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La creación de la Guardia Nacional y su entramado jurídico, primeros pasos para poder dar inicio a la estrategia de seguridad que busca implementar el nuevo gobierno, aún no logran concretarse.
Mientras tanto la violencia en México continúa en aumento y las principales fuerzas armadas responsables de atender el problema: las policías civiles de los tres órdenes de gobierno, permanecen cruzados de brazos ante su incapacidad y debilidad para cumplir con la tarea que constitucionalmente les corresponde.
Ante esta situación, el Ejército ha sido llamado para ayudar a garantizar la seguridad pública de la ciudadanía, una tarea para la que nunca han sido capacitados y que hasta la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, quien prometió regresar a los militares a los cuarteles, busca perpetuar con la aprobación del dictamen que busca dar vida a la Guardia Nacional.
De ahí la queja y al mismo tiempo petición del presidente a los senadores de buscar incluir el artículo cuarto transitorio al dictamen de la Guardia Nacional, que fue removido por los diputados, y el cual permitiría a los militares colaborar en tareas de seguridad en lo que se conforma el nuevo cuerpo armado planteado por el tabasqueño.
Los riesgos de militarizar al país han sido discutidos y señalados durante años, tanto por diversas fuerzas políticas como por organizaciones de la sociedad civil ante los escasos resultados en materia de seguridad que se han mostrado a lo largo de los dos sexenios pasados.
El aumento de la violencia, de desaparecidos, de víctimas de tortura y de violaciones a los derechos humanos en general han demostrado que el fuego no se apaga con más fuego.
Frente a estos rezagos en materia policial, Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia, organización que forma parte del colectivo Seguridad sin Guerra, explica que sin el fortalecimiento de las policías, la creación de la Guardia Nacional de poco servirá para revertir la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país.
“Incluso considerando que a grandes problemas grandes remedios, de todas maneras el componente de procuración de justicia queda tan débil con esta nueva solución que todos aquellos casos que puedan procesarse en el sistema judicial a partir de la creación de la Guardia Nacional van a seguir cayendo en las mismas manos débiles de procuradurías estatales poco capacitadas, insuficientes en número, infraestructura, presupuesto y coordinación; por lo tanto nos parece que al final del día, incluso en presencia de la Guardia Nacional, no veríamos grandes resultados”.
Por ello, Sánchez explica que sería preferible que el gobierno tome desde hoy la tarea de fortalecer a las policías, ministerios públicos y los aparatos de justicia.
Un claro ejemplo de que la simple presencia de elementos del Ejército no basta para garantizarle a los ciudadanos su seguridad, fue lo sucedido el viernes pasado en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de 90 personas murieron tras la explosión de un ducto ilegal de gasolina a pesar de que elementos del Ejército se encontraban ahí presentes y les pidieron no acercarse a recolectar el combustible que se estaba regando.
A pesar de las advertencias de expertos como la CNDH o la CIDH, organizaciones civiles y académicos, no es sorpresivo que precisamente hayan sido los gobernadores quienes mayor respaldo han dado a la estrategia de seguridad planteada por el Gobierno federal ante la incapacidad de sus cuerpos locales para enfrentar la crisis de violencia y cumplir con la más sentida exigencia de los ciudadanos.
“El respaldo que los gobernadores ofrecieron a la propuesta del presidente es una manera de lavarse las manos y deslindarse de una responsabilidad que les corresponde exclusivamente a ellos: crear cuerpos policiales capaces de velar por la seguridad de la ciudadanía”, comenta en entrevista Arturo Argente, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey campus Toluca.
Deslindarse de las responsabilidades
Para que la creación de la Guardia Nacional se vuelva una realidad 17 congresos locales deben aprobar el dictamen y dar el visto bueno.
Un paso dentro del proceso que se tiene que llevar a cabo para modificar la Constitución y que suele ser un gran reto, sin embargo, ante las condiciones políticas en las que actualmente se encuentra el país y gracias al apoyo masivo que la ciudadanía le otorgó al partido Movimiento Regeneración Nacional en los comicios del 1 de julio pasado, esta acción parece que será un mero trámite para el partido guinda, pues actualmente cuentan con una mayoría en 19 congresos.
Sin embargo, el apoyo demostrado por los mandatarios estatales no ha sido bien visto ni por la Oposición, ni por los académicos y expertos en materia de seguridad; o por las organizaciones de la sociedad civil, quienes argumentan que únicamente están apoyando esta estrategia para deslindarse de las malas condiciones en las que durante años han mantenido a las fuerzas armadas civiles que están bajo su cargo y las cuales ahora son incapaces de enfrentar los problemas de inseguridad en sus entidades.
“El respaldo de los gobernadores para la creación de la Guardia Nacional es una manera para ellos de lavarse las manos ante las malas condiciones en las que han mantenido a sus policías y de intentar demostrar que sí les interesa cuidar a la ciudadanía”, comenta Arturo Argente.
