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Viviendas de los 100 metros cuadrados cada una se construirían con el préstamo


En febrero de 2013, el diario Tribuna de la Bahía publicó que los líderes del sindicato petrolero en Villahermosa desconocían que existiera ningún predio donde se estuvieran construyendo casas para sus agremiados

Una tarde calurosa de octubre de 2011, el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, protagonizó un evento singular en Villahermosa. 

Estaba acompañado del entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier, hoy preso por defraudación fiscal, lavado de dinero y desvío de recursos. 

En representación de Pemex, acudió su director corporativo de administración, Carlos Treviño, ahora director de Financiera Rural.

La cita era para mostrar un terreno de 90 mil metros cuadrados colindante a la zona Country de Villahermosa, uno de los espacios más caros de la ciudad, donde se construirían 2 mil casas para trabajadores petroleros, según reportó el diario Tabasco Hoy.

Dos años más tarde, en marzo de 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) analizó las cuentas relativas al dinero con el que supuestamente se compró este terreno, como parte de su revisión de la Cuenta Pública 2012. 

El recurso provenía, según el sindicato, de un préstamo de 500 millones autorizado por Pemex en julio de 2011 y transferido a la organización gremial en diciembre de ese año, dos meses después de que sucediera el evento de inauguración en Villahermosa.

La Auditoría encontró que no existía una sola casa construida en ese lugar de Villahermosa, donde supuestamente el sindicato liderado por Romero Deschamps había gastado 448 millones de pesos, entre la compra del terreno y los trámites legales. 

Tampoco había ningún inmueble en otro terreno en Atitalaquia, Hidalgo, donde la organización dijo tener ya en desplante 68 casas de un total de 336 que se construirían sobre un área comprada por ellos en 28 millones de pesos. 

El destino de los 500 millones de pesos que la administración de Pemex, entonces a cargo de Juan José Suárez Coppel, entregó sin intereses y por un periodo indefinido al sindicato que dirige el priista Romero Deschamps, motivó un dictamen negativo de la ASF en su revisión de la Cuenta Pública 2012. 

Contrario a la actitud de Pemex y el sindicato, que han alegado la inexistencia de irregularidades en el préstamo, ahora la ASF ordenó al Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex fincar responsabilidades en el caso.

La Auditoría busca que se inicie un proceso administrativo contra los servidores públicos que no analizaron la información sobre el préstamo, no evaluaron que se usara para comprar casas, no detectaron que los pagos habían ido a un destino distinto al acordado ni identificaron si los predios se habían comprado antes o después de que Romero Deschamps obtuviera el dinero prestado por Pemex.

También el OIC deberá determinar a dónde se fueron 26.5 millones de pesos de “honorarios fiduciarios” que no fueron reportados por el sindicato.

Con plazo al 2020

La cronología descrita por la ASF en su dictamen muestra que el préstamo al sindicato por 500 millones de pesos fue aprobado en julio de 2011 por el Consejo de Administración de Pemex. 

Debía pagarse, en principio, como máximo en julio de 2016.

La segunda cláusula del convenio extendía el plazo de pago hasta noviembre de 2020.

“En el convenio no se estipula una fecha límite para liquidar el préstamo, por lo que resulta incierto e indefinido el momento en que Pemex efectuaría, en su caso, la retención y recuperación de las cuotas ordinarias y extraordinarias y de las ayudas para la recuperación total del préstamo”, apuntó la ASF.

Los 500 millones de pesos debían servir para la construcción de 400 viviendas de 100 metros cuadrados cada una. 

Aquí surge la segunda inconsistencia. El terreno comprado en Tabasco se anunció dos meses antes de que Romero Deschamps recibiera el dinero de Pemex. 

Además, serviría para construir 2 mil casas, cinco veces más de las que el sindicato prometió al Consejo de Administración de la paraestatal.

Si Romero Deschamps en efecto construye en el Country las dos mil casas que anunció estaría incumpliendo el acuerdo con Pemex.

Esto porque el espacio comprado obligaría a que cada una tuviera apenas 40 metros cuadrados de terreno, en lugar de los 100 metros previstos por la paraestatal.

