El expediente de la nueva Ley de Movilidad será el centro de la discusión entre el gobierno de Nuevo León, diputados del Congreso local y organizaciones civiles desde hoy martes 28 al viernes 31 de mayo, de 09:00 a 14:00 horas.
El expediente en poder de Reporte Índigo revela que los concesionarios o transportistas deberán responder por lo que hagan de manera inmediata, pues los usuarios tendrían un seguro y buscan que se contraten a los empresarios bajo un esquema de incentivos.
Este expediente de 478 hojas, incluye cuatro iniciativas: una del Gobierno estatal, dos de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, respectivamente, y una más de organizaciones civiles; más una reforma parcial y tres escritos por ciudadanos y el Consejo Nuevo León.
Hoy comienza la discusión pero sólo quienes hayan entregado una propuesta o un comentario de manera formal podrán participar en las sesiones de trabajo, según las condiciones que establecieron los diputados que presiden las comisiones unidas de Transporte, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano.
Once organizaciones proponen ciertas modificaciones a esta ley, en donde los transportistas serán “obligados solidarios” a favor de los usuarios, a través de “un seguro de segundo piso”.
“Los titulares de las concesiones, permisos o contratos, son obligados solidarios de los propietarios y/o conductores, y deben responder por lo que éstos hagan de forma inmediata. La prima de los seguros se determinará por estudio actuarial. De tal forma que la suma asegurada sirva para cubrir todos los gastos que se generen en el incidente, particularmente aquellos que tienen que ver con la salud y bienestar físico de las personas que resulten lastimadas”, dice la propuesta ciudadana.
También el Consejo Nuevo León presentó ciertos pilares que deben integrarse a la nueva Ley de Movilidad. Propone un transporte público competitivo con una nueva gobernanza y definir a un organismo gestor del sistema integrado del transporte público.
“Una nueva gobernanza, profesional, con capacidades y que opera con la meta explícita de alcanzar lo planteado en el Plan Estratégico, que perfila establecer un sistema de transporte público competitivo, interoperable, integrado, asequible y de calidad”, señala el documento.
El organismo agrega que en el enfoque de la nueva Ley de Movilidad se deberá incluir una competencia de mercado, y que se establezcan por obligación los horarios y frecuencia de paso.
“Que su enfoque sea la competencia por el mercado, no en el mercado. Desligar el ingreso de los proveedores del número de pasajeros transportados, pagar por vehículo-km u otra variable de intensidad. Incluso adicionar una componente por demanda adicional. Con una regulación por incentivos, no discrecional. Que un órgano de gestión asuma la función de ordenar los servicios y por lo tanto decida: itinerarios, horarios, frecuencias, estándares de calidad, tamaño de las unidades”, señala el Consejo Nuevo León.
Una condena a la sociedad
Diputados del Congreso local tienen en sus manos la oportunidad de sentar las bases para que los ciudadanos tengan un transporte público eficiente y seguro, a través de una nueva Ley de Movilidad.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, consideró que en caso que no se llegue a consensos para la creación de esta nueva ley, esto condenaría a millones de usuarios por tres años más sin tener un buen servicio.
“Es muy corto el tiempo, el tema de movilidad es muy complejo y hay que tomar la decisión si seguimos avanzando para aprobarla en un periodo extraordinario o requiere de más tiempo la discusión porque está peor hacer una ley mal hecha y que no vaya a abonar nada”.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano mencionó que la nueva Ley de Movilidad tendría que enfocarse en tener un esquema nuevo de gobernanza para que cumpla con lo establecido, ya que el Gobierno no aplica el reglamento actual.
“Para que haya un cambio en el transporte está en la gobernanza o diseño institucional, ¿quién va tomar las decisiones? Porque hoy vemos paros del servicio, aumento de las tarifas sin autorización, pésimo servicio e inseguridad. La ley actual no se sigue, no sólo para los transportistas, sino por el Gobierno que no cumple con la ley. El principal es reto es cómo hacer un diseño institucional donde el Gobierno pueda cumplir su papel rector, pero con contrapesos”, señaló Saldívar.
También puedes leer: Lucha de poderes por transporte
Tarifa por kilómetro recorrido
El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, explicó que la iniciativa que proponen establece que los camiones del servicio público tendrán una tarifa por kilómetro recorrido, un instituto del transporte y la apertura para que entren otros empresarios.
“Lo más importante es el instituto del transporte donde el Congreso defina el titular, el tema de concesiones públicas y que participen empresarios nuevos y que se le pague a los transportistas por kilómetro recorrido”, informó el diputado.
De las cuatro iniciativas presentadas, las organizaciones civiles criticaron su contenido al considerar que son opacas, favorecen monopolios y la discrecionalidad, motivo por el cual presentaron tres escritos con propuestas.