Levántate y anda

La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán movió hasta los cimientos la política no solo en el Ejecutivo, también en el Congreso de la Unión, donde ya están pensando en dar marcha atrás a lo aprobado hace unos meses.

La evasión del capo provocó que se quiera revivir a algunos entes muertos que habían sido objeto de muchas críticas en años pasados

El PRD en el Senado presentó ayer una iniciativa para revivir a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aquella dependencia que fue considerada como una de las más poderosas en el sexenio de Felipe Calderón.

Bajo el mando de Genaro García Luna, la SSP y su Policía Federal fueron protagonistas de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Durante todo el sexenio, la dependencia fue criticada por un pobre cuidado de los derechos humanos.

De hecho, una de las críticas que se le hacían era su imposibilidad de atrapar a quien era entonces –y ahora es nuevamente- el capo más buscado del mundo.

A raíz de la segunda evasión de Guzmán Loera, el PRD pretende que el Senado tenga injerencia directa en el nombramiento y la remoción de los funcionarios de primer nivel relacionados con la seguridad del país.

Meses antes de tomar protesta como presidente de la República, Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Congreso de la Unión, a través de los diputados del PRI, para que se modificara esta Ley y las labores que realizaba la SSP fueran absorbidas por la Secretaría de Gobernación.

En la consideración de aquella iniciativa, el presidente electo sostenía que se trataba de la creación de un “nuevo esquema de seguridad”.

“(Se deben) aprovechar los vínculos y lazos permanentes de coordinación con todas las instancias administrativas y de los distintos niveles de gobierno del Estado mexicano”, señalaba el texto de la iniciativa.

La justificación que se argumentó incluía la pertinencia de concentrar en una sola dependencia todas las tareas de seguridad pública y nacional del país, además de las labores de vigilancia fronteriza y migratoria.

Una semana después de que fue presentada, la iniciativa del tricolor fue aprobada y quedó lista para que el día de la toma de protesta del presidente Peña Nieto y los miembros de su Gabinete, el nuevo esquema institucional estuviera listo.

“El voto del Congreso significó, entonces, un voto de confianza hacia el nuevo esquema, ante la expectativa de un gobierno entrante y su manifiesto de voluntad para encarar los problemas nacionales desde una perspectiva renovada”, sostiene la iniciativa de los perredistas presentada ayer a la Comisión Permanente.

Fue así que, al tomar protesta como secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong fue investido con el poder para hacerse cargo de la política interna y controlar la seguridad del país.

Gracias a sus atribuciones, Osorio Chong pudo realizar varios nombramientos de funcionarios encargados de la seguridad pública y penitenciaria.

La dependencia quedó a cargo de combatir al crimen, diseñar y poner en marcha políticas de prevención, alimentar y administrar las bases de datos en materia criminal y ejecutar las penas que dicten los órganos judiciales, pues a su cargo está también el sistema penitenciario del país.

Para los senadores del PRD, es “evidente” que la concentración de tantas facultades no resultó como debía. La prueba más importante ha sido la evasión de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“La fuga da testimonio de una crisis de seguridad y de gobierno (…) Lo más delicado es la dimensión del plan de fuga considerado en tiempo de ejecución, recursos humanos, económicos y técnicos, precisión, datos confidenciales requeridos y cooptación evidente de diversas autoridades de seguridad, lo que denota que la concentración de potestades en la Secretaría de Gobernación generó una dispersión de las posibilidades para su ejercicio, un relajamiento en la cadena de mando entre las autoridades”, acusa el documento presentado por los perredistas.

Los congresistas de izquierda sostuvieron, además, que el hecho de que se concentren las actividades de seguridad pública y concertación política en una sola dependencia, da lugar a que haya la tentación de utilizar la fuerza pública en vez del diálogo.

“Es menester dar marcha atrás a la reforma. Es preciso restablecer la estructura de la Administración Pública Federal a la dependencia de las funciones específicas de seguridad pública y la política criminal”, expone el proyecto.

Los perredistas no solo quieren regresar a la vida a la Secretaría de Seguridad Pública. Buscan también que tanto el secretario de Gobernación como algunos miembros del gabinete de seguridad acudan a una comparecencia dos veces al año ante el Congreso de la Unión.

Senado quiere remover a funcionarios

Tan pronto como al día siguiente de la fuga de “El Chapo” Guzmán, el secretario de Gobernación cerró toda posibilidad para presentar su renuncia.

“Los momentos de crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos”, atajó Osorio Chong cuando fue cuestionado sobre si presentaría su dimisión ante la evasión del capo.

Esta declaración despertó la indignación de varios sectores de la clase política mexicana.

Tanto el PAN como el PRD pidieron la renuncia no solo del secretario de Gobernación, sino de los miembros de primer nivel encargados de la seguridad nacional del país.

“Nosotros esperaríamos que el presidente Peña Nieto, frente a la crisis que se vive de percepción, de impunidad, tomara acciones al respecto y tal vez una cosa inmediata, si es que no fuera él quien lo definiera, que el propio secretario de Gobernación en la condición de responsabilidad y seriedad presentara su renuncia”, mencionó el senador Armando Ríos Piter al presentar la iniciativa.

Ahora, los perredistas buscan que el Senado tenga la facultad de ratificar su nombramiento y de imponer un “voto de censura” a los funcionarios encargados de la seguridad pública, el sistema penitenciario o la seguridad nacional, si no cumplen con sus obligaciones.

La propuesta es que si dos terceras partes de los senadores votan por imponerle un voto de censura a alguno de los servidores públicos que haya cometido una falta grave en el desempeño de sus funciones, el presidente de la República tenga la obligación de removerlos de su cargo de inmediato.

Además de todo esto, los parlamentarios de izquierda pretenden que el Ejecutivo mantenga informado al Congreso sobre el estado que guarde la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.