La tentación del poder
Andrés Manuel López Obrador llegará a la presidencia con la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el apoyo de los gobernadores y el de los empresarios, lo que le dará el poder suficiente para llevar a cabo los cambios que desee pero que también lo obligará a cumplir su promesa de construir un gobierno democrático y no uno autoritario
Imelda García[kaltura-widget uiconfid=”38728022″ entryid=”0_9foy5vtm” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /]
Andrés Manuel López Obrador tendrá todo sobre la mesa para hacer realidad sus planes y ejercer el poder plenamente—al menos— los próximos tres años.
El reto constante de estos tres primeros años de la nueva administración será no caer en la tentación del poder absoluto, pero tampoco en la de dejar las cosas como están
Este poder de decisión lo tendrá gracias a los 30 millones de votos que se llevó; el respaldo obligado de los gobernadores; el apoyo converso de la cúpula empresarial; el Congreso de la Unión a su favor; 19 congresos estatales con mayoría; una reingeniería de la administración pública para colocar representantes en cada estado; la colocación de políticos cercanos en lugares clave; la concentración de la comunicación social en el gobierno central y el distanciamiento que tiene con la sociedad civil organizada.
La presentación de sus 50 medidas para la austeridad y el combate a la corrupción, así como otras propuestas que se han ido deslizando en las mesas de trabajo de López Obrador y quienes serán los miembros de su gabinete, dejan ver los cambios que vendrán en los próximos meses y algunos de ellos apuntan a la concentración del poder en el gobierno obradorista.
La concentración de las tareas de comunicación en el gobierno central o el envío de personajes cercanos como “coordinadores de programas de desarrollo” que tendrán en sus manos la representación del gobierno federal en los estados, abonan a que una vez que llegue al poder, AMLO y su equipo concentren poder hacia el exterior.
Ya desde algunos sectores se ha lanzado el llamado a vencer la tentación de ejercer el gobierno con autoritarismo; pero también vencer la tentación de olvidar y dejar pasar los casos que han sacudido al país, desde Ayotzinapa hasta Tlatlaya o Nochixtlán.
Las siguientes semanas serán clave para concretar los cambios que el virtual presidente electo planea ir concretando en cuanto la 64 Legislatura comience sus actividades el 1 de septiembre próximo.
Congreso en la mano
El virtual presidente electo y su equipo han anunciado una serie de medidas que prometen comenzar a transformar la manera en que se ha organizado el gobierno y el servicio público en México; muchas de ellas requieren de la aprobación en el Congreso de la Unión, cuya mayoría sustentan los partidos que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a ganar la Presidencia de la República.
Estas medidas van desde la baja en los salarios, la reducción de personal, la venta de las aeronaves del gobierno federal o la consolidación de las compras gubernamentales; hasta la prohibición de tomar alcohol en oficinas públicas, de comprar vehículos nuevos o que los funcionarios de Hacienda no puedan acudir a convivencias con proveedores del gobierno.
Concretar las propuestas del futuro presidente de México es más posible que nunca porque, para las que necesitan aprobación legislativa, cuenta con la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Para algunos, el hecho de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado representa la posibilidad de hacer un mal uso del poder o caer en decisiones autoritarias.
Ayer, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) incluso hizo un llamado a evitar que estas mayorías en el Congreso sean mal utilizadas.
“Ante este momento histórico de la vida democrática de nuestro país vuelve a adquirir relevancia garantizar la efectividad de los contrapesos en las Cámaras del Congreso de la Unión.
Para Hugo Garciamarín, politólogo y catedrático de la UNAM, el hecho de que los aliados Morena, el PT y el PES, afines a López Obrador, tengan la mayoría en el Poder Legislativo no es necesariamente un cheque en blanco para el ganador de las elecciones.
“(La mayoría en el Congreso) le da el colchón suficiente para transformar lo que él ha planteado. Y si en tres años logra generar cambios sustantivos a partir de esta “luna de miel”, por así decirlo, podrá incluso mejorar en tres años la opinión del momento; sobre todo en algunos lugares donde no tuvo mayoría.
Esto le da un margen de maniobra que a cualquier jefe de Estado le gustaría tener y sin que esto sea antidemocrático, sino todo lo contrario, es resultado de lo que democráticamente ha expresado la población”, expuso Garciamarín en entrevista.
José Fernández Santillán, analista político y académico del Tec de Monterrey, considera en cambio que el hecho de tener una mayoría en el Congreso reviste a López Obrador de un poder inusitado que lo compromete a cumplir sus promesas para evitar una caída estrepitosa.
