Las travesuras de Cordero

La corrupción en el uso de los recursos de los distintos fondos y fideicomisos que se crean como partidas especiales en el Presupuesto de Egresos de cada año, es cosa común.

Todo mundo lo sabe y nadie aplica reglas porque no las hay. Su manejo es discrecional, explica Gabriel Reyes Orona.

El exprocurador Fiscal de la Federación asegura que buena parte de estos fondos fueron creados en tiempos de Ernesto Cordero cuando era secretario de Hacienda.

Orona advierte que Cordero creó desde entonces fondos que se alimentan del presupuesto y no están bajo el ojo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Incluso, como lo denunció Reporte Indigo, el hoy senador utilizó a varias empresas fantasma para bajar recursos del gasto para obra pública, a cambio de jugosas comisiones por parte de los interesados.

Hace más de siete meses que un grupo de empresarios de la construcción en Durango presentaron una denuncia de hechos y solicitaron la averiguación previa por el delito de fraude.

La denuncia es en contra de Cordero y de las personas que pedían dinero a nombre del senador.

Los acusan de defraudar a los empresarios para sacarles dinero con la promesa de bajar recursos del presupuesto.

Sin embargo, las denuncias -en poder de Reporte Indigo- se encuentran congeladas en la Fiscalía General de Durango, la cual dirige Sonia Yadira de la Garza Fregoso.

Y los empresarios que decidieron sacar a la luz las corrupciones que realizó el equipo de Cordero, hoy están vetados por el presidente municipal de Durango, Esteban Villegas, y el gobernador Jorge Herrera Caldera.

La mina de Ernesto Cordero

Aprovechando la falta de una regulación específica, los fondos especiales, mandatos y comisiones, crecieron bajo el amparo de Ernesto Cordero.

La libertad que existe para operar estas figuras, advierte Reyes Orona, “es enorme” porque no es de origen de la Ley de Ingresos.

Tampoco tienen un destino presupuestario específico, lo que genera un “limbo” en el ejercicio del gasto público”.

Ese incentivo que se dio en los cuatro últimos años de la administración pasada, ocasiona que hoy exista “un gran desorden” en materia de finanzas públicas, confiesa, el exprocurador.

“Ni la Subsecretaria de Egresos ni la Tesorería de la Federación han podido conciliar todas las cifras de esas cantidades enormes que Ernesto Cordero empezó a manipular con esos fideicomisos, es porque no los han localizado”, dice Reyes Orona.

Lo más grave, agrega, es que muchos de ellos se siguen alimentando de operaciones y convenios que ya establecían el envío a cuentas bancarias dentro o fuera del país.

El caso Durango

Siendo todavía secretario de Hacienda y con miras a ser el candidato oficial del PAN a la presidencia de la República -candidatura que no logró- Ernesto Cordero ofreció “a diestra y siniestra” recursos para obra pública.

Para ello utilizó a empresas como Golfmex, Garocia, Global Consulting, Consorcio R&G, y muchas más.

El gancho: bajar partidas millonarias a fondo perdido para obra pública.

A los alcaldes les pedía dinero y a los constructores 1.1 por ciento del valor total de cada una de las obras.

En 2011, sus gestores Rafael López Esquer, el Mayor Bernardo Terrazas Salgado -en contubernio con algunos alcaldes- despojaron de más de 20 millones de pesos a siete empresarios de la construcción.

Ese año, los alcaldes de Durango, Adán Soria Ramírez; de Proanas, Raúl Piedra Macías; de Pueblo Nuevo, José Guadalupe Barrios Téllez y de San Dimas, José Rafael Rodríguez Fabela, se reunieron con varios constructores de la entidad.

Entre esos empresarios estaba Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa duranguense Construcciones y Geología S.A. de C.V.

También estuvo el exalcalde del municipio de Vicente Guerrero, Enrique García Solís, y el actual delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Abraham Moreno García.

En esa reunión, los alcaldes presentaron a los empresarios al veracruzano Rafael  López Esquer, quien dijo ser colaborador del Mayor Bernardo Terrazas Salgado, de origen mexiquense, y hombre muy cercano a Ernesto Cordero.

Ahí, les aseguró que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban disponibles recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem).

Les explicó que Banobras era el fiduciario de esos fondos, y que tanto él como el Mayor Terrazas Salgado podían bajar esos recursos porque tenían mucha amistad con Cordero.

Reporte Indigo obtuvo la documentación oficial que proporcionó Fernando Miranda Servín, director del periódico razacero.com Periodismo Ciudadano y quien denunció, en su oportunidad, el megafraude.

López Esquer les aseguró que los recursos les llegarían directamente, sin pasar por la supervisión del gobierno del Estado, una vez que entregaran las solicitudes de obra al Subcomité Técnico de Evaluación y Financiamiento de Banobras.

Para que se autorizara la liberación del capital López Esquer les dijo a los constructores que pagaran el estudio de factibilidad y viabilidad de las obras ante el banco de desarrollo.

