El caso Odebrecht continúa abierto y sujeto a investigación, afirmó la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, en entrevista tras su visita al Senado de la República.
La secretaria señaló que a la empresa se le han impuesto sanciones administrativas como la inhabilitación de sus filiales y representantes de la misma.
“Seguimos revisando otros contratos. Pero, en estos que fueron los primeros: Tula I, Tula II y Salamanca están concluidos ya con estas sanciones impuestas. En el tema Odebrecht seguimos trabajando, pero ya con sanciones”, señaló la funcionaria.
A diferencia de otros países en los que el tema ha valido el encarcelamiento de personas y renuncias de funcionarios de alto nivel, como fue el caso del presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, México únicamente ha inhabilitado a funcionarios y administrativos de la empresa.
Arely Gómez destacó que Odebrecht recibió 4 sanciones administrativas, de las cuales dos son por 4 años y medio, otra por 3 años y una más por dos años, de acuerdo al daño que ocasionó.
Sin embargo, la filial de la empresa brasileña anunció que impugnará las medidas impuestas por la Secretaría en las que prohibió a todas las dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con ellos.
La sanción viola los derechos fundamentales y el debido proceso, ademas de que son infundadas e improcedentes, afirmó en un comunicado.
“Odebrecht rechaza categóricamente las consideraciones de la SFP, e impugnará mediante todos los recursos legales el contenido, alcances y efectos de dichas sanciones”, anunció.
La Función Pública reiteró que tiene hasta el 30 de noviembre próximo, último día de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, para concluir la indagatoria del caso.
