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La controversia por la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad vuelve al centro de la discusión pública.
Con el inicio de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reaviva el debate sobre el impacto que tendrá la implementación de la legislación no sólo en materia de seguridad sino también en otras vertientes como los derechos humanos o el derecho a la privacidad.
Los ministros del máximo tribunal constitucional del país iniciarán este lunes el análisis del proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a partir de diversas impugnaciones presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y por diputados y senadores de la anterior legislatura.
El análisis iniciará en medio de un ambiente de ‘polarización respecto a la ley, con presión por parte de diversos organismos de la sociedad civil por un lado, de las fuerzas armadas por el otro, y todo ello en un contexto de violencia como no se había visto en la historia reciente del país
La semana pasada, el propio presidente Enrique Peña Nieto salió nuevamente a defender la Ley de Seguridad Interior y sobre todo la labor de los militares, afirmando que mientras no se aplique , el país seguirá en deuda con las Fuerzas Armadas, un espaldarazo claro y un mensaje a los ministros de la Suprema Corte.
Mientras tanto, el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador aún no ha presentado la política de seguridad para su sexenio, un anuncio que se ha venido postergando y que podría darse a conocer hasta que concluya el análisis de las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior.
El presidente que entrará en funciones en menos de 3 semanas tampoco ha dejado clara su postura respecto a la controvertida ley, aunque el viernes pasado señaló que al menos de forma temporal, el Ejército y la Marina seguirán realizando tareas de seguridad pública, hasta que “en el mediano y largo plazo ya tengamos una Guardia Nacional, capaz de garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país”.
El proyecto de resolución, hecho público por el ministro Pardo Rebolledo a finales del mes de octubre, mantiene la esencia de la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2017, aunque sí declara la invalidez de artículos completos y de algunas porciones normativas, sobre todo las relacionadas con la discrecionalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas y la posible intervención de facultades.
Como muchos de los grandes temas de la agenda política nacional, el de la Ley de Seguridad Interior divide opiniones. La resistencia a su entrada en vigor es firme, comenzando por la CNDH, que recientemente emitió un comunicado pidiendo a los ministros la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, una postura compartida por la mayoría de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos.
Los extremos más marcados están representados por quienes aseguran que dicha ley abre la puerta para la militarización del país amparada por la Constitución, lo que traería consigo riesgos de violaciones a los derechos humanos, la prevalencia de los mandos militares sobre mandos civiles, o la utilización de las fuerzas armadas de forma discrecional por el Ejecutivo federal, entre muchas otras.
“La Ley de Seguridad Interior no sólo no resuelve el conflicto de seguridad y violencia que se vive en el país, sino al contrario, le da herramientas a las Fuerzas Armadas para que puedan cometer violaciones a los derechos humanos como sabemos que sucede”, advierte Ixchel Cisneros, directora ejecutiva de Cencos, una de las organizaciones que más firmemente se han opuesto a la implementación de esta ley.
Del otro lado se colocan los defensores de esta ley, amparados en el argumento de dotar de un marco legal a las Fuerzas Armadas para las tareas de Seguridad Pública que ya desempeñan en la práctica desde hace más de una década. Dentro de este grupo se encuentran el presidente Enrique Peña Nieto y los altos mandos militares, estos últimos tomando un papel inédito en los últimos años para impulsar la legislación.
En la misma línea marcada por el presidente Peña Nieto, los militares defienden la conveniencia de su entrada en vigor y rechazan los señalamientos de una posible militarización del país o una carta blanca para las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, recalcan que con este marco jurídico se establecen lineamientos y alcances claros para darle mayor certeza a su intervención.
“Genera unas reglas para que el Estado mexicano, que no las fuerzas armadas, pueda hacer frente a amenazas a la seguridad interior que no requieran suspensión de garantías.
“Y en ese sentido es realmente una ley que establece sistemas de coordinación de las distintas autoridades para hacer frente a una amenaza determinada sin que implique de alguna manera afectar los derechos de las personas”
La decisión sobre la entrada en vigor de una ley promulgada hace casi un año está en manos de los 11 ministros de la Suprema Corte, quienes en las últimas semanas han recibido presiones de todos los sectores sociales y políticos.
