La matanza de 49 reos en el Penal del Topo Chico está más llena de dudas que de certezas y pone sobre la mesa del debate varias contradicciones de las autoridades de Nuevo León sobre la mayor tragedia penitenciaria en la historia del país.
La primer pregunta es: ¿fue una riña como asegura la versión oficial la que provocó la masacre o la reacción violenta a un operativo de traslado de reos?
Hay versiones que aseguran que existen videos que muestran que el ataque habría sido planeado dentro del penal, pero no producto de una riña entre cárteles rivales como aseguró el gobernador Jaime Rodríguez.
“¿Qué detonó esto? La pugna entre Jorge Iván Hernández Cantú, alias ‘Comandante Credo’, con Juan Pedro Saldívar, alias el ‘Z-27’, y la mezcla de estos dos delincuentes hizo explosión en el Penal del Topo Chico”, informó el mandatario la semana pasada.
Sin embargo, en las imágenes se apreciaría que momentos antes del incendio en los edificios C2 y C3, los reos identificados con el Cártel del Golfo se organizaron para fraguar la peor masacre en la historia penitenciara de Nuevo León.
Libremente, los reclusos sacaron al patio central uno a uno a sus víctimas para matarlos a golpes, piedras y armas punzocortantes.
Esto ante la complacencia de cuatro custodios que estaban en una torre de vigilancia, y que nunca intervinieron para detener la agresión o pedir refuerzos.
Incluso, en el video se escuchan dos detonaciones de arma de fuego en el momento en que dos reos llevan sujetado a otro hacia una zona oscura.
Reporte Indigo adelantó la semana pasada que la tragedia habría sido provocada por un operativo que intentaba tomar el control del Penal del Topo Chico, desde hace años bajo el poder del narco.
“Por eso había solicitado el trasladado de todos, no sólo de estos dos (Comandante Credo y Z-27) sino de todos los reos federales”, dijo el mandatario.
Las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del Estado, Cuauhtémoc Antúnez, confirmarían que con el operativo contra reclusos identificados como Zetas, el gobierno pretendía presumir que le ponía fin al autogobierno en el Penal del Topo Chico.
“Todos los privilegios se acabaron”, informa el mando policial.
Pero las autoridades estatales nunca pensaron que se saliera del control.
Y así fue.
La masacre se concretó por la complacencia de los guardias en los hechos, quienes nunca activaron los protocolos de seguridad para evitar la matanza.
Tras los hechos, están en el banquillo de los acusados tres funcionarios penitenciarios.
Se trata de la directora del Penal del Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, y el comisario de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo. Así como el celador José Reyes Hernández Aguilar.
Todos fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.
Pero que en todo caso la consignación, ¿no tendría que haber sido por homicidio culposo por la negligencia de haber permitido que el narco continuara controlando el Penal del Topo Chico?.
Más contradicciones
La Procuraduría de Justicia estatal, que encabeza Roberto Flores, ha incurrido en contradicciones que hoy levantan dudas en la investigación sobre los hechos.
Por ejemplo, en un principio se informó que habría 52 muertos, pero horas más tarde el gobernador Jaime Rodríguez reviró y dijo que sólo había 49.
El mandatario se excusó que habría otros cuerpos en el anfiteatro del Hospital Universitario que no pertenecían a los hechos ocurridos en el Penal del Topo Chico, por eso se habría dado una cifra en un principio de 52 fallecidos.
Pero la ambigüedad no quedó ahí. En la lista preliminar de los reos fallecidos se apreció que un solo interno tenía varios nombres.
Y en esto la Procuraduría de Justicia cometió un error severamente garrafal.
Esto puso en duda que no hay un acertado registro penitenciario.
¿Entonces el Penal del Topo Chico no tenía la identidad de cada reo? o ¿no se tiene una ficha criminal de cada interno?
Por lo tanto si varios reos se fugaron nunca se sabrá, porque no había un registro certero.
Otro suceso que levanta muchas dudas, fue la identificación de reos con dos nombres como el caso de Luis Alejandro Ortiz Martínez o Luis Alexandro Ortiz Martínez.
Esto se pudiera permitir cuando la persona está bajo una investigación por el agente del Ministerio Público, más no en una reo que está cumpliendo con una sentencia en un centro penitenciario o que está vinculado a proceso.
Pero las irregularidades no quedaron ahí. Hay otra más grave.
El propio procurador Roberto Flores reconoció en rueda de prensa el pasado 13 de febrero, que existen cuatro personas muertas sin registro penal.
“Los cinco que están calcinados, que lo único que tenemos de ellos es ADN, y de las otras cuatro personas que tenemos como no identificados no cuentan con registro dentro del Penal. No sabemos qué estaban haciendo ahí, de alguna manera estaba ahí ilegalmente”, dijo el procurador.
El fin de semana el procurador aseguró que habían reconocido ya a 2 de las 4 personas de las que no se tenían registros en el Penal del Topo Chico.
