[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_ywhhpaq0″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Las próximas elecciones que se realizarán para elegir un nuevo gobernador en nueve estados del país podrían ser consideradas como “La Rifa del Tigre” para los candidatos que aspiran al gobierno de esas entidades, pues al menos en seis de ellas, se han registrado aumentos en los índices de violencia y en la mayoría se lidia con problemas financieros a causa de la deuda pública.
Las entidades que el primero de julio próximo habrán de elegir gobernador son: Jalisco, Veracruz, Chiapas, Morelos, Tabasco, Guanajuato, Ciudad de México, Puebla y Yucatán, donde en los primeros cinco estados hubo transición de partidos políticos, en tanto que en las últimas cuatro entidades se dio la continuidad de gobiernos emanados de la misma institución política que estaba en el poder.
Al término de estas administraciones estatales ha quedado demostrado que ninguna de las dos fórmulas: ni la de la continuidad, ni la de la transición de partidos políticos, fueron suficientes para disminuir al menos dos de los principales problemas que encaran la mayoría de las administraciones locales de los estados del país: la violencia y el endeudamiento.
La Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Chiapas son los estados más endeudados que renovarán gobernador
En lo que a los índices de violencia se refiere, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP), las administraciones a suceder en Puebla, Morelos, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Chiapas, han crecido mucho en cuanto a los índices de homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.
En entidades como la Ciudad de México, Tabasco y Yucatán, se observó un incremento en delitos como homicidios, secuestros y extorsiones en comparación con los registrados en las administraciones anteriores inmediatas.
Respecto a los índices de endeudamiento, otro lastre que dificultará las tareas de los próximos gobiernos, las entidades con mayores montos de deuda pública, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con fecha de corte al cierre de 2017, y que renovarán a su primer mandatario son la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Chiapas.
Ni la continuidad ni la transición de partidos políticos han sido una solución a los problemas de violencia y endeudamiento
El fracaso de la administración pública
Aun cuando los estados de Guanajuato, Puebla, Morelos, Tabasco y Yucatán mantienen un índice de deuda por debajo de la tasa media nacional, e incluso se han registrado acciones para disminuir los pasivos, la evidencia de los problemas financieros queda de manifiesto en el bajo nivel generalizado de inversión de obra pública.
Según lo reconoce un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en términos generales, en todo el país, a causa del destino de recursos al pago de la deuda y el Ramo 23, el cual fortalece la infraestructura social y urbana de los gobiernos locales, en el 2017 se registró una caída de inversión en obra pública del 57.5 por ciento, mientras que en el 2016 fue del 32.2 por ciento.
Muchos de los gobernadores que se encuentran en el cargo se han visto obligados a sacrificar dinero destinado para mejorar sus entidades en financiar la deuda pública que recibieron o que han creado
A costa de ello, el gobierno de Guanajuato a cargo de Miguel Márquez logró disminuir los pasivos económicos de la deuda en un 22.9 por ciento, mientras que el gobierno de Puebla de Antonio Gali Fayad disminuyó la deuda publica en 11.4 por ciento, en tanto que el gobierno de Yucatán a cargo de Rolando Zapata Bello, redujo el problema en un 8.3 por ciento.
En el estado de Veracruz, también a costa de menor inversión en obra pública, el gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares, logró una restructura de la deuda dejada por su antecesor, el priista Javier Duarte de Ochoa, ubicada en 46 mil 160 millones de pesos, de la que al menos 38 mil millones de pesos serán pagaderos a 23 años, lo que eventualmente dificultaría la operación financiera de las próximas cuatro administraciones estatales.
A pesar de que el endeudamiento de las finanzas públicas no es privativo de las nueve entidades que habrán de renovar gobernadores el próximo primero de julio, sí resultan preocupantes los índices acelerados con lo que ha crecido la deuda en los últimos años en los estados que se encuentran de cara a la renovación del gobierno estatal.
La deuda de Veracruz que supera los 46 mil millones de pesos afectará a las próximas cuatro administraciones
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda del estado de Morelos, aumentó cerca de un 445.3 por ciento desde que el gobernador perredista Graco Ramírez Abreu tomó posesión del cargo. Actualmente la deuda del estado es de 4 mil 922 millones de pesos.
En Chiapas, el gobernador en funciones emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, incrementó la deuda en un 57.9 por ciento en relación a la que recibió de su antecesor, el perredista Juan Sabines Guerrero, para ubicarla hasta el primer semestre del 2017 en 18 mil 366 millones de pesos.
También en el estado de Jalisco se observa un fracaso de la transición de partidos, pues a pesar del cambio de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) por uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), allí se registra un incremento de deuda en los últimos cinco años de más del 17 por ciento, por lo que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, sucesor de Emilio Gonzalez, dejará una deuda de más de 17 mil 579 millones de pesos.
Igual ocurre en el estado de Tabasco, donde la actual administración local ha logrado colocar la deuda pública por encima de los 4 mil 700 millones pesos, esto como resultado del endeudamiento que ha provocado el gobernador perredista Arturo Nuñez Jiménez que incrementó el débito en un 8.3 por ciento en relación a la deuda recibida del priista Andrés Granier Melo; hoy en prisión por enriquecimiento ilícito.
Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, dejará una deuda de más de 17 mil 579 millones de pesos
Los resultados de la “mafiocracia”
Para el investigador senior de planta de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C., Edgardo Buscaglia, el fenómeno de los estados endeudados y con altos índices de criminalidad no es otra cosa que el resultado evolutivo de la “pax mafiosa” que se instauró en México desde el régimen de Carlos Salinas y Miguel de la Madrid, “que no es un modelo neoliberalista, sino neomafioso”.
El poder económico que han adquirido los diversos grupos de la delincuencia organizada, sumada a la grave crisis de corrupción e impunidad por la que atraviesa el país, les ha permitido inmiscuirse cada vez más en los gobiernos estatales y municipal
“La consecuencia de los estados endeudados y con elevados índices de criminalidad parte del involucramiento del crimen organizado en la política”
Para el doctor Edgardo Buscaglia la fragmentación que se vive hoy en los estados no sólo es visible, sino que se manifiesta más claramente con las entidades que han desbordado sus deudas a la par del incremento de los índices delictivos, donde cada gobernador fue transformándose en señor feudal de la mano de algunos grupos criminales que se hicieron del control no sólo de los territorios, sino de las propias finanzas oficiales.
“Los grupos criminales se dan cuenta de la importancia de los municipios y comienzan a competir como pirañas para capturar las listas de los candidatos y candidaturas de los estados, financiando campañas a diestra y siniestra y comienzan y comprando a los políticos a través de obras e inversiones públicas a través de redes y empresas fantasma”, explicó Buscaglia.
Los grupos criminales financian a gobernadores a través de empresas ilegales, lo que se convierte en un incentivo para incrementar la deuda
Recordó que la experiencia internacional indica que gran parte de la delincuencia transnacional están involucrada en el financiamiento de la deuda pública y de licitaciones, recordando el caso de Italia, en donde “la mafia obtenía ganancias millonarias por ese financiamiento”, lo que también sucede en México, en donde “jamás se ha iniciado una causa penal por licitación de obras”.
“Los grupos criminales financian a gobernadores a través de empresas ilegales, lo que se convierte en un incentivo para incrementar la deuda, que no es otra cosa que mucho dinero sucio que está entrando al estado para lavarlo”, explicó el especialista.
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