La ASF pide que el Órgano Interno de Control indague sobre
un posible daño patrimonial
La revisión a las cuentas de Pemex que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso como focos rojos dos áreas de la administración central de la petrolera.
Las auditorías sobre la Cuenta Pública 2012 del sector central de la paraestatal, determinaron que existían irregularidades en los servicios médicos y las tecnologías de la información.
Los recursos mal ejercidos, no justificados o que no tuvieron los procesos adecuados, incluyen pagos fuera de los tiempos de contrato, erogaciones sobre pacientes de quienes no se comprobó su existencia y sistemas tecnológicos que se implementaron pero no le sirven de nada a las áreas que pagaron por ellos.
Ahora la ASF pide que el Órgano Interno de Control indague sobre un posible daño patrimonial y finque responsabilidades sobre los servidores públicos que aprobaron estos contratos, los cuales beneficiaron a empresas extranjeras.
Tecnología inservible
La auditoría sobre el aprovechamiento de la infraestructura y servicios de las tecnologías de información tomó como base que se estuvieran dando procesos simples y homologados de tecnología entre las instituciones que conforman Pemex.
Determinaron recursos mal ejercidos, que podrían ser recuperados, por 176.2 millones de pesos.
El dictamen para esta área fue negativo, basado en que los contratos para el Sistema de Gestión por Procesos se pagaron 176.2 millones de pesos, pero los contratos “se encuentran suspendidos y no han generado beneficios a la institución”.
En enero de 2011 la Gerencia de Abastecimiento de Bienes y Servicios de Pemex otorgó un contrato de consultoría para implementar soluciones de negocios que llevaran a la sistematización del proceso de finanzas de la paraestatal.
La compañía consultora multinacional Accenture, S.C. ganó el contrato para una serie de servicios que debían estar listos en diciembre de 2012, al cierre de la administración de Juan José Suárez Coppel en Pemex.
A pesar de que la paraestatal informó a la ASF que el monto del contrato había sido 457.9 millones de pesos, en su portal de transparencia divulgó que éste había sido solamente por 376.3 millones de pesos, esto es, 81.6 millones de pesos menos.
A esta diferencia de monto total se sumaron las irregularidades encontradas por los auditores.
En agosto de 2012, seis meses antes de que el sistema debiera estar implementado, Pemex anunció que suspendía el contrato debido a que Accenture no entendía la complejidad de la operación de la paraestatal.
Entre julio y noviembre, Accenture y Pemex realizaron varias reuniones conciliatorias para tratar de frenar la suspensión, pero ninguna tuvo éxito.
El 6 de diciembre de 2012, cuando Emilio Lozoya llevaba apenas una semana al frente de la paraestatal, notificaron a la empresa que le rescindirían el contrato. Esto tampoco sucedió.
En marzo del año pasado retomaron negociaciones. A pesar de ello, en el momento en que revisaron el caso, los auditores detectaron que los trabajos continuaban suspendidos. Según las reglas de Pemex, estas suspensiones sólo podían llevarse a cabo por casos fortuitos o de fuerza mayor, ninguno de los cuales sucedió con el contrato de Accenture.
La ASF encontró que la compañía debía multas a Pemex por 951 mil pesos, derivadas de la suspensión, que nadie había pagado.
También detectó que estos paros llevaron a que no pudieran cumplirse tiempos de varios contratos relacionados con la misma plataforma tecnológica por 883 mil pesos.
Entre 2011 y 2012, Pemex pagó a Accenture 127 millones de pesos por hacer planos de negocios, análisis de brechas, escenarios de pruebas, rendimientos y conversión de datos, ninguno de los cuales tuvieron “utilidad ni beneficio para el área usuaria”.
La Auditoría informó el 30 de enero al Órgano Interno de Control de Pemex sobre estas irregularidades.
Servicios médicos al personal de Pemex
Los auditores superiores hallaron una situación similar en el sistema de servicios médicos que atiende al personal de Pemex y a sus familiares.
La Auditoría propone que el Órgano Interno de Control de Pemex realice una investigación de posible daño patrimonial sobre 696 contratos no formalizados.
Las irregularidades detectadas fueron en particular sobre 13 contratos firmados en las Coordinaciones Médicas de Zona de Distrito Federal y Guadalajara, además de los hospitales centrales Norte y Sur, ubicados en el Pedregal y Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Entre agosto y septiembre de 2012 el Hospital Central Sur de Alta Especialidad Picacho firmó dos contratos para servicios de radiocirugía con Neurogamma, S.C. y para radioterapia con el Corporativo Oncología, Radioterapia y Radiocirugía, S.A. de C.V.
Se cargaron 9.1 millones de pesos al presupuesto de ese año con dinero de “servicios médicos subrogados” que se habían otorgado después de las fechas que se firmaron los contratos.
Se pagaron usando como pretexto de ese contrato 289 mil pesos que correspondían a servicios prestados en 2010, 5.1 millones por servicios de 2011 y otros 3.6 millones en 2012, pero “fuera de la vigencia del contrato”.
El hospital en Pachuca pagó 157 mil pesos por servicios que se habían dado en mayo y junio de 2011.
En Guadalajara, la coordinación médica de Pemex firmó un contrato con el Hospital México Americano y se cargaron 1.4 millones de pesos al presupuesto de 2012 por servicios que se habían otorgado de octubre de 2010 a octubre de 2011.
Una diabetes irregular
Los auditores encontraron inconsistencias en 16 facturas relativas al contrato para detección de diabetes mellitus, firmado con la empresa Landsteiner Pharma.
El contrato, que estuvo vigente hasta diciembre del año pasado, tuvo inconsistencias en 7.6 millones de pesos.
La documentación comprobatoria de este contrato no incluyó el informe de las consultas brindadas, el tratamiento farmacológico otorgado, los resultados de estudios de laboratorio, el número de sesiones educativas ni la confirmación de asistencia del paciente.
“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5.7 millones de pesos por el pago de 2 mil 909 servicios médico farmacológicos y de control de 628 pacientes sin los soportes documentales justificativos y comprobatorios que acrediten que estuvieron controlados”.
Mensualmente se pagaron 2 mil pesos por paciente “sin acreditar el reporte que evidencie que el paciente estuvo controlado”.
