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Grupo México vuelve al ojo del huracán. A mediados del año pasado, la empresa vivió un escándalo por la contaminación del Río Sonora.
La firma propiedad de Germán Larrea -el segundo hombre más rico de México- gestionó la crisis con el lanzamiento de un programa de limpieza del río y con la apertura de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos para este designio, el cual no estuvo excento de problemas.
Ahora, Grupo México lidia con el cierre temporal del proyecto de una mina de cobre de mil 400 millones de dólares en Perú.
Southern Copper, subsidiaria de Grupo México que cuenta con dos minas y una fundidora en Perú, tomó la decisión de suspender momentáneamente el proyecto Tía María una mina a tajo abierto en el estado sureño de Arequipa.
La decisión deriva de la presión que han ejercido los pobladores locales, quiénes alegan que la mina de cobre representa un daño ecológico irreversible.
El pueblo de Cocachacra, dónde está ubicado el proyecto de Southern Copper, es una comunidad predominantemente rural. Los pobladores aseguran que Tía María contaminará el abastecimiento de agua del cual dependen sus granjas locales. Asimismo, han expresado que la inversión y el flujo de dinero que llegará a la región sepultará el tranquilo estilo de vida rural de Cocachacra.
Las protestas, iniciadas hace dos meses, han desembocado en una fuerte escalada de violencia. El enfrentamiento entre policías y protestantes ha dejado al menos tres personas muertas.
A principios de mayo, el Gobierno Federal desplegó a más de mil militares en la región para apoyar a los 4 mil policías asignados a la región.
Óscar González Rocha, director general de Southern Copper, envió un comunicado en el que refería que “ningún interés político o económico debía estar por encima de la vida y de la paz”. Agregó que “una compañía que apoya el desarrollo de una comunidad y es socialmente responsable no puede ser indiferente a la realidad que afecta directamente a la región donde se establecerá uno de sus proyectos”.
Southern Copper está siguiendo una estrategia pública de no confrontación. Con el fin de calmar los ánimos, González Rocha anunció la pausa del proyecto para atender las preocupaciones de los pobladores y ofrecer una solución dentro de los siguientes sesenta días.
La firma aseguró que el proyecto Tía María no representa un riesgo ecológico para el abastecimiento local de agua porque la mina trabajará con agua desalinizada traída desde el Océano Pacífico. Southern Copper espera iniciar operaciones en 2017.
Además, el escenario de conflicto fue aprovechado por el mayor gremio de trabajadores mineros de Perú, el cual llamó a sus 20 mil miembros a una huelga general nacional.
A pesar de las externalidades negativas derivadas de la actividad minera, la economía peruana depende en gran medida de este sector. El 60 por ciento de las exportaciones de Perú son productos mineros.
Escándalo europeo
Los problemas de Grupo México también se encuentran del otro lado del Atlántico. La semana pasada se dieron a conocer acusaciones de corrupción en España en contra de la empresa mexicana.
De acuerdo con la Unidad de Delitos Económicos y Financieros del gobierno español, el consorcio conformado por Grupo México y Magtel se adjudicó la mina de Aznalcóllar sin haber cumplido con los requisitos de la concesión.
La mina ubicada en Andalucía se encuentra cerrada desde que en 1998 presenció un desastre natural a manos de la minera sueca Boliden. Este caso andaluz posee muchas semejanzas con los problemas que sufrió Grupo México el año pasado cuando contaminó por accidente el Río Sonora.
Con las acusaciones de corrupción, la reapertura de Aznalcóllar fue temporalmente suspendida. Organizaciones ambientalistas han denunciado las irregularidades que suma Grupo México en la operación de sus minas, destacando el incidente en Sonora del año pasado.
Opositores a la empresa de Germán Larrea advierten que se publicó la adjudicación de la mina tan sólo nueve días después de que finalizara la primera fase y que el proceso no fue transparente.
A pesar de que Grupo México obtuvo en España las mejores puntuaciones para la licitación en el aspecto económico, es la peor calificada en cuanto a sus planes de cuidado ambiental, lo que en el caso de Aznalcóllar es uno de los factores más importantes a cuidar.
El caso todavía continúa en proceso de investigación, por lo que la empresa mexicana todavía puede llegar a quedarse con el proyecto minero.
El desastre ambiental que aún no termina
En agosto del año pasado, un tanque de almacenamiento de residuos químicos de la Mina Buenavista del Cobre en Cananea, propiedad de Grupo México, derramó 40 mil litros cúbicos en el Río Sonora.
El Gobierno Federal etiquetó el incidente como el “peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”. Más de 20 mil personas fueron privadas de abastecimiento de agua durante meses.
El daño ecológico, además de acabar con gran parte de la flora y fauna de la región, mezcló el agua limpia del río con rastros de cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
En marzo de este año, Grupo México pagó una multa de 23.5 millones de pesos a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente por más de 50 irregularidades detectadas en el derrame de químicos en el Río Sonora.
Además, el Gobierno pidió a la empresa la apertura de un fideicomiso de 2 mil millones de pesos destinados al financiamiento de un programa de limpieza del río, de los cuales apenas han pagado la mitad.
Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de planeación y política ambiental, refirió en una junta de trabajo entre la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y los representantes del fideicomiso que el costo ecológico del derrame fue de mil 870 millones de pesos.
El Grupo que dañó Sonora
El 6 de agosto, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico fueron derramados en el río Sonora por la mina Buenavista del Cobre. Poco más de 22 mil personas, de siete poblaciones aledañas, fueron afectadas. Reporte Indigo publicó una serie de notas sobre el desastre ecológico.
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