Un conflicto local amenaza con retrasar aún más al Tren Interurbano, una de las obras federales más importantes en materia de movilidad que debió de entrar en operación desde marzo del 2018.
Este proyecto pretende movilizar alrededor de 500 mil personas diariamente desde Toluca, en el Estado de México, hasta el Metro Observatorio, en la capital del país
La obra ha contado con una inversión de 70 mil millones de pesos del 2013 a 2018. Y desde que empezó su construcción en el año de 2014, ha tenido un sobrecosto del 80 por ciento, según información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) difundida en junio pasado.
La SCT ha informado que el retraso se debe principalmente a la oposición de las comunidades de Ocoyoacac, Lerma y Zinancatepec, en el Estado de México, por donde pasará la ruta, cuyos habitantes afirman que no les han pagado lo correspondiente a indemnizaciones por el derecho de vía.
Sin embargo, en la Ciudad de México, la resolución de un conflicto legal entre comuneros agrícolas del pueblo de San Lorenzo Acopilco, en la alcaldía Cuajimalpa, amenaza con retrasar aún más las obras del Tren Interurbano.
Esto se debe a que dos grupos se disputan la representación legal de 400 hectáreas de bienes comunales, de las que en 2.5 está trazado el proyecto federal.
Una de las facciones reconoce como presidente de la representación de los bienes comunales a Gabino Sandoval, quien presuntamente se impuso en el cargo en 2015. Y el otro grupo apoya a Alfredo Reyes, electo en 2014 por la asamblea de comuneros de la localidad.
Alfredo Reyes ganó en noviembre de 2014 la representación de los comuneros en una asamblea. Sin embargo, Sandoval también reclamó el cargo en febrero de 2015, lo que los dividió.
Del total de 2 mil 345 comuneros, el 60 por ciento respalda a Sandoval y el 40 por ciento a Reyes. Así inició el juicio 1231/2017 ante el Tribunal Superior Agrario por la representación de los bienes comunales en el año 2017.
En 2016, la SCT, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, entabló negociaciones para que el Interurbano pasara por Acopilco y empezó a tener pláticas con Sandoval, aún cuando éste no estaba ratificado en el cargo. Finalmente le entregaron 47 millones de pesos como compensación por dos hectáreas y media del Cerro de Agua.
“De manera, incorrecta e ilegal, hicieron las negociaciones y le entregaron el cheque de 47 millones de pesos por cerca de dos hectáreas y media”, denuncia Alfredo Reyes, el representante que cuenta con el apoyo del 40 por ciento de los comuneros del pueblo.
Entrega irregular
En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llamó a la SCT a aclarar lo sucedido con 137 millones de pesos, entre ellos, los 47 que le dieron a Gabino Sandoval.
Por ello, Reyes interpuso en enero de este año el juicio 1578/2019 ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para que Sandoval aclare el uso de los 47 millones que le dio SCT, los cuales no fueron repartidos al 40 por ciento de comuneros que él representa.
A uno de los dos grupos en disputa, la anterior administración de la SCT le entregó 47 millones de pesos, acción que fue cuestionada por la ASF
El pasado 19 de agosto, tuvo lugar el más reciente episodio de la batalla legal cuando se iba a llevar a cabo la segunda audiencia del juicio 1578/19 en el TUA para que Sandoval aclarara el destino de los 47 millones de pesos.
Sin embargo, se postergó debido a que el acusado y uno de los comuneros demandantes no acudieron ante la autoridad agrario.
La situación, de acuerdo con Alfredo Reyes, quedó detenida probablamente hasta el 2020, cuando se vuelva a llamar a otra audiencia en el caso por parte del TUA.
Lo cual deja en vilo y alarga el futuro del trazo del Interurbano por Acopilco. Si se comprueba un desvío de recursos o el mal de uso de los 47 millones de pesos, la SCT tendría que volver a negociar con Reyes en cuanto se le haga válido el cargo de representante comunal que en abril de 2019 el Tribunal Superior Agrario le ratificó.
No obstante, la autoridad agraria aún no dicta medidas para que Reyes pueda ocupar el cargo.
Alfredo Reyes también interpuso, junto con otras autoridades comunales de la localidad, el amparo 1589/2015 en contra de las obras del Tren Interurbano en el año 2015 ante el Juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa.
El líder comunero indica que no desistirán del amparo hasta que le sea reconocida su autoridad para poder entablar el diálogo con la SCT.
Divisiones internas
Tomás Segundo, comunero de San Lorenzo Acopilco, afirma que desgraciadamente son una minoría los habitantes de la demarcación que no apoyan a Gabino Sandoval.
Del total de 2 mil 345 comuneros, cerca del 60 por ciento respalda al líder ejidal no reconocido legalmente porque éste supuestamente les dio parte de los 47 millones, cuya transparencia está en litigio.
“Han recibido una parte del dinero del Suburbano que les dio la SCT, pero no es una transacción legal porque usurpó la representación comunal”, declara.
Segundo señala que, incluso la persona que no se presentó el 19 de agosto pasado, Juan Ubaldo Sánchez Jiménez, pudo ser amenazada para no acudir a la audiencia y retrasar el juicio mencionado.
Reyes indica que Sánchez Jiménez ya había faltado a la primera audiencia en el mes de mayo del juicio 1578/2019 con la excusa de que tenía problemas de salud.
“Yo hablé con él personalmente para explicarle la importancia de que fuera el 19 de agosto y se me hace una total incongruencia que haya vuelto a faltar”, acusa.
En abandono obras de Tren Interurbano
Reporte Índigo recorrió el frente de obras del Tren Interurbano que está a la altura de San Lorenzo Acopilco y luce en abandono.
Desde antes de comenzar el puente de La Pila hasta la caseta de la carretera México-Toluca, no hay trabajadores ni maquinaria para construcción.
Alrededor de siete columnas que deben soportar las ballenas del tren están a menos de la mitad de su término.
Cinco excavaciones para columnas están llenas de agua de lluvia y con basura.
Esto se debe al amparo que interpuso el pueblo de Acopilco contra la obra, según ejidatarios.
Tan solo en la alcaldía de Cuajimalpa, los habitantes de los pueblos de Acopilco, Santa Fe y Contadero han interpuesto tres amparos contra el proyecto de transporte.