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Aún así, el fallo difícilmente será definitivo, pues las organizaciones civiles ya adelantaron que podrían recurrir a instancias internacionales, pero sobre todo, será el próximo gobierno que entra en funciones este 1 de diciembre el que tendrá que tomar una postura clara, ya sea de respaldarla o de abrogarla y sustituirla por otra vía el Congreso, en donde tiene mayoría.
Precisamente, el senador panista Gustavo Madero, es uno de los legisladores que piden que la ley vuelva a ser discutida en las Cámaras y ya durante esta legislatura suscribió una propuesta presentada por Emilio Álvarez Icaza para derogarla.
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“Durante la pasada legislatura se aprobó una ley sin tomar en cuenta a las organizaciones, sin escuchar los planteamientos sobre su posible inconstitucionalidad, se hizo con prisa, esta es una oportunidad para que el análisis regrese al Legislativo y que en esta ocasión sí se escuchen todas las voces, tanto a la sociedad civil, y también a los militares”, declara.
El senador blanquiazul agrega que con la propuesta de abrogación de esta ley se busca desde la legislación cambiar un modelo de combate a la inseguridad que no está funcionando, y sobre todo evitar la normalización de la militarización en el país, y por ende posibles violaciones a los derechos humanos.
El próximo gobierno que entra en funciones este 1 de diciembre tendrá que tomar una postura clara, ya sea de respaldar la ley o de abrogarla y sustituirla por otra vía el Congreso, en donde tiene mayoría
“Cualquier ley debe partir de un planteamiento hacia la seguridad ciudadana, de capacitación y preparación de los cuerpos de policías de los gobiernos de los estados y municipales, para que de forma paulatina puedan tomar las tareas que hoy realizan las fuerzas armadas. Tenemos una verdadera oportunidad de cambiar un modelo que claramente no ha funcionado”, apunta.
Sin actuación discrecional
El proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo que será analizado en el pleno de la Suprema Corte a partir de hoy propone declarar la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aunque con modificaciones o declaratoria de invalidez en 11 de los 34 artículos de la misma.
En principio, el proyecto de resolución decreta que la Carta Magna no impide que las Fuerzas Armadas brinden abiertamente auxilio o apoyo a las autoridades civiles que lo soliciten en determinadas ocasiones, aunque sí acota supuestos de actuación y establece lineamientos para eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo para ordenar su intervención.
Algunos de los cambios más significativos están relacionados con las facultades del Ejecutivo federal, por lo que con la modificación, las fuerzas armadas sólo podrán actuar por solicitud de los gobiernos estatales y previa Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y no de manera discrecional
Se elimina por completo, por ejemplo, el sexto artículo de la Ley, que establece que el Ejército puede actuar de forma automática, sin que medie una solicitud de un gobierno estatal, en escenarios contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos. También se propone quitar el segundo párrafo del artículo 15, que plantea que el Presidente pueda prorrogar el plazo de la intervención militar por más del límite de un año, sin que exista nuevamente solicitud de la entidad.
Además, el proyecto excluye algunos supuestos que estaban considerados como amenazas a la seguridad interior y que requieran la intervención del Ejército.
Así se eliminan diversas disposiciones que consideran como amenaza los desastres naturales, epidemias y temas relacionados con la salubridad, por lo que se reducen los escenarios de intervención militar.
Otra de las modificaciones más relevantes es retirar de la ley el artículo 8, que establece que las movilizaciones de protesta social o con motivo político electoral no pueden ser consideradas como amenaza a la seguridad interior. El proyecto del ministro Pardo señala que con esta redacción se abre la puerta a que otro tipo de movilizaciones sí puedan ser consideradas como amenaza, por lo que se decreta la derogación de este artículo.
De igual forma, se invalida el artículo 9, que señala que todos los datos que se generen por la aplicación de la ley sea considerada como información de Seguridad Nacional y por tanto se reserve, ya que según el ministro ponente se atenta contra el principio de máxima publicidad gubernamental y transparencia.
