La subasta de las áreas naturales

Más de la mitad de la zona núcleo de la Sierra de Manantlán en Jalisco, área natural protegida y Reserva de la Biosfera, está concesionada para su explotación minera, revela la asociación Fundar. Jalisco es el quinto estado del país con la mayor superficie concesionada para esa actividad extractiva

09 de Jul, 2018

[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_62eakjil” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Más de la mitad de la zona núcleo del área natural protegida de la Sierra de Manantlán en Jalisco y Colima, considerada además Reserva de la Biosfera, se encuentra concesionada para su explotación en actividades mineras, revela la asociación Fundar Centro de Análisis e Investigación.

Cada área natural protegida (ANP) del país debe tener delimitadas las zonas núcleo y las de amortiguamiento, en las primeras es donde se concentran sus mayores activos ambientales, indica el estudio recién publicado por Fundar “Anuario 2017. Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”.

Dentro de las zonas núcleo, advierte el documento, “está prohibido cualquier tipo de aprovechamiento que altere los ecosistemas. En la zona de amortiguamiento de las ANP, sólo se puede considerar la extracción de recursos naturales no renovables en la subzonificación de aprovechamiento especial, siempre y cuando no se deteriore el ecosistema, no se modifique el paisaje de forma sustancial, ni se causen impactos ambientales irreversibles (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental art 47 bis)”.

Esa prohibición, sin embargo, no se está haciendo valer en la área natural protegida de la Sierra de Manantlán. En ésta la zona núcleo mide 41 mil 924 hectáreas, pero en ella se encuentran concesionadas a privados para su explotación minera 22 mil 758 hectáreas, esto es, el 54.3 por ciento del corazón ambiental de la Reserva.

En la entidad jaliscience hay un millón 515 mil 861 hectáreas de territorio concesionadas a privados para su explotación en actividades mineras, informa Fundar

A nivel nacional el panorama es igual de desalentador. “No obstante la prohibición expresa de llevar a cabo cualquier tipo de aprovechamiento al interior de las zonas núcleo, la Secretaría de Economía ha otorgado casi 60 mil hectáreas de concesiones mineras al interior de estas zonas en las ANP federales”, señala el informe.

Estado concesionado

Jalisco es el quinto estado del país con la mayor superficie de su territorio concesionada a privados para actividades mineras, con un millón 515 mil 861 hectáreas, señala Fundar, aunque precisa: “Una concesión minera no es igual a un proyecto minero, sin embargo, las concesiones son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales”.

De esta manera, Jalisco se ubica solo por debajo de las siguientes cuatro entidades en materia de superficie concesionada a la minería:

Sonora, en el primer sitio, con 3 millones 898 mil 274 hectáreas concesionadas para ese sector; en el segundo, Chihuahua, con 2 millones 139 mil 172 hectáreas destinadas al mismo fin; en tercero, Durango, con un millón 971 mil 482 hectáreas; y Zacatecas, en cuarto, con un millón 693 mil 065 hectáreas.

Con ese 1.5 millones de hectáreas de tierras jaliscienses en manos de privados para la extracción de sus minerales, Fundar estima que toda una quinta parte del territorio del estado está concesionado con ese destino económico, esto es, el 19.3 por ciento.

La zona núcleo de la Sierra de Manantlán mide 41 mil 924 hectáreas, pero se encuentran concesionadas 22 mil 758 hectáreas, es decir, el 54.3 por ciento

Solo hay tres entidades que superan a Jalisco con una proporción mayor de sus territorios en concesión de las empresas mineras, a saber, Colima, el primero, con el 41 por ciento de todas sus tierras entregadas al sector minero; Zacatecas, con el 22.5 por ciento de las suyas; y Sonora, con el 21.6 por ciento de su superficie bajo esta categoría jurídica.

Hasta diciembre de 2017, señala el estudio, “un total de 24 mil 709 concesiones mineras vigentes se encontraban en la superficie terrestre del país, abarcando 20.79 millones de hectáreas. Existen además 14 concesiones mineras en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina”.

Áreas naturales bajo amenaza

De acuerdo con el documento, la totalidad de las áreas naturales protegidas del país en todas sus modalidades, incluyendo las del ámbito federal, estatal y municipal, los sitios Ramsar y las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), suman una superficie de 30 millones 891 mil 547 hectáreas.

Sin embargo, de toda esa extensión que se supone está blindada jurídicamente por su riqueza ambiental, Fundar indica que el 7.2 por ciento está concesionado para la minería, esto es, 2 millones 225 mil 455 hectáreas dentro de las áreas naturales protegidas, mismas que alojan no menos de 74 proyectos mineros.

La existencia de concesiones mineras al interior de las áreas naturales protegidas representa un riesgo mayúsculo, pues como señala el estudio:

“La minería es una de las actividades industriales que causan mayor impacto sobre el medio natural, la de superficie, conlleva la devastación total del ecosistema en el que se practica, ya que implica la remoción local de todas las especies de plantas y animales, y de los procesos y funciones que existían en esos ecosistemas; afecta también la disponibilidad y calidad del agua y libera gran cantidad de partículas y emisiones tóxicas a la atmósfera”.

Dicha “devastación ocurre durante todo el ciclo minero, desde la exploración, extracción, beneficio y transformación de minerales, que incluyen los lixiviados y gases que se desprenden en los procesos de trituración, lavado, corrosión y mecanismos químicos de separación”.

Riesgo en más áreas naturales

En Jalisco otras dos áreas naturales protegidas en su territorio tienen proyectos mineros en su interior, se trata de la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 Nayarit (CADNR) y la Sierra del Águila, la primera con nueve de oro y plata; y la segunda con tres también de oro y plata, según datos del Servicio Geológico Mexicano analizados por la asociación.

Ante ello, concluye Fundar: “Autorizar actividades mineras dentro de las áreas naturales protegidas es incompatible con la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que en estos espacios se busca lograr. Por tanto, es urgente que el gobierno mexicano revise y cancele el otorgamiento de concesiones mineras al interior de áreas naturales protegidas y se comprometa a mantener una política minera acorde con la legislación ambiental, dando así cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia”.