78%
Alcaldes y mandos de seguridad metropolitanos regresan esta semana a “clases” para aprender el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El Poder Judicial de Nuevo León, los 11 ediles, uniformados y mandos compartirán mesas de trabajo para buscar que los delincuentes no salgan libres por deficiencias en los protocolos de detenciones, sobre todo en delitos como plagio, homicidio y robo.
Se impartirán clases de carácter técnico. Pero hay una pregunta que queda en el aire: ¿qué no se trabajó desde 2011 para capacitar a las policías metropolitanas?
Pareciera que en la práctica no fue así, a pesar que se habló de que Nuevo León estaba listo para migrar al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En diciembre de 2014, el entonces procurador de Justicia estatal, Adrián de la Garza, ahora alcalde de Monterrey, declaró que el estado estaba listo para enfrentar el nuevo esquema penal.
“Estamos listos y preparados porque tenemos desde el 2011 trabajando con eso”, dijo Adrián de la Garza.
Incluso, todavía en noviembre de 2015, el exdirector del Sistema de Justicia Penal en el Estado (Sijupe), Catarino García, aseguró que se reforzó la capacitación para llegar a esta fecha con todas las policías bien capacitadas.
“En mayo del 2016 todos los policías estatales y municipales estarán capacitados para actuar conforme a las disposiciones del nuevo Sistema de Justicia Penal”, aseguró García.
Esto hoy en día pareciera todo lo contrario.
Una estadística del Poder Judicial en poder de Reporte Indigo reveló las fallas de policías cuando intentan vincular a proceso a un presunto delincuente.
Entre ellas, los uniformados no proceden correctamente en la cadena de custodia y ponen tarde al sospechoso a disposición del Ministerio Público.
También existen detenciones ilegales como sin flagrancia, derecho a la defensa del supuesto acusado y confesiones indebidas.
Sin embargo, los munícipes metropolitanos continúan asegurando que el Poder Judicial estatal está fallando por liberar a delincuentes que habían sido capturados por uniformados municipales.
El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, consideró que se tiene un “desmadre” por el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, al calificar como laxos los criterios de la fiscalía y jueces, quienes permiten la liberación de delincuentes.
“Lo que tenemos es un problema muy complicado, que no hay castigos ejemplares, y además está muy laxa la fiscalía por un lado y el criterio de los jueces por el otro… y nosotros con un problema de falta de capacitación.
“Entonces, si lo mezclas tenemos un desmadre del tamaño del mundo que es lo que está pasando en el tema de seguridad en Nuevo León”, aseguró el edil a Reporte Indigo.
Lo cierto es que las policías debieron estar capacitadas desde hace por lo menos dos años atrás, antes de implementar el nuevo sistema.
Falla cadena de custodia
El Nuevo Sistema de Justicia Penal llevará a las aulas a autoridades de diversos niveles, como alcaldes y mandos policiacos, para capacitarse
con las modificaciones y corregir la actual situación de descoordinación, que ha permitido
la liberación de detenidos por fallas en el proceso
Una estadística del Poder Judicial de Nuevo León alerta que las policías no están preparadas en la cadena de custodia, eslabón principal para poder vincular a proceso a un presunto delincuente.
En el periodo de enero 2015 a febrero de 2016, en sentencias en primera instancia, es decir que estuvo el caso ante un juez, unos 102 delincuentes tuvieron una sentencia absolutoria, o sea el juzgador lo exculpó del delito.
Mientras 62 presuntos infractores tuvieron una resolución de sobreseimiento por falta de pruebas o causa.
En estos casos, la principal falla se debió porque se tuvo una cadena de custodia deficiente en un 78 por ciento, un 11 por ciento por detención prolongada, un 8 por ciento por el arraigo, que ahora es inconstitucional, y un 11 por ciento más por otras cosas no especificadas por el Poder Judicial.
Errores en la detención
Durante enero de 2015 a febrero de 2016, de unos 3 mil 360 casos se detuvieron a personas en flagrancia, de los cuales 267 casos tuvieron irregularidades como una detención ilegal y demora en poner al sospechoso a disposición del agente del Ministerio Público.
En el apartado de detención ilegal, en el 41 por ciento de los casos no se acreditó alguno de los elementos de la flagrancia, mientras en un 31 por ciento el policía se tardó en poner a disposición del Ministerio.
Otro aparato donde se aprecia irregularidades está en las personas que fueron vinculadas a proceso, en total unas 5 mil 839 fueron declarados sujetos a proceso, pero unas 500 personas resultados liberadas.
De estas, 77 quedaron libres por habérseles declarado ilegal la detención sin que el Ministerio Público hubiese hecho la imputación, y 423 se dictó auto de no vinculación a proceso, al no encontrar el juez elementos suficientes para indiciarlo.
En estos últimos casos son delitos menores como injurias, difamación y calumnias.
