El 30 de julio, en la sesión permanente del Congreso de Chiapas se integró en la orden del día la lectura de una iniciativa de decreto para dar marcha atrás a la aprobación de la ‘Ley Garrote’
Derogar, es lo de hoy. Al menos proponerlo.
Y es que con la iniciativa de decreto firmada el lunes por el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez (Malova), para revocar la llamada “Ley Mordaza” ya son tres legislaciones en menos los últimos meses a las que les meten reversa.
La primera fue la “Ley Bala”.
La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla fue propuesta el 7 de mayo por el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle.
Se aprobó el lunes 19 de mayo en el Congreso.
La legislación generó controversia desde su aprobación. Defensores de los derechos humanos la calificaron como una puerta abierta para abusos policiales.
Organizaciones civiles como Articulo 19, Nodo de Derechos Humanos o Contingente Puebla criticaron la medida y armaron una fuerte campaña en redes sociales, de donde surgió el nombre de #LeyBala.
Pero la cúspide del rechazo llegó luego de que el 9 de julio durante una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, un adolescente de 13 años falleció durante la dispersión de la protesta.
El gobierno dijo que el joven había muerto a causa de un cohetón que tiraron los propios manifestantes, mientras la versión de los demás fue que Luis Alberto Tehuatlie Tamayo murió a causa de una bala de goma lanzada por los policías.
El martes 22 de julio, el Gobierno de Puebla envió al Congreso estatal una propuesta para derogar la ley y solicitar al Legislativo la elaboración de una nueva norma en esta materia.
“En virtud de que esta ley desde su aprobación ha sido estigmatizada con temas que, a pesar de no estar incluidos en su texto, han generado una errónea percepción de la misma, considero pertinente su revisión integral con objeto de emitir un nuevo ordenamiento formulado por los integrantes del Congreso que sustituya la anterior”, indicó la iniciativa firmada por Moreno Valle.
Sin embargo, las bancadas del PAN y el PRI, mayoritarias en la LIX Legislatura, consideraron que no es prioridad abrogarla o elaborar una nueva legislación para sustituirla, por lo que la “Ley Bala” continuará vigente, al menos, hasta finales de año.
Mientras en Puebla se debatía sobre si la muerte del menor había sido o no como consecuencia de esa legislación, en Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello presentaba una solicitud para derogar una legislación similar: el Código de Uso Legítimo de la Fuerza, conocido como “Ley Garrote”.
La ley, aprobada por el Congreso del estado el 15 de mayo pasado fue considerada por activistas como un retroceso en materia de derechos humanos, pues también validaba que la policía usara la fuerza e incluso armas –aunque no de fuego- para dispersar manifestaciones.
El 30 de julio, en la sesión permanente del Congreso de Chiapas se integró en la orden del día la lectura de una iniciativa de decreto para dar marcha atrás a la aprobación de la “Ley Garrote”.
La diputada local por el PRD, Alejandra Soriano Ruiz aseguró que dicho acto es fruto de la oposición ciudadana.
“Tarde o temprano se iba a recular esta ley que criminalizaba a todas luces la protesta y que en nada beneficia al estado en lo particular”.
Sinaloa es la más reciente entidad que se une a esta modalidad.
El 31 de julio se aprobó en el estado un dictamen que impedía a los medios de comunicación grabar audio, video o tomar fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo.
La reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa propuesta por Malova no permitía a los comunicadores reportar información de seguridad pública o de procuración de justicia que no se desprendiera de un boletín elaborado por las autoridades.
El mundo se le vino encima.
A pesar de que, por cuestiones de seguridad, prácticamente ningún medio en ese estado publica información sobre el narcotráfico, las protestas de la sociedad y de los comunicadores fueron airadas.
Señalaron que dicha reforma iba en contra del artículo 6 de la Constitución mexicana, el cual garantiza el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como su difusión.
Así, cuatro días después, el gobernador determinó revocar la llamada “Ley Mordaza”.
El mandatario estatal firmó una iniciativa de decreto para derogar el artículo 51 Bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado que, aseguró, tuvo una redacción desafortunada.
“Pudiéramos decir poco correcta, que ha provocado que estemos en una situación de esta naturaleza”, señaló López Valdez.