Las víctimas del aborto

Ser secuestrada y violada no era el final de un oscuro episodio en la vida de Sara. La chica, de 16 años, acudió a médicos e instituciones para interrumpir el embarazo, producto de esa violación.  

Aunque la legislación local contempla el aborto en ese tipo de casos, los expertos que la atendieron le cerraron las puertas.

“Su hijo podría llegar a ser un hombre importante que la sacará de pobre”, le dijo el médico a la adolescente, quien ha narrado por escrito, de forma breve, su historia a Reporte Indigo. 

“Consulte a un cura, usted está mal”, le mencionó otro especialista. Amenazas a la salud, pérdida de la matriz, no poder tener hijos en un futuro, fueron los argumentos esgrimidos por los doctores, para que Sara no abortara.

Ella ha hecho caso omiso de lo que le dijeron los especialistas. Presentó una denuncia por violación ante el Ministerio Público, y espera que éste gire un oficio a la Secretaría de Salud Jalisco, para que pueda interrumpir el embarazo.

“La realidad es que las mujeres están interrumpiendo sus embarazos. Puedo estar en contra, pero necesitamos despenalizar, para que estas mujeres no pongan en riesgo su vida y entonces puedan tomar una decisión integral”, dice la representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), Patricia Ortega Medellón.

De acuerdo con cifras del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), desde 2007 hasta junio de 2015, unas 143 mil interrupciones del embarazo se han llevado a cabo en el Distrito Federal, ciudad que ha legislado al respecto. 

De ese número, 334 son de mujeres de Jalisco que han acudido a la capital del país para ello.

Sólo entre mayo y junio de este año, fueron seis las jaliscienses que se trasladaron a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo, según las mismas cifras.

En la entidad, un aborto es posible siempre y cuando el embarazo sea por una violación, o en caso que amenace la salud de la mujer.

“No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada ni cuando el embarazo sea resultado de una violación”, se lee en el artículo 229 del Código Penal del Estado de Jalisco.

El capítulo que el Código Penal estatal dedica al tema del aborto, contempla, de acuerdo a su artículo 228, como un delito que será penado de cuatro meses a un año de prisión, para la persona que incurra, realice o consienta un aborto.

Y si el aborto se comete después de los cinco meses de gestación, la pena se duplica para quien sea acusado de llevarlo a cabo.

Averiguaciones al alza

Cifras de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), obtenidas por Reporte Indigo, vía transparencia, indican que las averiguaciones previas por aborto han incrementado en el último año.

En 2014, las averiguaciones previas iniciadas por este delito contemplado en la legislación local, alcanzaron su cifra más alta de los últimos cinco años.

Mientras que en 2012, el último año del gobierno panista de Emilio González Márquez, las autoridades estatales registraron sólo 11 investigaciones iniciadas en ese rubro, en 2013, con el cambio de administración priista, la cifra subió hasta 21.

Un año más tarde, 2014, cerró con 33 averiguaciones previas iniciadas en ese sentido; y en lo que va de este 2015, la Fiscalía tiene registradas nueve investigaciones por aborto.

En cinco años, 23 personas han sido consignadas en Jalisco por haber interrumpido un embarazo, fuera de las causales que marca el Código Penal estatal. 

Desde 2010 a lo que va de este año, de las personas consignadas por aborto, siete han recibido sentencias condenatorias y, según los datos oficiales, sólo una persona se encuentra actualmente recluida en la Comisaría de Prisión Preventiva, a cargo de la Fiscalía de Reinserción Social.

Se trata de un hombre de 23 años, originario de Guadalajara, según detalló la Fiscalía en el documento proporcionado por transparencia.

En 2009, cuando el PAN gobernaba Jalisco y era mayoría en el Congreso del Estado, se presentó una propuesta para modificar el artículo 4 de la Constitución local. 

“El derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, era el cambio que legisladores estatales pretendían plasmar en el citado artículo.

Al final, los cambios se enfocaron en el Código Penal estatal, en su artículo 228, donde se estableció que “a la mujer que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral; bastará que lo solicite y ratifique la responsable; lo anterior, siempre y cuando no se presente reincidencia de su parte”.

Aunque fue el blanquiazul el que pugnó por los cambios, éstos se dieron gracias a la negociación entre los legisladores del PRI y el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez; ocho de 13 exdiputados priistas se sumaron aquella vez a los votos del PAN en el Congreso del Estado.

Criminalización

Patricia Ortega, representante de Deser en Jalisco, señala que existe además una doble victimización a las personas que interrumpen un embarazo, pues además de enfrentarse a éste, las autoridades son insensibles en los casos en los que se ha comprobado una violación.

“Casi todas las denuncias de mujeres que han interrumpido embarazos son de los médicos o de las médicas que las atendieron en el proceso del aborto. 

Enfrentarte a estos funcionarios que en vez de atender tu situación física, de salud, que se supone que es para lo que ellas y ellos estudiaron, se metan en la onda moral de juzgarte, si hiciste bien o mal, por qué lo hiciste, es una situación terrible, bajísima que no debería de estarse dando a estas alturas”, señala.

A ello, según la activista, se suman otros escenarios:

“Violencia física y sexual, a veces de las propias parejas, a veces de otras personas, problemas económicos, dificultades para encontrar empleo, depresión, otros hijos o hijas con otras características”.

De acuerdo con la experta, las autoridades no han hecho un trabajo integral para atender a las mujeres que recurren al aborto por cualquier situación.

Esa atención integral, dice, debe ser acompañada de educación sexual, de información sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos, temas que, en su opinión, son vistos moralmente desde las esferas políticas.