El Gobierno local enfrenta un problema en sus obras importantes de movilidad: al menos dos han sido impugnadas por no tener sustento legal y una más, el Trolebús Elevado, seguirá ese camino.
Las dos construcciones que se fueron a tribunales son la carretera Xochimilco-Tulyehualco, rehabilitada en 2019, y el puente vehicular de Cuemanco, cuyos trabajos iniciaron en septiembre del año pasado.
En ambos casos, los promoventes alegaron que no se respetaba el artículo 6 de la Ley de Movilidad, el cual estipula que el gobierno debe de implementar acciones para garantizar el derecho al tránsito de sus habitantes priorizando al peatón.
El Trolebús Elevado de Iztapalapa, que apenas inició su construcción el 15 de mayo, también será motivo de amparo por parte de la ciudadanía por la misma razón.
Ari Santillán, activista en pro de la movilidad sustentable y miembro del World Resources Institute (WRI), es quien tramitará el recurso legal porque el proyecto no sigue los principios de movilidad al no dar preferencia al peatón.
El demandante buscará la suspensión provisional para que al igual que en el litigio de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, se falle a su favor porque no respeta la Ley de Movilidad.
El Trolebús Elevado recorrerá el Eje 8 Sur a través de ocho kilómetros y contará con ocho estaciones. El trayecto será por un carril que estará a 15 metros de altura.
Con este transporte se pretende beneficiar a 150 mil personas al día. En total tendrá una inversión de 3 mil 220 millones de pesos.
Infraestructura de movilidad gris
Ari Santillán dice en entrevista que está preparando la demanda y cuando abra el Poder Judicial tras la pandemia por Covid-19, presentará el amparo contra el Trolebús Elevado.
El activista menciona que la obra no respeta la Ley de Movilidad, ni tampoco considera a ciclistas y a peatones como eje para diseñar la infraestructura urbana.
Tampoco afecta en nada ni reduce el tránsito en automóvil a pesar de que es el último eslabón en la pirámide de movilidad, señala Santillán.
Además, apunta que aunque es una obra que promueve el transporte publico, primero debería estar pensada en el peatón.
“Sería importante recordarle a la Secretaría de Movilidad (Semovi) que en primer lugar están peatones, ciclistas y después transporte público y transporte de carga. Se podría priorizar el transporte público sin hacer puentes que no benefician al peatón”, afirma.
Menciona que en lugar de hacer infraestructura gris, que deja al peatón en vulnerabilidad, podrían construir el Trolebús a nivel de piso, con semáforos para los transeúntes y quitar espacio al automóvil.
Por ello, indica que está preparando un amparo contra la obra que espera siga la misma ruta del puente vehicular de Cuemanco y se conceda en primer instancia la suspensión provisional.
Y, como en la carretera Xochimilco-Tulyehualco, al final el juez resuelva que no respeta la ley.
Sin embargo, recalca que la intención no es cancelar el proyecto, si no que se realice entre la sociedad y las autoridades para que sea en beneficio de todos y no se dé preferencia a los medios motorizados.
El litigio de Cuemanco
El 20 de mayo, el Juzgado Quinto en Materia Administrativa de la capital concedió a la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, la suspensión provisional de las obras del puente de Cuemanco por no tener manifestación de impacto ambiental, según consta en el expediente del juicio 572/2020.
Sin embargo, el Gobierno local argumentó que el decreto del 2 de septiembre de 2019 publicado en la Gaceta Oficial, permite que las obras públicas inicien sin aprobar los estudios de impacto ambiental. En consecuencia, el 1 de junio el juez determinó que el puente podía continuar hasta que se dicte la sentencia definitiva.
Alejandro Velázquez, abogado de la coordinación, explica que aunque el juez retiró la suspensión, el litigio sigue y esperarán la sentencia definitiva que podría darse en aproximadamente tres meses.
Desacato en Xochimilco
El 19 de febrero de 2020, el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa resolvió el juicio 290/2019 sobre la carretera Xochimilco-Tulyehualco y falló a favor de los demandantes.
La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco acusó en el litigio que la Semovi, la Secretaría de Obras y Servicios y la alcaldía Xochimilco no estaban implementando acciones para asegurar el tránsito peatonal en la zona durante las reparaciones de la carretera, dañada tres el sismo del 19 de septiembre de 2017.
El juez les dio la razón y aún cuando concluyeron los trabajos en abril de 2019, ordenó a las instancias involucradas realizar acciones para garantizar la seguridad y el tránsito de los peatones en la carretera.
A partir del 19 de febrero, las autoridades tenían 30 días para acatar la resolución. Sin embargo, hasta el momento no han cumplido.
En consecuencia interpondrán un incidente de incumplimiento para notificar al juez y emita las sanciones correspondientes en cuanto el Poder Judicial retome actividades, explica Alejandro Velázquez, representante de los demandantes.