El proyecto de sentencia declara la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior aunque con modificaciones o declaratoria de invalidez en 11 de los 34 artículos de la misma
No es la ‘panacea’
En entrevista el pasado 29 de octubre, el general Alejandro Ramos, jefe de Asuntos Jurídicos del Ejército Mexicano, señaló que La Ley de Seguridad Interior es un gran paso para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas que ya realizan en combate a la inseguridad, pero que no es la solución a todos los problemas.
“Es un primer marco jurídico de referencia que no es propiamente la panacea. Genera unas reglas para que el Estado mexicano, que no las fuerzas armadas, pueda hacer frente a amenazas a la seguridad interior que no requieran suspensión de garantías. Y en ese sentido es realmente una ley que establece sistemas de coordinación de las distintas autoridades para hacer frente a una amenaza determinada sin que implique de alguna manera afectar los derechos de las personas”.
De igual forma, recalca que esta ley no le está dando facultades adicionales a nadie, contrario a la postura de los diversos actores que se manifiestan por derogarla, sino al contrario, lo que hace es delimitar lo que tiene que hacer cada instancia en el ámbito de sus atribuciones.
“Yo no sé cuál es el agravio que les causa. Nosotros sí hemos estudiado muy bien esta ley. La Ley de Seguridad Interior incluso pone ciertas reglas para que participemos en las declaratorias. El Presidente tiene que justificar cuando ordene que participemos, tiene que justificar por qué las Fuerzas Federales no son suficientes para atender la amenaza que se esté presentando”.
Estrategia equivocada
La mayor resistencia a la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior la han encabezado las organizaciones de la sociedad civil y de defensa a los derechos humanos, bajo el argumento de que con la militarización del país no sólo no se ha resuelto el conflicto de violencia que se vive, sino que también le ha dado herramientas a las Fuerzas Armadas para que puedan cometer violaciones a los derechos humanos.
Los opositores dicen que lo más conveniente es seguir una estrategia para capacitar y limpiar a las policías civiles, mejorar sus condiciones e iniciar el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas
La directora ejecutiva de la organización Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) Ixchel Cisneros advierte que en ningún contexto la militarización es la mejor respuesta, sino que la vía es la seguridad civil.
“Históricamente así ha funcionado y así debería de ser. El problema es que aquí estamos tratando de tapar el hueco nada más con un parche y no estamos viendo el problema de fondo que es la violencia y la inseguridad. Y si nuestras policías civiles no funcionan, con esta ley tampoco van a funcionar, al contrario, se les está condenando a la perdición total”, declara.
Cisneros reconoce que las policías civiles no sólo no funcionan, sino que han sido coptadas por el crimen organizado, pero señala que gran parte de la responsabilidad por la ineficiencia y corrupción de las fuerzas de seguridad es atribuible al Estado mexicano.
Organizaciones civiles aseguran que esta ley abre la puerta a la militarización del país amparada por la Constitución, lo que traería riesgos de violaciones a los derechos humanos
“En las condiciones en las que se encuentran los policías, en muchas ocasiones los ha orillado a trabajar con el crimen organizado y también porque nosotros no le hemos dado un respaldo a nuestros policías y hemos dejado de ver al policía como una cuestión de autoridad. Eso no lo resuelve la Ley de Seguridad Interior”.
Es por ello, advierte que lo más conveniente es seguir una estrategia para capacitar y limpiar a las policías civiles, mejorar sus condiciones para que se pueda iniciar el retiro paulatino de las fuerzas armadas, pues se ha demostrado que la estrategia de militarización no ha funcionado.
“Si ves las cifras de homicidios, esa no puede ser una estrategia que funcione. Nuestras autoridades tendrían que darse cuenta que el tener a las fuerzas armadas tampoco ha dado los resultados que supongo ellos esperaban, que sería que bajaran los homicidios y bajaran todos los índices de violencia”.
“Tampoco es que sea un golpeteo contra las Fuerzas Armadas, nosotros estamos seguros que nuestros militares y nuestros marinos tampoco quieren estar en la línea de fuego sin tener una estrategia. Creemos que estamos en un problema que va mucho más allá de esto, pero con esta ley simplemente se agravaría”
