‘La tortura disminuyó’

La baja del número de quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) por tortura tiene un explicación: “existe más capacitación”.

Refiere en entrevista con Reporte Indigo el presidente del organismo defensor de derechos humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien destaca que durante su dos periodos como titular de la dependencia se han capacitado a más de 40 mil, la mayoría policías. 

El presidente alega que, pese a las críticas de instancias internacionales por la constante violencia en las detenciones en el país, el fenómeno en Jalisco va en descenso.

“Si las leyes lo prohíben y lo sancionan ¿entonces cuál es la razón de que el problema siga prevaleciendo? Aunque hay que decirlo: ha venido disminuyendo”, apunta Álvarez Cibrián, quien matiza el problema aduciendo a que es un delito que no es nuevo y que ya existen leyes federales y locales que procuran su protección. 

Para la CEDHJ hablar de tortura “es hablar de un acto que debe de ser sancionado, que se debe de prevenir, actos que deben salir de la esfera de la opinión pública, pero  a su vez también hay que verlo como actos que generan impunidad”.

Considerando que el pico más grande de quejas por tortura se dio en el año 2003, con 153 casos, las cifras de 2013, son ínfimas ya que sólo se registran cinco casos, de acuerdo con los datos de Álvarez. 

La cifra contrasta ligeramente con lo expuesto por el segundo visitador César Orozco Sánchez, quien en entrevista con Reporte Indigo señalaba que eran seis las quejas por tortura. Lo que muestra imprecisiones en el conteo de los casos. 

De hecho, las cifras que da la CEDHJ sobre tortura en los últimos 13 años tienen algunas diferencias, como las que expone el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

En el año 2004 la CEDHJ dice que hubo 153 quejas, mientras que el CEPAD habla de 155. Por su parte la CEDHJ apunta que en el 2005 hubo 128 quejas, mientras que el CEPAD contó 132. La cifras del CEPAD se obtuvieron mediante solicitudes de transparencia.

La gran mayoría de las quejas interpuestas son en contra de personal de la extinta Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía Central, a cargo de Rafael Castellanos, y en donde recientemente se nombró como director de averiguaciones previas, (Área de investigación judicial) a Américo Meléndez Reyna.

El pasado 24 de septiembre Reporte Indigo publicó el expediente oscuro del recién nombrado director Meléndez Reyna, quien colaboró con la Policía Judicial de Nuevo León en la década de los 90 y quien además formó parte de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) durante el sexenio del expresidente panista Vicente Fox. 

A Meléndez Reyna se le involucra en el caso de la muerte de Gerardo Villareal Rodríguez a manos de personal de su corporación en 1998. El fallecido fue acusado de robo y detenido en Linares, Nuevo León, para luego ser encontrado muerto en una fosa por los golpes que los policías le dieron. 

Como titular de la Femospp también se le acusó de querer presionar para arrancar declaraciones a conveniencia de sus investigaciones.

Pero el pasado oscuro del actual director de averiguaciones previas no es motivo de comentario para el presidente de la CEDH,  Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien evadió el tema alegando con simpleza que las acusaciones en su contra fueron en otro tiempo y que no es atribución de la Comisión definir los perfiles de otras dependencias:

“Debemos de dejar muy en claro que cada instancia debe hacerse responsable de sus propios actos y sus propias decisiones, no es la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la que le corresponde decidir cómo se deben hacer los nombramientos en las instancias.

“La Comisión no puede ni tiene la facultad de determinar qué perfiles son los que deben laborar en las instancias, a nosotros nos corresponde en dado caso buscar que los servidores, sea quien sea, se ajusten al pleno respeto de los derechos humanos en su actuar”, dijo Álvarez.

La ONU condena tortura

En el último informe del Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas, se señala que la tipificación de la tortura en México no es compatible con lo que está dispuesto en la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La situación se agrava en los estados como Jalisco, dice el documento, en donde se utiliza al arraigo (privación de la libertad hasta por 40 días) como método de investigación. 

Dicha figura legal fue elevada a rango constitucional a nivel federal, situación que fue condenada por la ONU.

El Comité contra la Tortura señaló en octubre del 2012 que preocupa “gravemente” el hecho de que sigan perpetrando “torturas y malos tratos a los detenidos con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias”.

El artículo primero de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes señala que la tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión”.

La tortura solo ocurre cuando “dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

El único aspecto positivo que destaca el Comité contra la Tortura, es que el Estado mexicano haya aprobado la  reforma constitucional de justicia penal y seguridad pública, estatuto legal que da vida al sistema de Juicios Orales.

Sin embargo, la implementación del Sistema Penal Acusatorio es uno de los grandes pendientes de justicia en estados como Jalisco, que se ubica entre las entidades federativas más rezagadas en el tema.

Su desinterés en la aplicación de juicios orales ha valido la crítica de instancias como la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso que cuestionó la poca seriedad de Jalisco en el tema.

De hecho, la nueva administración del Poder Judicial de Jalisco ni siquiera ha adecuado las instalaciones para juicios orales. El último piso de la Ciudad Judicial, donde estarían las salas, luce en obra negra.

Fiscalía central, la más señalada

No solo tienen a un director de averiguaciones previas con antecedentes de violación a derechos humanos y tortura, la Fiscalía Central también acumula un historial negativo entorno a dicho delito.

El informe del CEPAD señala en el documento Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009 que en Jalisco la tortura sigue siendo un fenómeno común.

En ese periodo de tiempo la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía Central, sumó más de 803 quejas por tortura.

En el periodo de gobierno del panista Francisco Ramírez Acuña se acumularon 699 quejas. 

Mientras que en el periodo de gobierno de Emilio González Márquez se registraron 166. La cifra incluye las cinco quejas interpuestas en este año, pero que aluden a autoridades de la pasada administración.

Según el presidente de CEDHJ, al gobierno de Aristóteles Sandoval aún no se le acredita ninguna queja por tortura.

No obstante, a pregunta expresa de las imágenes de los detenidos por el asesinato del exsecretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, en las que se mostraban severos daños físicos en el rostro, el presidente señaló que ante todos los casos se debe aplicar el criterio de  “no prejuzgar”.

“En este caso particular, no hay un asunto concluido de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos , en su momento llegó a haber alguna petición de acudir,  pero hasta el momento, de lo que yo recuerdo, me pareciera, con reserva de estarme equivocando, que no hay una queja en trámite por esos actos”, concluyó Álvarez Cibrián.