A esto se suma que en marzo del año pasado, cuando se realizó la auditoría, ya se habían gastado 436 millones de pesos para adquirir terrenos y 43 millones de pesos en “gastos” no especificados. 

En ese momento solamente quedaban sin erogar 20 millones de pesos “sin que se reportara aún construcción o adquisición de viviendas”.

En febrero de 2013, el diario Tribuna de la Bahía publicó que los líderes del sindicato petrolero en Villahermosa desconocían que existiera ningún predio donde se estuvieran construyendo casas para sus agremiados. 

Una revisión realizada por Tabasco Hoy en el registro público tabasqueño reveló que el terreno se conformaba por cinco predios, que habían costado 410 millones de pesos, en lugar de los 448 millones reportados por el sindicato.

La Auditoría descubrió que no existía ningún mecanismo de supervisión por parte de Pemex que asegurara que los inmuebles construidos beneficiarían a los trabajadores. 

Encontró que el sindicato había comprado también un terreno de 1.2 millones de pesos en Poza Rica, Veracruz, y que se habían incluido honorarios e impuestos que no estaban contemplados en el convenio.

Cuando le pidió a Pemex un detalle de cómo y en qué se había gastado el dinero, se limitaron a reenviarles los mismos informes elaborados por el sindicato. 

Presentaban irregularidades por 32 millones de pesos en los costos para las transacciones que habían sido determinados por la ASF.

Pemex señaló a la entidad revisora que “las diferencias detectadas no resultan significativas… de persistir las mismas, se solicitarán a la representación sindical las aclaraciones correspondientes”.

No era el primer caso. La Auditoría descubrió que el sindicato no pudo justificar que 10 mil 500 créditos otorgados entre 2005 y 2011 habían sido para casas construidas por la organización, gracias a los préstamos sin intereses de Pemex.

Pagos turbios

La revisión de la ASF encontró que Pemex ni siquiera tenía dinero suficiente para otorgar el préstamo, pero hizo los arreglos necesarios para cumplirle a Romero Deschamps. 

Como regla para otorgar este tipo de préstamos, se establece que Pemex debe tener “disponibilidad presupuestal”. 

En julio de 2011 la dirección corporativa de Finanzas informó a la subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales que no contaban con los recursos suficientes para otorgar el préstamo.

Para solucionarlo, realizaron una ampliación por 500 millones de pesos en el rubro “Operaciones Ajenas” y la incluyeron en la segunda adecuación al presupuesto 2011 de Pemex. 

Esta adecuación fue aprobada por el Consejo de Administración y por la Secretaría de Hacienda en julio de 2011, dos meses antes de que Ernesto Cordero dejara de encabezar esa dependencia.

Finalmente, los 500 millones de pesos salieron de una partida nombrada como “Erogaciones recuperables”, que contiene recursos para que los organismos descentralizados y empresas estatales otorguen créditos personas o sindicales. 

Si bien el convenio para el préstamo se firmó en julio de 2011, fue hasta diciembre de ese año cuando Pemex realizó la transferencia de los recursos a la organización.

El Fideicomiso que administraría el dinero se creó después, el 9 de febrero del año siguiente; se reportaron pagos a otros fideicomisos distintos al que debía administrar este préstamo. 

El sindicato “olvidó” reportar además 26.5 millones de pesos que tenía como disponibles de este fondo para vivienda. La ASF detectó la existencia de este dinero y pidió cuentas sobre su destino, las cuales no fueron resueltas por Pemex.

Más aún, la Auditoría determinó que la información era “confusa, lo que impide identificar con claridad la aplicación del préstamo y los instrumentos mediante los cuales se administró”.

En la lluvia de irregularidades que hallaron los auditores, destaca que, en principio, ni siquiera debió existir un préstamo otorgado a los trabajadores a través del sindicato. 

Pemex argumentó que había autorizado el otorgamiento porque el contrato colectivo de trabajo lo obligaba a apoyar a los trabajadores para obtener una vivienda. 

Pero este apoyo debía darse directamente o por medio de un banco. Esto es, Pemex podría haber suscrito contratos de préstamos con cada trabajador o contratar un banco como intermediario. 

No se justifica, según los hallazgos de la ASF, que lo hiciera por medio de la organización liderada por Romero Deschamps.