La reforma jurídica que promueve el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para dejar atrás de forma definitiva a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pretende sustituir a esa instancia por una Asamblea General de Gobernadores que quedaría reconocida por la propia Constitución Política de México.
Según lo expone el gobernador en su iniciativa, la Conago, que fue constituida formalmente el 12 de julio de 2002, en Cancún, Quintana Roo, fue concebida con una deficiencia de origen que la ha desarticulado del presidente de la República.
“Su creación se dio a partir de una figura del derecho privado como una asociación civil que contemplaba en su acta constitutiva y estatutos la conformación voluntaria de los titulares de las entidades federativas que no violara el texto constitucional pero que bajo esta lógica no tenía ninguna vinculación legal entre la Conago y el Poder Ejecutivo“, explica la iniciativa.
La reforma propuesta por el gobernador jalisciense establece que tanto el presidente de la República como sus dependencias estarían obligados a responder a los llamados de la Asamblea General de Gobernadores
Para corregir la carencia de ese “vínculo legal”entre el órgano representativo de los gobernadores y el presidente de la República, lo que propone Alfaro Ramírez es que la Constitución del país contemple la existencia de una Asamblea General de Gobernadores.
Ésta funcionaría como “un espacio del más alto nivel mediante el cual se establezca una relación directa y formal entre los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas y con el titular del Poder Ejecutivo Federal”.
Para ello, la propuesta del mandatario de Movimiento Ciudadano (MC) busca integrar al artículo 120 de la Constitución Política de México lo siguiente: “La Asamblea General de Gobernadores será la sede permanente para la vinculación, colaboración, diálogo, intercambio de información y coordinación entre los gobernadores de las entidades federativas y la Ciudad de México con el titular del Poder Ejecutivo Federal”.
En dicha reforma se establece que tanto el presidente de la República como sus dependencias quedarían obligados a responder a los llamados que reciban de la Asamblea General de Gobernadores, por lo que se estaría garantizando que exista comunicación entre las esferas federal y estatal.
El mismo artículo 120 constitucional diría también, por lo tanto, que: “El pleno de la Asamblea se reunirá al menos dos veces al año con la participación del titular del Poder Ejecutivo con el propósito de fomentar un Federalismo más participativo. Las mociones que la Asamblea presente al Ejecutivo federal y a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán tener una respuesta formal por parte de la autoridad a la que fue dirigida y deberá darse cuenta de éstas en las reuniones semestrales, con la finalidad de llegar a un acuerdo y tomar las medidas coordinadas y participativas necesarias para atenderlas de manera definitiva”.
Alianza Federalista, inocua
El mandatario jalisciense es uno de los integrantes del grupo llamado Alianza Federalista, que se ha ido consolidando como un bloque opositor al gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, particularmente en lo que se refiere al manejo y distribución de los recursos públicos.
Sin embargo, en su iniciativa Alfaro Ramírez reconoce que los proyectos de la Alianza Federalista –la cual abandonó la Conago en septiembre pasado– no tendrán efectos mientras no se trate de una institución reconocida por el marco constitucional; así lo señala:
“Bajo la idea de fortalecer el Federalismo, en julio del presente año los gobernadores de las entidades de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas se reunieron de manera virtual y expresaron la importancia de avanzar hacia un nuevo Federalismo cooperativo y responsable (…) coincidieron, además, en la necesidad de renovar el Federalismo mexicano a partir de un nuevo Pacto Fiscal“.
Pero advierte Enrique Alfaro Ramírez:
Es importante señalar que estos esfuerzos de cooperación y coordinación que se realizan desde las entidades federativas, y como vimos en algunos casos de manera parcial, carecen de efecto alguno si no encuentran un adecuado espacio y de sustento constitucional (sic)
El berrinche fiscal de Enrique Alfaro
Mientras impulsa esta reforma constitucional cuya aprobación implicaría la sustitución de la Conago por la Asamblea General de Gobernadores, el mandatario del partido Movimiento Ciudadano insiste en la posibilidad de abandonar el Pacto Fiscal Federal ante lo que considera un trato presupuestal injusto para el estado.
Este 5 de noviembre, en un encuentro con el Colegio de México, dijo el gobernador Enrique Alfaro: “Si a nuestra petición de diálogo lo que tenemos es un golpe de puerta en la nariz, si lo único que tenemos es desdenes y cerrazón para dialogar, de una vez lo digo: Jalisco sí se va a tomar en serio el iniciar el debate sobre nuestra permanencia o no en el Sistema de Coordinación Fiscal”.
Aun cuando ello: “Implicaría entre otras muchas cosas crear un sistema tributario propio y eso no es un asunto para hacerse de la noche a la mañana”.
Aunque se le ha cuestionado al mandatario que su confrontación continua con el presidente López Obrador busca promocionar su imagen a nivel nacional para sus proyectos políticos venideros, el mandatario asevera que la Asamblea que promociona no responde a ese interés:
“La construcción de este espacio está por encima de toda lógica electoral pues busca consolidar un espacio efectivo de diálogo e interlocución más allá de la composición actual o futura del tablero político-partidista”, señaló.
Ante la falta de comunicación que impera entre el presidente y la Alianza Federalista opositora, la asamblea buscaría fungir, dice la iniciativa, como “un mecanismo para la deliberación con el Ejecutivo federal, cuando sus decisiones incidan en el desarrollo y bienestar de los intereses de los estados y consolidarse como un verdadero espacio de interacción entre los actores locales y federales para que se ejerzan sus competencias de manera coordinada”.
El planteamiento fue respaldado por el Congreso de Jalisco por lo que este 29 de octubre fue remitido al Congreso de la Unión para su estudio.
