Aunque la cifra de homicidios es crítica en toda la Ciudad de México, existen cuatro alcaldías cuyo territorio es altamente peligroso para las mujeres por su estadística de feminicidios: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan.

El nuevo gobierno de la Ciudad de México ubicó estas cuatro alcaldías con mayores índices y prepara los protocolos para la declaración de Alerta de Violencia de género, homofóbica y transfóbica en un intento por frenar los crímenes contra este sector de la sociedad.

Las carpetas de investigación que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió por este delito refieren datos, modus operandi, de cómo es que pierden la vida las mujeres en manos de sus verdugos: ahorcadas, lapidadas, baleadas y hasta a martillazos.


De manera oficial, la PGJCDMX reconoce tan sólo 331 casos de feminicidios de 2011 a 2017, de los cuales, el cincuenta por ciento ocurre en estas cuatro delegaciones de la capital. No obstante, organizaciones civiles contabilizan más de 500 casos

La problemática es de urgente atención por lo que en el Presupuesto de Egresos 2019 que la Secretaría de Finanzas presentó al congreso capitalino se contemplan mecanismos de emergencia para detener los feminicidios en la ciudad.

“Crearemos los protocolos para la declaración de Alerta de Violencia de género, homofóbica y transfóbica en las cuatro alcaldías con mayores índices y activaremos mecanismos especiales de emergencia para detener los feminicidios”, precisa el documento.

De manera simultánea propone la creación en el mediano plazo de un centro digital que desarrolle, implemente y administre una plataforma tecnológica escalable para el despliegue de iniciativas en los temas de salud, seguridad y protección civil, entre otros.

Reclamo pendiente de Mancera

Activistas y organizaciones no gubernamentales mantienen una lucha permanente porque el Ministerio Público local reconozca y clasifique aquellos casos cuyos crímenes presentan el patrón de feminicidio a fin de conocer a profundidad zonas, vínculos con el atacante y modus operandi.

Dichos grupos de defensores de derechos humanos, feministas, colectivos y activistas coinciden en señalar que existe una resistencia por parte de la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México (PGJCDMX) para investigar como feminicidio los crímenes de mujeres.

En la capital de la República grupos de activistas solicitaron al gobierno de Miguel Ángel Mancera la alerta de género desde el pasado 7 de septiembre de 2017.

En respuesta, las autoridades capitalinas establecieron un grupo de trabajo para analizar la situación, de  ahí se derivó un informe de la problemática de violencia contra mujeres y asesinatos.


En abril de 2018, el gobierno de la ciudad de México aceptó el informe del grupo de trabajo que se armó para analizar la violencia feminicida y con ello veinte conclusiones para las cuales se le dio un plazo de 6 meses para cumplirlas, de lo contrario, se declararía la Alerta de Género en la ciudad de México

Desde ese abril, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) aprobó un incremento en la pena a quienes cometen esta forma extrema de violencia y aniquilación de las mujeres a partir de la reforma al artículo 148 bis del Código Penal para el Distrito Federal.

De veinte a cincuenta años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio dice la actual Ley. La reforma busca que la mínima se duplique y quede de 40 a 60 años; además de 500 mil días de multa. Además del aumento, aumento de la pena mínima al doble, se pierden los derechos sucesores y la norma local se armoniza con la legislación federal.

En el país, de acuerdo con Inmujeres la alerta de violencia de género ha sido decretada el primer lugar en el Estado de México pero también en once estados más como Michoacán. Veracruz, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Quintana Roo y Nayarit.

En nueve entidades más está como una tarea pendiente, entre estos: Zacatecas, Yucatán, Puebla, Oaxaca, Jalisco, Coahuila, Durango, Campeche y la ciudad de México.


En el sexenio de Miguel Ángel Mancera el parteaguas fue el crimen de Lesvy Berlin Osorio, la joven cuyo cuerpo fue localizado en Ciudad Universitaria y del cual, las autoridades determinaron al principio que fue suicidio; tras la presión familiar y de los grupos de activistas, la dependencia tuvo que recular e investigar como feminicidio el caso