Los abogados de Gordillo son Arturo Germán Rangel, exfiscal del caso Colosio y exsubprocurador de la PGR), José Rigoberto González
El 24 de febrero pasado el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales giró la orden de aprehensión contra Elba Esther Gordillo Morales.
Dos días después, la líder magisterial fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México. Arribaba de un vuelo procedente de la ciudad de San Diego, California.
Se le imputó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.
Con el apoyo de un destacamento de la Marina, policías ministeriales la arrestaron y la trasladaron al hangar de la PGR en el Distrito Federal.
De acuerdo con el procurador Jesús Murillo Karam, no fue posible retener a Gordillo en el Reclusorio Oriente por tener una población exclusivamente masculina.
Por tal motive, el martes fue trasladada en una ambulancia custodiada por la Policía Federal Ministerial de la PGR y de la Marina a Santa Martha Acatitla. Ahí ingresó al filo de las 11 de la noche y no fue sino hasta las tres de la mañana cuando pisó una celda del penal para mujeres.
Ayer, cerca de la una de la tarde, la presidenta vitalicia del SNTE sostuvo su primer audiencia ante el juez Alejandro Caballero Vertiz, encargado del caso.
En su comparecencia tras la reja de prácticas judiciales del Juzgado Sexto, no estuvo sola. La acompañaron Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, dos de sus secuaces, que también fueron arrestados y señalados como dispersores del dinero triangulado para gastos personales de “La Maestra”.
A los tres inculpados el secretario de acuerdos del juzgado en cuestión les comunicó de qué eran acusados: de cometer delitos vinculados a la delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Les informó además que ya contaban con las pruebas documentales presentadas por el Ministerio Público federal. Aquí destacan dos dictámenes periciales en materia contable: uno, lo elaboraron peritos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el otro, peritos de la PGR.
También se dio a conocer que se han presentado tres informes parciales de la Policía Federal Ministerial realizados el 14, 15 y 16 de febrero pasados.
E indicó a los inculpados que contaban con el derecho a presentar las pruebas pertinentes en los tiempos constitucionales.
Por último, les inform de algo más. Que por ser considerados como graves los delitos que se les imputan, acorde al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos, no tenían derecho a la libertad provisional bajo caución. De este modo les fue negada la libertad bajo fianza.
Hasta 16 años de prisión
Según el Consejo de la Judicatura Federal, la acusación contra Gordillo y sus cómplices se vincula con el artículo 4 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, fracción II, inciso a. Dicha disposición contempla una pena de ocho a 16 años de prisión así como entre 500 y 25 mil días de multa.
Por su parte, el artículo 400 bis del Código Penal Federal considera una pena de entre cinco y 15 años de prisión y entre mil y 5 mil días de multa a quien, dentro o fuera del país, opere con recursos de origen ilícito.
Ayer se hizo público además que el plazo para resolver la situación jurídica de los acusados era de 72 horas, pero podía prorrogarse hasta por 144 horas, como ocurrió al final.
Después de que Gordillo informara que su defensa estará a cargo de los abogados Arturo Germán Rangel (ex fiscal del caso Colosio y ex subprocurador de la PGR) y José Rigoberto González, se suspendió la diligencia.
Quince minutos más tarde se hizó público que Elba Esther, como le dicen, apeló al derecho de duplicidad.
Apegándose al artículo 20 constitucional, “La Maestra” se reservó su derecho a rendir declaración preparatoria durante la audiencia que tuvo lugar en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales.
El plazo de las 144 horas para conocer el veredicto de la condición jurídica de la Maestra y sus secuaces ha empezado a correr.