El 28 de septiembre de 2011, mediante los oficios con números DOP/600-D/11, PRES/093/2011 y MVGOP/0116, los munícipes solicitaron a Cordero, la inclusión de sus municipios en el Fidem.

Antes de concluir ese año, los empresarios recibieron las carátulas oficiales de las obras a realizar y el monto preautorizado.

En los primeros tres meses del año pasado, el expresidente municipal de Vicente Guerrero, Enrique García, y su hijo Fernando García Quezada, eligieron a los empresarios locales que invitarían.

Pedro Valencia Nevárez, propietario de la empresa Constructora Visión y Proyecto S.A. de C.V.; Mario Reveles Gutiérrez, dueño de Urbánica Construcciones S.A. de C.V.; Mauro J. Torres González, de Construcciones Pita S.A. y Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa Construcciones y Geología S.A. de C.V., entre otros.

Alistan la garra

Fue entonces que López Esquer y Terrazas Salgado les pidieron el 1.1 por ciento del valor del monto total de cada una de las obras que les habían asignado.

Esos recursos se los regresarían una vez que la SHCP y Banobras entregaran los recursos del Fonadin y Fidem.

López Esquer les pidió que hicieran el depósito en una cuenta bancaria de Consorcio R&G, argumentando que tanto él como el Mayor Terrazas no eran personas morales y no podían expedirles facturas.

R&G S.A. de C.V. entregó a los empresarios duranguenses las facturas 1853, 1872, 1873, 1874 y 1875 por concepto de “estudio de beneficio, factibilidad técnica, social y financiera”.

Pero les retuvo el 3 por ciento de los depósitos para transferirlos a la cuenta personal de Rafael López Esquer.

Una vez que los empresarios de la construcción depositaron el 1.1 por ciento que les correspondía por cada obra que les fue asignada, los alcaldes de Durango y Poanas los citaron para firmar los contratos de las obras.

Como los recursos no llegaron, en mayo del 2012 los empresarios comenzaron a presionar a López Esquer, quien les dijo que la agencia gestora Acodel -representando a Banobras- estaba supervisando los proyectos.

El dinero nunca bajó y los empresarios exigieron la devolución de los recursos.

Pero tanto López Esquer como el Mayor Terrazas argumentaron que el retraso se debía a cuestiones políticas, ya que Ernesto Cordero no había resultado electo candidato a la presidencia de la República.

Tampoco se realizó obra pública alguna, aunque los empresarios sí desembolsaron la cantidad que les solicitaron López Esquer y Terrazas a nombre de Ernesto Cordero, en ese momento secretario de Hacienda.

De ahí que los constructores presentaron una demanda desde hace más de siete meses ante la Procuraduría del Estado y que hoy se encuentra congelada en la Fiscalía General de Durango.

Modus Operandi 

> La reunión fue en el hotel Clara Luna de Xalapa, en marzo de 2011.

> Ahí, Raúl Cancino Funes, operador de Ernesto Cordero, entonces secretario de Hacienda, habló por primera vez con 18 presidentes municipales de la entidad.

> Ya llevaba tres meses sin lograr contactarlos y fue entonces cuando invitó a Franco Herrera Haro, quien asesoraba a varios alcaldes, para formar parte del proyecto.

>120 millones de pesos de recursos extraordinarios a fondo perdido para obra pública es la cifra que les ofrecieron.

>5,800 pesos les cobraron en esa reunión a cada munícipe por la asesoría y se les habló de la empresa de gestoría Golfmex Development y del grupo de asesores que trabajaban directamente con Cordero.

>212 municipios hay en Veracruz, de los cuales 180 respondieron a la invitación para obtener recursos, ante la falta de financiamiento que padecían.

> Los 180 representantes de los municipios acudieron a la calle de Homero 209, décimo piso, en Polanco, donde se encontraban las oficinas de la empresa gestora.

>17,400 pesos les solicitaron a cada uno de los alcaldes para que estuvieran dentro del Programa y la Secretaría de Hacienda los beneficiara con 120 millones de pesos.

>A esa reunión acudieron Carlos Peniche Peniche, José Cuauhtémoc Marrufo Gómez, Gabino Jiménez Vázquez, Julio Cerda Rodríguez y Graciela Pinto, entre otros.

>21,600 pesos tuvieron que depositar cada uno de los alcaldes de los 180 municipios. Antes, 

firmaron los fideicomisos correspondientes con Banorte .

>40%de los 120 millones de pesos que supuestamente se bajarían para la obra pública se iba a retener por parte de Avanti, Corpotech y Quinto Esquema, con quienes los alcaldes firmaron contratos.

>El dinero estuvo casi un año y medio en las arcas de Banorte hasta que en noviembre del año pasado, el banco dirigió una carta a todos los municipios involucrados donde les informaba que el Fideicomiso se había extinguido.