimiento Ciudadano, pide en sus primeros pasos como legisladora, a diputados de antaño, como el tesorero del sindicato de Petróleos Mexicano, Ricardo Aldana, que actúen con congruencia.
Los temas que más levantan ámpula en la sesión de la Comisión del Trabajo, ya con un proyecto de dictamen, son la nula exigencia de transparentar presupuesto público a los sindicatos, la contratación por horas, la llamada flexibilidad laboral y las características de los contratos colectivos de trabajo.
El PRI, en voz de Héctor Gutiérrez, defiende la decisión de su partido de sacar del proyecto original, enviado el primero de septiembre por el Presidente Felipe Calderón, una cláusula que obligaba a los sindicatos a transparentar sus gastos.
Es un respeto a la libertad sindical y de sus agremiados. Y es que los principales sindicatos y sus cuestionados líderes militan en el PRI. Votos son votos.
Los panistas defienden el proyecto de su todavía presidente y dejan pasar el polémico tema sindical.
Y aunque todo aparenta un debate. En realidad son un armónico conjunto de monólogos, práctica usual en las Cámaras del Congreso.
Sus participaciones son largos enlistados de las cosas malas o buenas, según el ponente, de lo que vendrá una vez que se apruebe este proyecto.
En ese horario –la discusión fue ayer de las 11:00 a las 16:00 horas aproximadamente- el jornalero trabaja la tierra, el obrero se concentra en la maquila, la empleada del hogar barre y prepara la comida. Pocos habrán visto el cruce de ideas.
En realidad todo es un mero trámite pues el PRI junto al PAN, con quienes ya se vislumbra un acuerdo, tienen la mayoría para que el documento que ya circula, se apruebe en comisiones y en el Pleno.
De hecho ya le tienen dispuesta hasta una agenda para que el jueves inicie la discusión y quede aprobada ese día en el Pleno, para que se envíe al Senado, que tiene otros 30 días más.
Por eso Fernández Noroña amenazó con no dejar pasar a ningún diputado para la sesión del próximo jueves.
Y no está solo: el sindicato de la UNAM y cientos de sus simpatizantes lo siguen en su cruzada.