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La red de narcotráfico y lavado de dinero que tejió desde Jalisco Raúl Flores Hernández, y a la que se ha vinculado a Rafael Márquez y Julión Álvarez, contó con múltiples apoyos gubernamentales y políticos que abonaron a su crecimiento y consolidación desde la década de los 80.
El Grand Casino, la empresa que más ha atraído la atención dentro de las 42 que el Departamento del Tesoro ligó con ese entramado de blanqueo, le debe sus primeras licencias de operación en Zapopan a un gobierno emanado del PAN, el del exalcalde Juan Sánchez Aldana.
Fue esa administración de Sánchez Aldana (2007-2009) la que el 25 de mayo de 2007 le concedió al Grand Casino su primera licencia para la realización de eventos, además del giro de bar y espectáculos.
El gobierno de Sánchez Aldana se hizo tristemente célebre luego de que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), le fincara cargos históricos por mil 300 millones de pesos (MDP) debido a malos manejos tan solo sobre la cuenta pública de 2009, su último año.
Luego, pocos días antes de que finalizara ese gobierno, este le autorizó al casino una ampliación de medidas y un cambio de giro de baja a alta graduación, el 9 de diciembre de 2009, lo que requirió la validación del Consejo de Giros Restringidos, según declaraciones de Patricia Godínez Luna, entonces jefa de Inspección a Reglamentos, a medios como El Informador, en agosto de 2011.
El casino tenía zanjada, además, la parte de autorizaciones federales con la Secretaría de Gobernación (Segob). Esta hizo público en noviembre de 2013 un listado de 10 casinos que funcionaban en Jalisco sin permiso federal (recurso RDA 5177/13), sin embargo, el Grand Casino no fue incluido ahí, lo que significaba un espaldarazo para su operación.
El mismo 9 de agosto que el Grand Casino era cateado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR), esa firma emitió un comunicado deslindándose.
“Ni el señor Raúl Flores Hernández ni sus asociados o personas relacionadas a él detentan acciones o capital ni participan en la administración y/o toma de decisiones del Grand Casino en Zapopan, Jalisco”, al parecer debido a un cambio de administración en marzo de 2015.
El cheque de la delegada
“A ver, levante la mano quién quiere ser como Rafa. Pues casi todos”. Es el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, quien el 22 de julio de 2014 interactuaba con un grupo de niñas y niños, a los que les mostraba al futbolista Rafael Márquez como un ejemplo a seguir.
“Porque miren”, decía convencido el gobernador, “no solamente es un jugador profesional, completo, de resultados, ya lo dijo: cuatro Mundiales, ya fue campeón en la Champions, fue con el Barcelona, en Francia (…) pero debemos admirar y reconocer aún más el gran ser humano que es Rafa Márquez”.
El anuncio de aquel día era que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza en Jalisco la delegada Gloria Judith Rojas Maldonado, entregaría un cheque por 2 millones 935 mil 414 pesos a la Fundación Rafa Márquez Fútbol y Corazón, que también fue involucrada con la red de narcotráfico y lavado por EU.
Ese evento de la Fundación Rafa Márquez tuvo la presencia y el respaldo político del gobernador y la delegada, ambos del PRI, y de Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol.
Según la reproducción del cheque que se difundió, este fue firmado directamente por Rojas Maldonado, una funcionaria muy cercana al grupo político del gobernador, el cual colocó a distintos de sus alfiles en posiciones de delegaciones federales en el estado.
En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa también la Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó un donativo a esa Fundación, en 2008, por 1 millón 975 mil 690, y en 2011 otro de la Sedesol por 2.8 mdp.
Incluso la firma trasnacional Kellogg’s dijo en su Reporte de Responsabilidad Corporativa 2012 que dio recursos a la Fundación, pues “contribuyó con 60 mil dólares a la organización. Nuestra compañía también donó más de 70 mil porciones de cereal”.
El contrato de Pemex
Las autorizaciones de Pemex también terminaron respaldando el crecimiento de la red de narcotráfico y lavado que el Departamento del Tesoro le atribuye a Raúl Flores Hernández en Jalisco.
Otro de los eslabones importantes en el conglomerado de 42 empresas que el gobierno de EU vincula con las acciones de blanqueo de esa organización, es el Grupo Gasolinero Cojim.
Según el portal de consulta de información del Gobierno federal, Pemex Transformación Industrial, antes Pemex Refinación, le entregó a esa firma ligada presuntamente con Flores Hernández un contrato de franquicia y venta de primera mano de combustibles cuya vigencia no terminará sino hasta el 13 de agosto de 2030.
La inacción del fiscal
La revelación de esta red de narcotráfico y lavado de 42 empresas y 21 individuos de Jalisco vuelve a llegar tomando por sorpresa a la Fiscalía General, y a su titular, Eduardo Almaguer Ramírez, que no había actuado contra la misma.
Así pasó también con Sergio Kurt Schmidt, detenido el 18 de agosto de 2016 por fuerzas federales, por ser el presunto principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y uno de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno federal, según la Comisión Nacional de Seguridad.
Kurt Schmidt fue liberado este 1 de agosto por fallas en el proceso, sin embargo, tras casi un año de encierro, la Fiscalía local no preparó ninguna orden de aprehensión que pudiera ejecutar al momento de su salida, pese a que el fiscal lo ha relacionado con diversos delitos.
Cuando se dio a conocer la narcofiesta del CJNG en Puente Grande, en mayo pasado, Kurt Schmidt fue justamente la salida que utilizó Almaguer Ramírez para descargarse de culpas, al señalarlo como quien controlaba al sistema penitenciario –y sus tiendas- gracias al exgobernador Emilio González Márquez.
“Hoy (10 de agosto) me solicitó la PGR información del estado que guardan aproximadamente 20 empresas, donde me solicita quiénes son las personas que son (sic) en esas sociedades mercantiles, estaremos mandando hoy mismo la información del estado que guardan, quiénes son los nombres, propietarios, socios, cuáles son los nombres de dichas sociedades”, dijo Roberto López Lara, secretario de Gobierno, sobre el caso de Rafael Márquez y esa red.