‘La sociedad no confía’

Enrique Carpizo tiene 33 años y bajo sus hombros la representación del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos.

En entrevista con Reporte Indigo, Carpizo confiesa que la ciudadanía ya no confía en las comisiones de derechos humanos porque se han burocratizado.

“(Sus funcionarios) están más preocupados por salir en la foto con el gobernador o el presidente  de la República, y en saber qué puesto les tocará después, que en defender los derechos y libertades de las personas”, reconoce. 

La diferencia entre esas comisiones y el organismo para el que trabaja es que ahí no se recibe sueldo del erario ni hay compromiso con ningún tipo de autoridad.

“Nuestro compromiso es con la defensa de los derechos humanos a través de un diálogo efectivo con las autoridades”, asegura el hombre, quien ostenta una maestría en Derecho Procesal Constitucional con mención honorífica y está a punto de concluir el Doctorado en Derecho Constitucional.

En dos años Carpizo ha logrado consolidar el papel de esta organización en la sociedad.

Tenía 17 años cuando comenzó a laborar en un juzgado de Distrito. Después pasó los Tribunales Colegiados y a la Suprema Corte de Justicia.

La experiencia que obtuvo a lo largo de su trabajo en el Poder Judicial por 10 años, le permitió contar con la experiencia necesaria para emprender un nuevo reto: el instituto que ya atiende una decena de casos.

Además de ser académico de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Carpizo tiene en su haber la publicación de cinco libros.

Acostumbrado a laborar largas jornadas, Carpizo encaminó sus pasos hacia la defensa de la dignidad humana.

Recuerda que a dos años de la muerte de su tío, Jorge Carpizo, un grupo de académicos y exfuncionarios se dedicó a la tarea de conformar un organismo que integrara todas las enseñanzas que dejó en materia de tutela a la dignidad.

La admiración por el trabajo y la trayectoria académica de ese hombre a quien admiraba desde los siete años, lo llevó a fincar una verdadera amistad, más allá del simple parentesco, que lo convirtió en su colaborador en múltiples proyectos.

A la fecha, el instituto tiene representantes en el 90 por ciento del país, en algunas naciones latinoamericanas y están por abrir el “Capítulo Europa”. 

‘Nuestros derechos no son de papel’

Entre los casos que defiende el Instituto para la Protección de los Derechos Humanos está el de una mujer que purga una condena en el reclusorio de Jalisco. Tiene cáncer y no le permitían atenderse en el hospital.

Promovieron un amparo para que se le permitiera ser atendida y hoy está internada y su salud ha mejorado mucho.

“Ahora tratamos de que esa salud se le pueda preservar en el interior del Cereso, porque es un derecho humano aunque esté compurgando una pena”, explica Carpizo. 

También defendieron a Jonathan, un joven que fue atacado con un objeto contundente la mañana del lunes 23 de diciembre pasado al interior de la celda número ocho de la cárcel preventiva de Puerto Vallarta.

Su agresor ya está confeso y el Juzgado Segundo de lo Penal le decretó el auto de formal prisión. 

En ese hecho hubo negligencia y omisión por parte de las autoridades encargadas de custodiar la integridad física de la víctima. 

El Instituto también llevó el caso de Ricardo Farías, un indigente de Copilco quien no tenía la tutela del Estado en cuanto a sus derechos básicos.

”Nuestra función es coadyuvar con el Estado para demostrar que la Constitución existe y nuestros derechos no son de papel”, asegura.

Constitución no es mágica

Enrique Carpizo no duda en señalar que la proactividad de los jueces constitucionales en México se ha quedado rezagada con respecto a otros países, en donde hay un avance en materia jurisprudencial.

“Incluso se rumora que vienen más condenas internacionales al país por no haberse comprendido la reforma en materia de derechos humanos de junio  de 2011”, remarca.

Se está intentando vender a la sociedad la idea de que el problema de todos los males de México se encuentra en la Constitución de 1917, señala.

“¿Cómo es posible que se esté pensando en una nueva Carta Magna cuando ni siquiera se han comprendido los alcances de la reforma de siete artículos relacionados con derechos humanos?”, cuestiona.

A Carpizo le preocupa esa situación, pues remarca que la debacle en materia de derechos sociales en Latinoamérica empezó a partir de la idea de un nuevo documento constitucional.

“Así fue como accedió Chávez al poder en Venezuela, y lo mismo pasó en Ecuador y Bolivia”, agrega.

Hay que tener cuidado, reflexiona, porque eso pudiera llevar al país a una democracia cuestionable y a un sistema de gobierno no del todo compatible con los principios fundamentales de la nación.

Sin titubeos, Carpizo asegura que la Constitución contiene lo esencial.

“La hemos confundido con un código más y cuando no encontramos lo que buscamos queremos reformarla”.

Pero “no es un libro mágico” para encontrar la respuesta a todos los problemas de la nación, sino la base mínima de derechos en cuyo seno la interpretación proactiva de su contenido conlleva a la integración de soluciones.

El problema en México, dice, es que se ha hecho costumbre reformar todo y para todo.

“Una costumbre legalista que no se apega al estado constitucional de derecho”.

El progreso de una nación, resume, no se encuentra en la ley, sino en la manera como uno concibe e interpreta los derechos y libertades de las personas.

Un problema de todos

Enrique Carpizo considera que el abuso del poder y la ignorancia, son las principales causas para que se atente contra los derechos humanos.

En México hace falta que la sociedad sepa que la tutela,  garantía y reconocimiento de los derechos humanos, no solo le corresponde a las autoridades, también a los ciudadanos, remarca.

Es una cuestión de educación, agrega, porque el respeto a la integridad, a las libertades, a la intimidad y a la salud de las personas, “es algo que nos compete a todos”.