La pandemia de COVID-19 no es la única amenaza sanitaria que enfrentan las personas privadas de la libertad en las cárceles de México.
En las prisiones hay desde plagas de insectos y piojos, hasta brotes de la bacteria conocida como “come carne”, que destruye la piel y el tejido muscular de los internos infectados, alertan especialistas.
La sobrepoblación, el hacinamiento, la insalubridad y la falta de acceso a los servicios e insumos médicos son algunos de los factores que provocan los contagios entre esta población, señalan diagnósticos de organizaciones.
Aunque estos y otros padecimientos afectan la salud e incluso ponen en riesgo la vida de los individuos recluidos, son desconocidos para la mayoría de las personas en libertad debido a la opacidad que existe en el sistema penitenciario.
“En las prisiones de la República Mexicana, por ejemplo, de Guerrero, del Estado de México, de la Ciudad de México, etcétera, hay un problema con respecto a una bacteria que incluso puede ser mortal, se va comiendo los miembros de las personas y es la llamada bacteria come carne (…).
“Hay internos que ya no tienen dedos de los pies, que ya no tienen incluso manos, así están los olvidados”, explica la doctora en Derecho por la UNAM, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria.
No obstante, se tratan de cifras oscuras porque las autoridades penitenciarias no las documentan o no las hacen públicas.
“En los últimos años, ya con la Ley de Transparencia, han habido muchas personas que ya tienen acceso a la información en ese sentido, pero el hecho de que lo documenten o se den índices verdaderos dista mucho”, señala.
Sofía González Talamantes, coordinadora del Programa Penitenciario y Reinserción Social de Documenta, dice que la contingencia sanitaria de COVID-19 visibilizó el problema que existe en las cárceles en materia de salud.
En México hay 211 mil 999 personas privadas de la libertad en las cárceles, de las cuales 200 mil 486 son hombres y 11 mil 513 son mujeres, de acuerdo con el último Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, publicado en julio de este 2020.
En total hay 294 centros penitenciarios en el país; 19 están a cargo del Gobierno federal, 13 del Gobierno de la Ciudad de México y 262 de los gobiernos estatales. El documento revela que en 121 de ellos hay sobrepoblación.
Enfermedades por tipo de prisión
Debido a que en México existen prácticamente dos tipos de prisiones, que son las de mediana y las de máxima seguridad, las enfermedades de los internos también se pueden dividir en dos.
La doctora en Derecho por la UNAM, Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, explica que en las de mediana seguridad hay mucho hacinamiento debido a que las celdas son pequeñas e insalubres, y cuando hay un brote es muy evidente el contagio.
Mientras que en las de máxima seguridad también hay brotes y contagios, pero no son tan graves porque hay más aislamiento; y por lo general son problemas de hongos en uñas, piel y cabello.
Sin embargo, el problema es que en las prisiones mexicanas únicamente se tienen medicamentos de primer nivel, es decir, se tiene lo básico como alcohol, merthiolate, aspirinas y alguna que otra gasa, indica.
Por lo que quienes tienen problemas de salud graves o las mujeres embarazadas no suelen recibir la atención que requieren.
Además, uno de los principales problemas es la corrupción que existe en estos lugares, ya que los presos tienen que pagar por todo, incluso por el lugar donde duermen, lo que provoca que se dediquen a delinquir dentro de las cárceles para sufragar sus necesidades.
Ante esto, la especialista dice que una de las alternativas es hacer una investigación respecto a cuáles son los procedimientos que tienen los reos y por qué el presupuesto no se dirige hacia la atención médica, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas y quienes tienen enfermedades terminales.
Además de que las autoridades correspondientes, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), investiguen el dinero de las personas inmiscuidas en la operatividad del sistema penitenciario, que van desde los custodios que laboran en los centros de readaptación a nivel estatal y federal, hasta los jueces y los magistrados.
Sin derecho a la salud en las cárceles
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refleja la falta de acceso a la salud en los centros estatales, federales y militares.
El informe dice que en el 26.78 por ciento de los centros estatales se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica.
Así como una carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a las personas privadas de su libertad y de atención psicológica.
Mientras que en 15 centros federales, hay carencia de personal médico y de medicamentos, así como deficiencia en la atención.
Además, uno de los derechos más vulnerados fue el relacionado con la protección a la salud, según las quejas recibidas por organismos protectores de derechos humanos locales, en el periodo del 1 de enero al 20 de octubre del 2019.
“En la mayoría de las quejas se señalan como responsables principalmente a autoridades penitenciarias y a las instituciones de salud externas”, se lee.