Este lunes quedó aprobado en el Senado de la República, el dictamen por el que se reforma la Ley Nacional de Extinción de Dominio, un mecanismo mediante el cual se legaliza la incautación de propiedades o bienes (tangibles e intangibles), relacionadas con actividades delictivas
Con 109 votos a favor y cero en contra, los legisladores de la Cámara alta dieron su fallo aprobatorio al proyecto en lo general. Una legislación que permitirá, entre otras cosas, que los domicilios y cuentas bancarias vinculadas con actividades como la delincuencia organizada, el secuestro, la corrupción o el acopio y sustracción de combustibles, popularmente conocido como “huachicoleo”, sean consignados a la federación.
Con esta reforma a la legislación, se faculta al Ministerio Público de la federación para que retenga las cuentas y fondos financieros de todas aquellas personas físicas o morales vinculadas a proceso por alguno de los delitos antes mencionados. Esto con el fin de evitar la transferencia, retiro o traspaso de fondos (en caso de ser un bien intangible) al momento de iniciar un proceso judicial contra los actores involucrados.
Para el senador y presidente de la comisión de Justicia, Julio Menchaca Salazar, esta Ley, además de representar un intenso trabajo con los legisladores, consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado por sentencia de autoridad judicial, “sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna”. De esta forma, mencionó que ningún acto jurídico realizado sobre los bienes los legitima, salvo los derechos de terceros de buena fe.
Se dividen en reservas
Cabe destacar que a pesar de la aprobación por unanimidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio los senadores encontraron criterios opuestos en las reservas de dicho proyecto.
La votación de los artículos reservados, así como de otros ordenamientos, pasó con 89 votos a favor y 21 en contra de los legisladores federales.
Entre estas disposiciones existieron criterios encontrados sobre la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Concursos Mercantiles, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Una vez aprobado el dictamen, se devolverá a la Cámara de Diputados para su nueva valoración, para eventualmente seguir su proceso constitucional hacia los Congresos estatales, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
