Después de un año de que inició Jóvenes Construyendo el Futuro, la Secretaría del Trabajo publicó las reglas para operar este programa social. La tardanza en la creación de estos lineamientos afecta también a otros proyectos sociales como Sembrando Vida y el Insabi
Uno de los programas insignia más polémicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), cuyas reglas de operación fueron publicadas ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Tras un año un mes de que iniciaron las inscripciones para que miles de jóvenes accedan a una capacitación laboral y una beca de 3 mil 748 pesos mensuales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) delineó la manera en la que funcionará el programa durante este año.
Con el reglamento el Gobierno federal pretende dar certeza sobre los mecanismos mediante los cuales se beneficia a los becarios de este proyecto social.
Las reglas de operación indican que la instrucción laboral de los aprendices tendrá una duración de 12 meses y que al final de esta recibirán una constancia de capacitación en la que los tutores de los centros de trabajo describirán las habilidades que adquirieron en el área donde laboraron.
También se menciona que el trabajo doméstico, ventas multinivel o esquemas piramidales, labores de vigilancia -como veladores, personal de seguridad, resguardo de bienes o de personas-, choferes personales, actividades de tipo religioso, de proselitismo político-electoral dentro de un partido político quedan prohibidas.
A finales de noviembre pasado, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS, informó a los integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado que hasta ese momento 919 mil 646 aprendices estaban en activo en 166 mil 39 centros de trabajo.
Sin embargo, de todo este universo solo 20 mil beneficiarios fueron contratados; es decir, el 2.2 por ciento del total.
La meta del Gobierno federal es otorgar el beneficio de la capacitación y el apoyo económico a 2 millones 300 mil beneficiarios en todo el país, enfocado a la población de 18 a 29 años a los que no se les ha garantizado el acceso a la educación ni al trabajo.
Con respecto al periodo de inscripción de los jóvenes que quieran adherirse al programa, la secretaria del trabajo declaró en entrevista que el proceso se encuentra abierto. Anunció además que la beca pasó de los 3 mil 600 a los 3 mil 748 pesos debido al incremento del salario mínimo que fue impulsado por la administración lopezobradorista.
“Hoy estamos lanzando esta nueva página, también recordar que cambia la beca. Cuando iniciamos estaba por encima del salario mínimo, los 3 mil 600 pesos. Ahora, como hubieron dos incrementos muy importantes -16 por ciento en 2019 y 20 por ciento este año ya la beca había quedado por debajo, entonces fue una orden presidencial; estamos adecuando todo para que la beca respete este salario mínimo, por lo cual pasará a 3 mil 748 pesos”, mencionó Alcalde Luján en entrevista.
Reglas que llegan tarde, no solo en Jóvenes Construyendo el Futuro
Jóvenes Construyendo el Futuro no es el único proyecto social que tuvo retrasos en la implementación de sus reglas para operar.
Para el programa Sembrando Vida, el cual consiste en la entrega de apoyo económico por parte del Gobierno federal a la población en situación de pobreza que vive en las zonas con mayor biodiversidad para cultivar y cosechar árboles frutales con un enfoque de sustentabilidad, las reglas de operación fueron dadas a conocer en el DOF a finales de enero pasado. Un año después de su implementación.
Además de los dos compromisos que hizo el jefe del Ejecutivo federal antes de llegar a la Presidencia, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) creado el año pasado y que se encargará de ofrecer el servicio médico universal, contará con los lineamientos para operar hasta junio del 2020.
El Insabi, servicio que sustituyó el Seguro Popular, también ha sido blanco de señalamientos por la falta de claridad en su funcionamiento. Desde el inicio de sus actividades, el 1 de enero de este año, el Gobierno federal fue acusado por beneficiarios de no garantizar los servicios de salud en todos sus niveles y los medicamentos gratuitos, como parte de la promesa de campaña que hizo el presidente López Obrador.
Con base en la Ley General de Salud y la de los Institutos Nacionales de Salud, el reglamento de operación del Insabi tiene como límite ser publicado en junio.
En relación al programa JCF, Alma Maldonado, doctora e investigadora en Educación Superior, asegura que es preocupante el tiempo que pasó para que fueran publicados los reglamentos para operar.
Con respecto al poco porcentaje de contratación por parte de las empresas, Maldonado enfatiza que corresponde a la falta de crecimiento económico reportado en el país durante el 2019, al desempleo y a que las plazas laborales para los beneficiarios de JCF son vistos por los centros de trabajo como un subsidio.
“Es una combinación de las características del programa. Si a mí me ofrecen como empresa seguir contando con el apoyo de jóvenes que están siendo subsidiados -porque en el fondo es un subsidio- seguramente no voy a contratar a un chico que además no tiene la suficiente capacitación, porque no hay un programa sistematizado de tutoría o capacitación (…)
“Por otro lado también está el tema económico. Si no hay crecimiento está muy difícil que se estén generando empleos”, añade.
En materia presupuestal, para el año 2019 hubo un subejercicio del dinero invertido en JCF. De acuerdo con datos del portal Transparencia Presupuestaria, de los 40 mil millones de pesos programados para ese fin la STPS utilizó solamente 22 mil millones.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante la Subsecretaría de Educación Superior hizo uso de 6.2 mil millones de pesos adicionales, etiquetados para el programa de Jóvenes.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en este año se programó la utilización de 24 mil 957 millones de pesos; es decir, un 38 por ciento menos con respecto al 2019.