Por su parte, Javier López, doctor en derecho y académico de la Universidad La Salle, agrega que más allá de que se cree una Guardia Nacional que ayude en las tareas de seguridad de los estados, ésta debe de contar con protocolos de actuación al igual que mantenerse en coordinación con el resto de las fuerzas armadas, de lo contrario será difícil que pueda entregar los resultados que se esperan de ella.
“Es fundamental que los elementos de la Guardia Nacional estén perfectamente coordinados con las policías, militares, marinos y policía militar, pues sólo de esta manera cada uno podrá cumplir con las tareas que les corresponden y así comenzar a generar un cambio.
Arturo Argente, quien coincide con el doctor en derecho, agrega que el papel de la ciudadanía también es muy importante, pues muchas veces la población no respeta las instituciones.
“Lo vimos el viernes pasado en Hidalgo con la explosión de la toma ilegal de gasolina. Estaban ahí 25 militares desplegados en la zona pidiendo a la ciudadanía que no se acercaran al lugar por el riego que implicaba, sin embargo nadie les hizo caso.
Aquí también se pudo ver la falta de coordinación, si tanto los elemento del Ejército, como los de la Gendarmería y las policías locales hubieran actuado en conjunto esta tragedia probablemente se pudo haber evitado”.
Ahora, hasta la CNDH ha iniciado una investigación por una probable inacción de elementos de la Sedena en la explosión del ducto en Tlahuelilpan.
“Sin prejuzgar sobre posibles responsabilidades y reconociendo la necesidad y trascendencia de las acciones que lleva a cabo el Gobierno Federal contra la sustracción ilegal de combustible en los ductos de Pemex, este Organismo Nacional, con base en sus atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones que, en su caso, se hubiesen presentado en la actuación de servidores públicos, federales, locales y municipales, para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil”, informó el organismo.
Ante esta acción, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Sandoval explicó que se tomó la determinación de no intentar contener a los pobladores debido a que el grupo de militares ahí presente se encontraba rebasado y prefirieron evitar un enfrentamiento en el que alguien pudiera salir lesionado.
“Es sumamente difícil que 25 hombres puedan contener a 600 u 800 personas; no puede haber un esfuerzo para buscar detenerlos, nunca lo van a lograr, y más si están convencidos los pobladores de querer ir por el producto, nunca lo van a poder hacer.
Por este motivo es que Argente insiste en la importancia de que exista una excelente coordinación entre todas las fuerzas armadas y que la seguridad no se militarice, pues como quedó demostrado, los elementos del Ejército no cuentan con el conocimiento para controlar multitudes, lo que deja claro porqué es importante fortalecer a las policías y que colaboren juntas.
Los retos en el Senado
Las mesas de análisis, las negociaciones y el debate entre los diputados federales finalmente surgieron efecto y el dictamen para la creación de la Guardia Nacional fue enviado a la Cámara de Senadores.
Sin embargo, el documento que ahora será analizado por los legisladores ya se enfrenta a una primera traba que pone en riesgo su aprobación.
Después de que en la Cámara baja los representantes de los mexicanos lograran ponerse de acuerdo para pasar el dictamen original ya modificado, ahora quien no parece estar contento es el propio Andrés Manuel López Obrador, quien se dijo insatisfecho debido a que se eliminó el artículo cuarto transitorio el cual permitía al Ejército ayudar en tareas de seguridad ciudadana en lo que se conforma y capacita a la Guardia Nacional.
“No estoy satisfecho. Había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó, queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio para que, durante un tiempo, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda el Ejército ayudarnos y la Marina”, señaló el presidente López Obrador.
El artículo cuarto transitorio que busca reintroducir AMLO al dictamen permitiría al Ejército participar en tareas de seguridad pública en lo que la nueva organización queda conformada
Por ello, el tabasqueño ya solicitó a los senadores que lo respaldan que modifiquen el dictamen para incluir nuevamente el artículo, a lo que Ricardo Monreal respondió que intentarán hacerlo aunque sea algo difícil de lograr por los apoyos que necesitan.
“La restitución de este transitorio no va a ser fácil. La construcción de la mayoría calificada, al menos en el Senado de la República, implica la obtención de más de 80 votos, es decir, aún con los aliados PT, PES y Morena representamos apenas 69 votos de 85 que requerimos. Va a ser complicado. Yo no puedo lanzar las campanas al vuelo”, dijo.
Sin embargo, el vicecoordinador de los senadores del PRI en la Cámara alta, Miguel Añorve, ya anunció que su grupo parlamentario rechaza hacerle modificaciones a la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, es decir, no aceptan agregar el artículo que pide el presidente.
“Iremos en contra porque no tenemos la menor duda que, como está planteado el dictamen, es lo correcto, un mando civil y no un mando militar, y no la militarización del país, o sea, ya está el dictamen de acuerdo a las circunstancias de las cuales había afinidad, pues en este momento obviamente no coincidimos con eso”, dijo el legislador en entrevista con medios nacionales.
A pesar de lo dicho por el PRI y el problema que esto podría traer para la creación de la Guardia Nacional, la directora general de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, asegura que sin importar cuántas modificaciones se hagan, el colectivo Seguridad Sin Guerra nunca va a estar a favor de que los militares participen en tareas de seguridad pública.