La Comisión Permanente lanzó un llamado al Congreso de Baja California y a los cinco ayuntamientos de la entidad para dejar sin efecto el decreto número 112 de reformas a la Constitución Política local en donde se contempla la extensión del periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
La enmienda aprobada el pasado 8 de julio –popularmente conocida como “Ley Bonilla”– generó un rechazo generalizado por parte de diputados y senadores de la República, quienes el día de ayer avalaron un dictamen en donde se exhorta a dejar sin efecto dichos cambios constitucionales.
Para esta resolución, el Pleno aclaró que se tomaron en las proposiciones presentadas por los diputados Lucio Ernesto Palacios Cordero, de Morena; Jorge García Lara, de MC; Lizbeth Mata Lozano, del PAN; y por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, todos ellos relativos a la ampliación del periodo de gestión del gobernador electo.
La Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, manifestaron en el documento que las preocupaciones de los proponentes son compartidas, y se pronuncian para que el Congreso de Baja California y los ayuntamientos de los diferentes municipios de la entidad, cooperen para brindar una solución que garantice los derechos de la ciudadanía.
La aprobación de este dictamen se da casi un mes después de que la Comisión Permanente se pronunciara en contra de la Ley Bonilla por primera vez, con un decreto suscrito por los representantes de todas las bancadas de ambas Cámaras.
Insisten en publicación
Por su parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, exigió al Congreso de Baja California con mayoría morenista que se “deje de marrullerías y prácticas dilatorias”, esto con referencia a que la reforma aún no ha sido entregada el gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid y por consiguiente no se ha publicado en el Periódico Oficial del estado.
Esto impide, en consideración del dirigente blanquiazul, que se presente la debida acción de inconstitucionalidad que pueda dejar sin efecto la extensión del periodo de gobierno.
