Terminar de construir y de implementar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se ha convertido en un cuento de terror.
Cinco años pasaron antes de que se pudiera nombrar a un fiscal general de la República y por consiguiente al fiscal Anticorrupción y al de Delitos Electorales.
Ahora, a pesar de que tres de los nombramientos que faltaban desde hace años finalmente pudieron llegar a buen puerto, se presenta un nuevo problema ocasionado por la incapacidad de los congresistas durante la legislatura pasada para sacar adelante muchos de los pendientes que han impedido la conformación del SNA al cien por ciento.
En el 2016, el Congreso realizó una serie de reformas al código penal federal que modificaron el capítulo de delitos en materia anticorrupción. Sin embargo, la entrada en vigor de esta acción quedó supeditada al nombramiento de lo que hubiera sido el primer fiscal anticorrupción, es decir, quien debió ocupar ese cargo de marzo de 2014 hasta noviembre de 2018, pero que nunca fue nombrado por el Senado durante el sexenio pasado.
La gran mayoría de los errores y problemas que actualmente deben resolver los congresistas para poder echar a andar el SNA provienen de las legislaturas pasadas
El resultado de esta omisión, explica la jurista y miembro de la asociación civil Tojil, Estefanía Medina, es que tanto el ACUERDO A/011/14 que creaba la fiscalía especializada en la materia, así como las reformas al código penal federal anticorrupción, jamás entraron en vigor, dejando un vacío legal que ahora los nuevos legisladores deben resolver.
“Lo que esto te puede generar es que si tú llevas a alguien para sancionarlo, con base en alguno de los delitos que se incluyeron en las reformas de 2014, es muy probable que un juez en un análisis jurídico tire las acusaciones, ya que legalmente las reformas nunca entraron en vigor y se caerían los procedimientos penales por delitos que jurídicamente no están vigentes”, afirma Medina.
Para resolver el problema, la asociación civil Tojil y sus integrantes han propuesto que se presente una iniciativa en el Congreso de la Unión para reformar el artículo primero transitorio de la reforma de 2016 de los tipos penales, para así lograr que entren en vigor de manera oficial.
“Nunca fue necesario hacer un transitorio tan complejo y sujeto a una condición que podía o no suceder para darle vida a reformas de tipos penales”
Los otros pendientes
A esta falla legislativa también se suman otros temas rezagados que impiden el correcto funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Uno de los más relevantes es que el Senado aún no ha ratificado el nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción especializados en castigar las faltas administrativas graves, quienes conformarían las cinco salas regionales especializadas y una superior en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Al interior de la República, la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción en los distintos estados del país también se han vuelto un dolor de cabeza y uno de los factores que más problemas ha traído a la consolidación nacional de este proyecto de origen ciudadano
De acuerdo con los datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya última actualización fue el 15 de marzo del año en curso, ocho estados han sido incapaces de poner en pleno funcionamiento sus sistemas locales.
Baja California, por ejemplo, no cuenta con fiscal Anticorrupción ni con magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.
Por su parte, Baja California Sur, no tiene Secretaría Ejecutiva ni fiscal Anticorrupción. En la Ciudad de México, la cual es una de las más atrasadas en esta materia, no hay Comisión de Selección, Comité de Participación Ciudadana, Comité Coordinador, Secretaría Ejecutiva ni fiscal Anticorrupción.
En situación similar se encuentra Chiapas, exceptuando que en este estado sí existe la figura del fiscal Anticorrupción.
De acuerdo al mandato constitucional, los congresos de las entidades federativas tenían hasta el 18 de julio de 2017 como límite para la implementación de sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) con funciones y estructura equivalentes al SNA; como mínimo debían reformar sus constituciones y crear su Ley del Sistema Local.
Herencia maldita
La gran mayoría de los errores y problemas que actualmente deben resolver los congresistas para poder echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción provienen de las legislaturas pasadas.
Son una herencia que les legaron tanto los diputados y senadores que estuvieron en funciones el sexenio pasado a quienes hoy los reemplazaron y que, a lo largo de cinco años, no pudieron resolver principalmente por sus diferencias partidistas.
Ahora, con el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y cuya bandera más representativa ha sido el combate a la corrupción, los cuestionamientos del porqué no se ha puesto especial énfasis en la correcta implementación del SNA para ser utilizado como la herramienta fundamental para erradicar este grave problema han comenzado a surgir, especialmente por la mayoría con la que cuenta Morena en ambas cámaras.
Para la diputada Martha Tagle Martínez de Movimiento Ciudadano, uno de los actuales partidos de oposición al Gobierno federal, la falta de acciones por parte de la nueva administración para llevar a cabo esta tarea se debe posiblemente a que el SNA proviene de una propuesta de la sociedad civil organizada, sector de la población que recientemente ha tenido muchos roces con el jefe del Ejecutivo.
“Por venir de la sociedad civil es que Andrés Manuel no la considera como una herramienta legítima, además este Gobierno llegó con una estrategia distinta en cuanto al combate a la corrupción y por eso ni siquiera han volteado a ver el SNA
“Tan es así que las propuestas de Fiscal General, de fiscal Anticorrupción y de fiscal de Delitos Electorales se hicieron en el periodo de transición y son los que están ahorita en funciones porque se acabó el plazo en el que el Senado podía objetar los nombramientos, pero no se les ha dado el peso o la importancia que deberían de tener”, acusa la diputada federal.
Además, la exsenadora durante la 63 Legislatura, también critica que toda la estrategia para combatir la corrupción por parte del nuevo gobierno se ha centrado en el primer mandatario, desde donde se promueve el discurso de que él es único capaz de acabar con este problema, dejando de lado a las instituciones y asegurando que basta con el ejemplo para acabar con la corrupción del país.
“El problema de esto es que lo único que tenemos es la palabra del presidente y no se ve un plan concreto.
“Los grandes temas de corrupción del sexenio anterior no sabemos si se están investigando, si si se les está dando seguimiento o si las carpetas se quedaron por ahí congeladas porque eso nunca se ha informado”.
Contrario a los argumentos utilizados por Martha Tagle, el senador de Morena, Julio Ramón Menchaca, quien preside la Comisión de Justicia en la Cámara alta, asegura que el SNA es un elemento clave del Plan Nacional del tabasqueño.
“El SNA es el elemento fundamental del Plan de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros estamos en la mejor disposición de mejorar y construir lo que sirva para acabar con la corrupción y yo veo una disposición de todos los partidos para irlo haciendo”.
El senador por Hidalgo también comentó que de ninguna manera el Gobierno ha pasado por alto o ignorado la tarea de terminar de implementar el SNA y dice que se hará todo lo posible para que quede conformado antes de que concluya la 64 Legislatura.
“La 63 legislatura no pudo avanzar en este tema y ahora nosotros cargamos con el costo político. Lo que pueda servir de soporte para el funcionamiento de la Fiscalía anticorrupción y lo que haya que modificarse lo vamos a hacer en el corto plazo.
El rezago de la 63 legislatura en materia anticorrupción se volvió un lastre para los representantes actuales del Poder Legislativo, quienes se debaten entre reclamos por la presunta falta de atención del Ejecutivo
“Además no sólo vamos a reformar el transitorio primero; este martes se ingresó al Senado, por parte del PAN y de otros partidos, reformas a Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y seguro al final tendremos un documento adecuado”.
De igual manera, el morenista comenta que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se encuentra estudiando las áreas de mejora para que el SNA pueda funcionar de la mejor manera.