“¿Qué va a pasar cuando no cumpla? Pues la gente se le va a empezar a voltear, la gente va a empezar a quitarse el velo de los ojos, a desengañarse, y entonces va a haber problemas porque no lo van a poder quitar de presidente y no le van a poder quitar la mayoría en el Congreso, pero lo que él sí puede hacer es gobernar o malgobernar el país con la mayoría que tenga en el Congreso”, comentó en entrevista.
El académico prevé que López Obrador terminará por imponer su mayoría en las decisiones públicas.
Los nuevos aliados
Una vez que ganó la elección, Andrés Manuel López Obrador se hizo del apoyo de sectores y personajes que hasta hace unas semanas criticaban abiertamente sus propuestas.
Se trata de la cúpula empresarial del país, cuyos miembros más prominentes incluso grabaron un video para expresar su apoyo al virtual presidente electo; y los gobernadores, incluidos algunos con quienes López Obrador tuvo diferencias en la campaña política.
En el primer caso uno de los asuntos que se ha empujado desde algunas organizaciones civiles y empresariales ha sido el de la necesidad de una fiscalía independiente, tema para el que López Obrador ha ido aceptando la presencia de organizaciones de la sociedad civil.
Desde esas organizaciones no gubernamentales se ha insistido en la necesidad de que la Fiscalía General de la República sea un ente autónomo que permita terminar con la impunidad y la falta de justicia.
Un fiscal general a modo, nombrado desde el Ejecutivo, complica esa autonomía; aunque López Obrador ha insistido en que los nuevos fiscales serán plenamente independientes.
Además de ellos, los gobernadores son otro de los grupos que el virtual presidente electo se ha echado a la bolsa.
En un pronunciamiento firmado por 30 de los 32 mandatarios estatales en el marco de una reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el virtual ganador de las elecciones, los mandatarios refrendaron que estarán dispuestos a ayudar al nuevo gobierno a concretar “la cuarta transformación” del país.
Esto, a pesar de que López Obrador ha anunciado que desaparecerá las delegaciones de las dependencias del gobierno federal para implantar un solo representante del Ejecutivo en las entidades.
Estos representantes serán políticos cercanos al virtual presidente electo y manejarán los programas gubernamentales en los estados, lo que quitará poder a los mandatarios estatales.
Andrew Paxman, historiador y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que López Obrador debe fortalecer el federalismo y que en los estados se abran espacios a una verdadera democracia, no a una simulación.
“Ojalá que él (López Obrador) tenga una visión suficientemente institucional para desarrollar y promulgar reformas al sistema federal. Un caso concreto es la ley que vigila o que regula la canalización de fondos del erario central a los estados”, indicó Paxman en entrevista.
Desde su visión, tiene que haber una reforma hacendaria que debe insistir en que los gobiernos estatales deben transparentar la aplicación de todos los recursos públicos.
Otro reto del gobierno de López Obrador, comentó el académico, es fortalecer los congresos estatales y los órganos autónomos de los estados para que haya rendición de cuentas en las entidades del país.
Vencer a la desmemoria
No todas las tentaciones que tendrá el gobierno de López Obrador tienen que ver con un desmedido ejercicio del poder; también está la tentación de la omisión y del olvido.
Para Emma Landeros, periodista y autora del libro “Nochixtlán. Un domingo negro. Radiografía de una masacre” (Aguilar, 2018), el nuevo gobierno debe poner atención no sólo en lo que hará para construir su forma de ejercer el poder, sino debe voltear hacia atrás para ver a quienes sufrieron heridas en este sexenio y que están a la espera de justicia.
Sea en casos emblemáticos como los desaparecidos de Ayotzinapa, los asesinatos en Tlatlaya, Apatzingán y Nochixtlán o en otros muchos que quedaron en el anonimato, pero igual siguen a la espera de justicia.
“Él (López Obrador) cuestionaba mucho la violación a los derechos humanos con los gobiernos; hemos visto de alguna manera sus propuestas (…) creo que están dando los pasos o sentando las bases para que, en efecto, haya un camino a la defensa de los derechos humanos y hacia la justicia de las masacres.
Lo importante es priorizar las que han quedado en el olvido porque Ayotzinapa de alguna manera es lo emblemático, y sabemos que va a ser el primero; pero que no se olviden de los que no se mencionan”, comentó Landeros en entrevista.
El nuevo gobierno, insiste, sí debe ver los grandes temas que afectan al país y cómo se pueden ir solucionando, pero sin dejar de pensar que a las víctimas poco les importa la macroeconomía o el tipo de cambio, ya que continúan esperando que se haga justicia para los seres queridos que fueron asesinados o están desaparecidos.
El próximo presidente deberá usar su poder no sólo para mejorar la economía o el empleo, sino para sanar al país erradicando la impunidad.
Las alianzas y el poder del nuevo mandatario deberán ser usadas no sólo para mejorar la economía o el empleo, insistió, sino para comenzar a sanar al país no permitiendo la impunidad.