“Dentro de los temas que más nos preocupan es la cuestión relacionada con sexualidad y reproducción. Al respecto, han declarado quienes apoyan esta ley, que las niña y niños deben ejercer sus derechos sexuales y con plena libertad, y dejando fuera a los responsables de estos, sus padres o tutores o quien legalmente sea responsable de ellos”
Política, religión y sexo. La iniciativa para la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes tiene de todo.
Por sí solos cada uno de esos temas son por demás controvertidos, por lo que no es raro que al juntarlos esto acabara en un polémico y explosivo coctel.
Ayer, luego de un debate de casi cuatro horas, el Pleno del Senado aprobó por mayoría absoluta, 72 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la nueva Ley no sin antes enfrentar más de dos meses de debate a causa de lo que parecía una sencilla modificación.
El primero de septiembre, Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Senadores -como iniciativa de trámite preferente- un proyecto de Ley para homologar la protección a los menores, y regular con más profundidad sus derechos.
La propuesta contenía 19 nuevos derechos que las autoridades deberían garantizar a este sector de la población.
Hasta ahí todo bien.
El problema fue que durante el análisis del documento, las bancadas en el Senado acordaron hacer modificaciones bajo el argumento de la ley era asistencialista y no veía a los niños como sujetos de derechos. Dijeron que fortalecerían el texto y le daría un enfoque más de derechos humanos.
Cambiaron 104 de los 140 artículos que contenía la iniciativa. Casi el 90 por ciento de la propuesta.
Con un centenar de modificaciones no hubo problema, sin embargo, hubo dos puntos clave que desataron el infierno.
La Cámara de Senadores cambió los artículos 50, fracción XI y 58, fracción VIII del proyecto para incorporar la obligación de las autoridades a proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y adolescentes.
También agregó que se debería garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos a los menores y que los sistemas educativos promovieran una educación que permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
Pero fue el término “derechos sexuales y reproductivos”, lo que encendió los ánimos. Todo ardió.
Los más conservadores acusaron a los senadores de promover la pederastia y el aborto. La Iglesia se declaró preocupada por el hecho de que los menores tuvieran como derecho tomar decisiones sobre sexualidad sin la orientación de un adulto.
Pablo Mier y Terán en su columna publicada el 9 de octubre en Reporte Indigo señaló que el término “derechos sexuales reproductivos” no existe en ningún tratado internacional por lo que las modificaciones a la iniciativa eran no solo inconstitucionales sino un riesgo para la niñez y juventud mexicanas.
“Bajo el amparo de esta nueva ley le pueden enseñar, señores Senadores, a sus nietos o hijos de 10 años que si ellos lo desean pueden cambiar de sexo, y su hija de 12 años les podrá presentar a su novio de 50 y le tendrán que decir que ‘pueden hacer lo que quieran’ y no habrá pedofilia. Porque es su nuevo ‘derecho’.
“(…) si su hija o nieta de 14 años se embaraza podrá abortar aun sin que ustedes se enteren”.
En pocos días la versión en video de la colaboración de Mier y Terán se volvió viral, lo que provocó reacciones, incluso en el Congreso.
El senador perredista Alejandro Encinas acusó al columnista en el Pleno de publicar mentiras.
“De ninguna manera se autoriza en aborto ni se le quita la patria potestad a nadie”.
Tachó de “ataques provenientes de la ultraderecha”, la presión que recibió el Congreso para modificar el tema de derechos sexuales.
“Hay que recordarles a estos ciudadanos tan puros y castos que el octavo mandamiento dice con toda claridad ‘no levantarás falsos testimonios ni mentirás’… y están pecando. Se van a ir al infierno”, ironizó.
Una ley ‘altamente riesgosa’
El 14 de octubre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado en el que aseguró que era “altamente riesgoso” dejar a “interpretaciones arbitrarias” que los menores tomen decisiones sobre sexualidad sin la orientación de un adulto.
La cúpula de la Iglesia católica se dijo preocupada por que la iniciativa de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no define con claridad qué derechos sexuales y reproductivos tendrán los menores.
“Nos preocupa el concepto ‘Derechos sexuales y reproductivos’, que no se encuentra en nuestra Constitución ni en los tratados internacionales que vinculan al Estado mexicano, y que al carecer de una definición sobre su contenido y alcance, puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias”, señalaron.
Ya el senador José María Martínez, del PAN, había acusado a los promotores de la propuesta de impulsar una ley a favor del aborto.
También líderes profamilia de México arremetieron contra la propuesta modificada en el Senado, al advertir que dejaba de lado la responsabilidad de los padres en la crianza de sus hijos.
Teresita Gutiérrez Espinosa, directora de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, advirtió que el problema fundamental de la ley es que se pretende que los menores de edad hagan uso y ejercicio de sus derechos, como si fueran mayores de edad.
“Dentro de los temas que más nos preocupan es la cuestión relacionada con sexualidad y reproducción. Al respecto, han declarado quienes apoyan esta ley, que las niña y niños deben ejercer sus derechos sexuales y con plena libertad, y dejando fuera a los responsables de éstos, sus padres o tutores o quien legalmente sea responsable de ellos”, indicó Gutiérrez Espinosa.
Los cambios
1. Se cambió de asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a los niños, niñas y adolescentes, los gobiernos municipales, estatales y federal a obligación de orientar sobre salud sexual y reproductiva.
2. En lugar de que los menores tengan derecho a una educación sexual integral para ejercer de manera informada y responsable sus derechos sexuales y reproductivos, los padres deben intervenir en la educación de sus hijos.
3. Se modificó el concepto “derechos sexuales y reproductivos” por “salud sexual y reproductiva”. Ahora, quienes ejerzan la patria potestad, tutela y custodia de niños y adolescentes tendrán derecho a intervenir en la educación sexual y reproductiva.
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