Legislativo en colapso

Caro y poco productivo, el Congreso Local del Estado de Jalisco se ha caracterizado por ser uno de los más polémicos del país. 

El poder legislativo local no sólo se encuentra deteriorado por lo expuesto en investigaciones, un informe detallado sobre la entrega recepción muestra que en lo material este poder público se encuentra en mal estado.

De acuerdo con el Reporte Legislativo de Integralia, el Congreso de Jalisco se encuentra entre los 10 más caros del país, mismos que no se han visto en un productivo trabajo legislativo supeditado a la sobrecarga de trabajo.

Esta falta de productividad también se refleja en el número de sesiones que se tuvieron, pues el reporte determinó que estas estuvieron muy por debajo de otros legislativos como el de Querétaro o Baja California, donde sólo dos de cada diez iniciativas presentadas tuvo un proceso concluido.

A esto se suman las diversas irregularidades contenidas en el acuerdo 34-LXI-15, aprobado el pasado 3 de diciembre por el pleno del Legislativo, y que da cuenta de diversas irregularidades en las direcciones por el proceso de entrega-recepción.

El 25 de octubre se celebró la junta preparatoria para la entrega del inventario por parte del presidente de la mesa directiva saliente al ahora presidente, Enrique Aubry de Castro Palomino.

Pero fue el 12 de noviembre, ya entrada en trabajos la presente Legislatura, que se conformó la Comisión Especial de Carácter Temporal encargada del Cotejo del Inventario del Congreso de la LXI Legislatura.

La también denominada Comisión de Entrega-Recepción se conformaría por los integrantes de la Comisión de Administración y se encargaría de “analizar y revisar el contenido de la entrega-recepción recibido en la Junta Preparatoria”.

Del documento se presentaría un informe sobre el cotejo de la revisión del inventario y la información proporcionada por la pasada Legislatura.

Fue así como la diputada local por Movimiento Ciudadano, María Elena de Anda Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Administración, solicitó por medio del oficio CEER-M/001/2015 a José de Jesús Reynosa Loza, secretario general del Congreso, los informes de las actas con observaciones anómalas de la entrega-recepción.

De esa forma la dirección de Apoyo Informático dio cuenta de que de las 580 computadoras existentes en las oficinas del Legislativo Local 244 son obsoletas, casi el 50 por ciento.

Contando también con 190 impresoras, de las cuales el 63 por ciento “son altamente propensas a fallas”. Agregan que de los 13 servidores que existen cinco son obsoletos en hardware y software.

Se advierte que el cableado del edificio Hidalgo, inmueble principal del Congreso de Jalisco, tiene entre 15 y 20 años: “el cual está limitado para su uso en nueva tecnología. 

Concluyendo que se deberán hacer diversas inversiones tanto en equipo de computo como en infraestructura para la mejora del servicio.

Juicios laborales, pérdidas millonarias

Un asunto pendiente que han arrastrado las legislaturas locales desde lo administrativo han sido los juicios laborales en los que se encuentra envuelto el Congreso. 

La dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo reveló que este poder es parte de 408 juicios laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado.

De la misma forma está involucrado en “varios” Juicios de Amparo derivado de dichos procesos. 219 de esas demandas fueron presentadas por el propio Congreso Local.

Hasta el 30 de noviembre de 2012 la pasada legislatura (LX) interpuso las 219 demandas en contra de servidores que ya tenían su nombramiento de base expedidos por la anterior Legislatura local (LIX).

“De los 219 demandados, en 64 casos se les despidió, sin procedimiento alguno, no se encuentran laborando, están corriendo salarios caídos, 

“Además de que pueden ser instalados”, advierte la dirección en su reporte de anomalías.

Fue así como advirtió que si el Congreso es condenado a pagar sólo un año de dichos salarios equivaldría a un gasto superior a los 32 millones de pesos.

Con base en lo anterior el reporte propuso analizar la conveniencia de que la Dirección Jurídica presente un dictamen sobre la procedencia de la continuación de los juicios, debido a que la mayoría de ellos sigue laborando.

Y convenir con los 64 que fueron despedidos, para evitar pérdidas millonarias.

Edificio en deterioro

Otro gran problema que dejaron pasadas legislaturas y queda asentado en el acuerdo es el mal estado en que se encuentra el edificio Juárez, a unos metros del recinto legislativo y cuya función fue puesta en duda durante el pasado 2014.

La adquisición de este edificio se hizo durante la Legislatura LVIII (2007-2010) por alrededor de 50 millones de pesos, pues se buscaba un edificio alterno para tener oficinas administrativas. Tuvieron que invertirle 50 millones de pesos más para darle mantenimiento desde entonces.

Un reporte realizado por el diario local El Informador detectó que durante los años 2011, 2012 y 2013 la Legislatura había erogado 16.3 millones de pesos más para mantener el inmueble, mismo que cuesta 46.8 millones al año por sus 100 empleados.

No obstante, los millones de gastos en mantenimiento sirvieron de poco, pues la Dirección de Servicios Generales informó que hay “daños estructurales en el edificio, pésimas instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias y el elevador no funciona”.

Sobre este edificio se habían presentado ya propuestas para venderlo en 60 millones de pesos, iniciativa del exdiputado priista Miguel Castro Reynoso, y de igual forma el entonces presidente de la mesa directiva, el emecísta Clemente Castañeda, había mostrado su voto a favor para hacer la venta, pero ésta no se concretó.