Lanzan campaña contra la tortura

Arrancó la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura. Constituye una iniciativa, ambiciosa pero viable, para consolidar la armonización y democratización del sistema penal mexicano.

Iniciativa del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) se lanza desde la sociedad civil y va arropada por el conocimiento de expertos en temas penales y derechos humanos. Busca garantizar que la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal acusatorio se rija por los más altos estándares legales y el respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con Silvano Cantú, vocero oficial de la campaña, ésta ha surgido por dos grandes preocupaciones.

Cita un único, pero contundente, indicador. En la administración calderonista las quejas presentadas en materia de tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se dispararon de forma alarmante: “Del inicio al final del sexenio pasado (hubo) un incremento mayor al 500 por ciento, cerca del 550, en el número de quejas por violación de los derechos humanos relacionadas con hechos posiblemente constitutivos de tortura.

“Esto se ha nutrido, desde luego, de la adopción de normatividad y políticas en materia de seguridad que han privilegiado el uso reactivo y desproporcionado de la fuerza, así como pesquisas masivas no solo por parte de la autoridad –que tradicionalmente se ocupaban de la persecución de delitos– sino también ahora de las Fuerzas Armadas”, indica el investigador en entrevista con Reporte Indigo.

Un sistema podrido

Lo anterior ha significado que la privación de libertad y la práctica del arraigo penal se han ampliado de manera discrecional en el sistema de justicia.

Un conjunto de instituciones y normativas han propiciado este incremento, según Cantú, que también es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLACSO. 

De ahí se desprende la segunda motivación para la campaña: las instituciones y los procedimientos están obsoletos. Su marco jurídico y la metodología de investigación “son totalmente inadecuados frente a las nuevas obligaciones que el Estado eleva a rango constitucional. Es decir, a partir de la aprobación y publicación de la reforma constitucional en material de derechos humanos”.

Explica Cantú que el Estado queda muy por detrás de las expectativas de democratización y modernización del sistema penal. Hasta el punto de poner en riesgo la viabilidad del sistema acusatorio.

“La gran diferencia entre un sistema penal –autoritario, viejo, inquisitivo– respecto a un nuevo sistema penal –acusatorio, moderno, democrático– es justamente que ninguna institución, ninguna práctica de investigación, ninguna medida que restrinja la libertad sean practicadas incumpliendo las obligaciones en material de derechos humanos”, afirma.

Erradicación

El objetivo primordial de la campaña del Insyde es lograr la erradicación absoluta de la tortura en casos denunciados y en los no notificados.

Ello supone –de acuerdo con el especialista en derechos humanos– mucha investigación, rediseñar los protocolos de actuación del Ministerio Público y de la policía así como del marco que rige en materia de prevención y sanción de la tortura.

Por ello, precisa, “los componentes de la campaña nacional giran sobre las principales deficiencias del sistema que hacen que la tortura sea una práctica persistente”.

Una de las primeras metas es diseñar una propuesta de legislación, armonizada con los estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos. Para que tanto en el plano federal como en los Estados se adopte una legislación “realmente efectiva y no solamente ornamental en la prevención de la tortura”.

Para lograr lo anterior, Cantú dice que se necesita incidir en la regulación y no solo en la ampliación de la definición de tortura. Tal y como ahora está tipificada, da pie a una reclasificación de las conductas que, en su mayoría, quedan impunes.

Otro dato revelador: en los últimos 10 años en México solo se ha dictado una sentencia condenatoria contra la tortura. Ocurrió en el Distrito Federal y fue del fuero común. 

“Por eso queremos que la definición sea mucho más amplia. Que se pueda quitar la gravedad de los daños y sufrimientos que se infringen para que no haya un riesgo de que el juzgador considere no hay tortura porque no lo considera grave y lo reclasifique como lesiones, abuso de la autoridad o algún otro delito”, sostiene el investigador.

Para contar con una legislación efectiva, que impacte en el sistema acusatorio, la regulación de los jueces de control es fundamental, concluye Cantú.

Objetivos

> Hace un llamado extenso y abierto para que se adhieran organizaciones, expertos e instituciones públicas, sociales o privadas.

> Se reunirá con las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos del Congreso de la Unión así como con legisladores de los congresos locales.

> Fomentará el diálogo con instituciones policiacas y de seguridad, tanto federales como de al menos 15 estados.

> Gestará una capacitación con componentes educativos que trascienda los talleres esporádicos.  Se contempla crear una plataforma on line de contenidos interactivos, pedagógicos para que el acceso a esta campaña sea permanente.

> Se reunirá con organizaciones y defensores de derechos humanos en el país para compartir experiencias, accesar diagnósticos e impulsar una agenda de prevención.