La toma de San Juan de Los Lagos

Uno de cada 10 oficiales municipales en Jalisco ha sido desarmado por la sospecha de colaborar con el crimen organizado. El caso más reciente es el de la Policía de San Juan de los Lagos, con la que son 15 las corporaciones locales intervenidas por el Gobierno estatal
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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Con el reciente desarme decretado de la Policía de San Juan de los Lagos, en Jalisco, por presuntamente tener nexos con la delincuencia organizada, ya son 15 las corporaciones municipales que han sido intervenidas por el Gobierno de Jalisco por esta razón.

Los registros de las autoridades estatales indican que con este caso, los oficiales municipales en Jalisco que han tenido que ser sacados de sus labores por la sospecha de que trabajan para el crimen organizado ascienden a mil 142 en el periodo 2014-2020.

El INEGI estima que las 125 corporaciones municipales de Jalisco están integradas en total por 11 mil 361 agentes en todas sus jerarquías. Esto significa que uno de cada 10 policías municipales en el estado han sido desarmados en algún momento ante la presunción de tener vínculos con los criminales.

La política de desarme de las policías locales por parte del Gobierno del estado comenzó a implementarse durante el gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz en el 2014 y ha continuado hasta ahora.

Uno de los factores del desarme de San Juan de los Lagos fue que no apoyaba en los operativos de la región

Pero eso no ha logrado que las corporaciones municipales sean más capaces para frenar los embates de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el caso de San Juan de los Lagos, un municipio cercano al estado de Guanajuato, las autoridades reconocen que su cabecera prácticamente se encontraba tomada por contingentes de personas armadas que se movilizaban sin ser detenidos por la policía municipal, según el decreto emitido por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para intervenir al municipio.

“Tomando en consideración las múltiples denuncias ciudadanas sobre el avistamiento de vehículos con gente armada por las calles de la cabecera municipal, presumiblemente miembros de la delincuencia organizada, y la falta de coordinación que han generado los mandos municipales con instancias federales y estatales en materia de seguridad pública, dicha cuestión ha afectado al buen gobierno y la paz pública, los cuales por su propia naturaleza y magnitud han rebasado las capacidades institucionales de la fuerza pública al mando del presidente municipal”, se lee.

El decreto publicado el pasado 24 de febrero, además dice que la situación en San Juan de los Lagos “altera la seguridad de la población y transeúntes de este municipio, lo que implica la existencia de alteraciones graves al orden público y exige medidas adecuadas para su atención”.

El eslabón más débil

El historial de policías municipales que han sido intervenidas por el Gobierno de Jalisco, en el periodo 2014-2020, evidencia que la delincuencia organizada ha podido infiltrarse tanto en ayuntamientos del interior de la entidad, con una pobre capacidad presupuestal, como en aquellos que forman parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

De los 15 ayuntamientos cuyas comisarías han sido desarmadas en algún momento por las fuerzas estatales en Jalisco, figuran dos que están integrados a la ZMG: Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque.

En el caso de Tlajomulco de Zúñiga, municipio que es reconocido como un fuerte asentamiento del CJNG, la policía municipal fue intervenida el 2 de febrero de 2017.

Ese día fueron desarmados 100 de sus oficiales bajo la presunción de estar coludidos con el crimen organizado.

Mientras que el 11 de marzo de 2018 fueron desarmados 467 elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque, la mayor operación de esta naturaleza que ha implementado el Gobierno de Jalisco.

La respuesta del Gobierno de Tlaquepaque y su alcaldesa, María Elena Limón García, también fue inédita, pues promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la determinación del entonces gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, por haber asumido el control de su policía municipal.

La hora de Sayula, después de San Juan de los Lagos

Entre las policías municipales que han llegado a ser desarmadas por el Gobierno de Jalisco no está todavía la de Sayula, a pesar de que en diciembre de 2019 fue exhibido un video en el que se observa a sus elementos obstaculizar un operativo del Ejército Mexicano.

En la grabación se ve cómo dos patrullas de Sayula encajonan a un vehículo del Ejército. Posteriormente se dio a conocer que los militares iban en busca de personas armadas en esa localidad.

En el caso de la Policía de San Juan de los Lagos, uno de los factores que influyó para que fuera desarmada fue que no colaboraba con los operativos federales y estatales, expuso Macedonio Tamez Guajardo, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco.

“Llevamos en este gobierno casi 15 meses y a lo largo de este periodo hemos observado poca diligencia y compromiso de la comisaría municipal de San Juan de los Lagos, negándose a responder, negándose a apoyar en operativos realizados en la región.

“No dando respuesta a peticiones, además de reportes de inteligencia que hablan del libre tránsito y flujo de gente armada por el municipio, sin que esta policía respondiese, de tal manera que la suma de estos hechos dio lugar a la decisión”, dijo.

Tamez Guajardo agregó que además sumaron información de inteligencia tanto federal como estatal en cuanto a una posible infiltración de delincuencia organizada en esta corporación.

El presidente municipal de San Juan de los Lagos es Jesús Medina Briseño, emanado del Partido Nueva Alianza (Panal).

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