Las omisiones en Jalisco contra la trata

El entramado institucional de Jalisco continúa sin adoptar los cambios estructurales necesarios para la prevención y el combate efectivo de la trata de personas.

La legislación a nivel nacional y local prevé nuevos mecanismos y herramientas para ello, que priorizan la atención de las víctimas, pero poco de esto se ha llevado a la práctica en el estado. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) nació en 2013, cuando la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas ya estaba en vigencia.

Sin embargo, fue diseñada sin la fiscalía especializada contra ese delito que ahí se mandata; esta área debió entrar en operación desde el 30 de diciembre del 2012.   

Estas fiscalías especializadas, dice la Ley General respectiva “contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación (…) se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función”; un gran pendiente en Jalisco. 

Dentro de la trata se conciben 11 formas de explotación como el trabajo forzado, mendicidad forzosa, prostitución y otras actividades sexuales, experimentación biomédica, matrimonio forzoso, adopción ilegal de menores y su utilización en fines delictivos. 

En Jalisco, la persecución de un ilícito tan relevante y complejo es tarea de la Unidad de Investigación contra delitos de Trata de Personas, Mujer, Menores y Delitos Sexuales, cuya extitular, Adriana Arreola Dueñas, fue cesada en abril cuando exigió un trato preferencial en el Hospital Civil, a donde llamó a policías ministeriales para amedrentar al personal médico.  

Las fallas en la investigación del flagelo son advertidas por el Gobierno federal en su Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018:

“Las autoridades ministeriales federales, del fuero común y del Distrito Federal, no se encuentran debidamente capacitadas y especializadas en normativa nacional e internacional para detectar todas las acciones u omisiones relacionadas con la trata de personas (…) los elementos de la policía a cargo de la representación social no recaban adecuadamente todos los elementos necesarios para la configuración del delito, lo que se traduce en una deficiente integración de las averiguaciones previas y, por consecuencia, se dificulta la consignación ante la autoridad competente.”

A nivel global el 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas; genera 32 mil millones de dólares anuales. 

En México se ha vuelto la segunda actividad ilegal más redituable, por debajo de las drogas, dice el documento.  

Otra omisión legal muy importante en Jalisco es la inexistencia de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas, que debe presidir el gobernador y que es pieza esencial, al ser ahí donde debe darse la coordinación entre los gobiernos del estado y los municipios. 

Tuvo que conformarse a más tardar en febrero del 2013. 

Como consecuencia a la falta del órgano, Jalisco carece de una estrategia para combatir la trata, pues esa instancia debe elaborar  el Programa Estatal respectivo, que debió expedirse en abril de 2013.

El crimen organizado, mientras tanto, apunta el Programa Nacional, expande su operación “colocando a la trata de personas en los primeros lugares de impacto social negativo, por las ganancias ilícitas que genera, convirtiéndola así en una grave amenaza a la mayoría de la población”. 

La trata en Jalisco 

También es cierto que la persecución de la trata está arrojando más resultados en esta administración, con respecto a los números de la del gobernador Emilio González Márquez. 

Desde el 30 de enero de 2007 se reformó el Código Penal local para incluir un Título Quinto Bis Delitos Contra el Desarrollo de la Personalidad, “en que se buscó tipificar el delito de trata (…) sin embargo, el delito propuesto solo incluía el tema de la explotación sexual y no las demás figuras de la trata”, dice la iniciativa que dio pie a la actual ley. 

No obstante, por increíble que parezca, en toda la administración pasada nunca se abrió una sola averiguación por trata en modalidad de explotación sexual; en ese sexenio solo hubo una por mendicidad forzosa y otra no precisada, ambas en Puerto Vallarta. 

En cambio, en esta gestión se han abierto seis averiguaciones, y dos de estas, finalmente, por explotación sexual, en Guadalajara. Es hasta el 2014 que esta modalidad se investiga e inserta en la estadística oficial. 

Según la FGE, de todas estas investigaciones (ocho del 2007 a la fecha) se han obtenido tres sentencias condenatorias. 

A nivel federal, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), inició 195 averiguaciones del 2011 al 2013 (primera mitad), y logró condenas para un par de personas, el 1.024 por ciento. Dice el Programa Nacional:

“La persecución penal de los delitos de trata de personas requiere, para combatir eficazmente la impunidad, de un impulso renovador que permita mejorar los niveles de denuncia, así como el número y la calidad de las investigaciones, cuyo efecto permita, en plazos razonables, el adecuado procesamiento de los delitos y eventuales sentencias condenatorias.

“Una de estas condiciones fundamentales es la especialización del personal de seguridad pública y procuración de justicia responsable”.

Las víctimas

La legislación local considera nuevos medios institucionales para la atención de las víctimas del delito, sin aprovecharse hasta hoy.

Lo más grave está en la falta del Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Ofendidos y Testigos de los Delitos de Trata, para la reparación del daño. 

Tlaxcala lleva ventaja: “Es el único en todo el territorio nacional que cuenta con un modelo integral, denominado ‘Modelo de Atención a Víctimas de Trata de Personas’, especialmente mujeres y niñas”, desde el 2010, dice la Federación. 

De acuerdo al Primer Informe de Gobierno de la gestión estatal, ya se “elaboró un Protocolo de Investigación para la Trata de Personas con Perspectiva de Género, a fin de contar con criterios de actuación claros y unificados, con un instrumento que permita garantizar los derechos humanos y proteger a las víctimas”; sigue sin aprobarse. 

También se anuncia que en el2013 se realizó la iniciativa del Reglamento de la ley local, que ayudará a precisar su instrumentación, pero tampoco se ha expedido. El Gobierno federal señala en su Programa: 

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han logrado unificar criterios para garantizar los derechos humanos de las personas, y menos aún para la atención, protección y asistencia a las víctimas de manera integral.

“Lo que conlleva a transgredir los derechos a la vida, integridad, seguridad, dignidad y libertad de la población en general, constituyendo la mayor vulnerabilidad hacia las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, migrantes, indígenas, personas con discapacidad, entre otros”.