La Comisión de Salud del Senado de la República, que preside el senador Miguel Navarro Quintero, aprobó el dictamen que expide la Ley General de Salud Mental, cuyo objetivo es garantizar el derecho a la población a recibir servicios de calidad en esta rama de la medicina y establecer mecanismos para promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental.
La legislación faculta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaria de Salud, organice y opere las atenciones en esta materia, así como vigilar su funcionamiento en coordinación con dependencias y entidades del sector.
Además, señala que el Consejo Nacional de Salud Mental tendrá como objetivo planear, programar y evaluar los servicios de salud mental que brinda el Gobierno federal, dentro de los cuales se encuentra el Plan Nacional de Salud Mental.
Dicho órgano de consulta estará integrado por los titulares de las secretarías de Salud y Educación Pública; así como del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”, entre otros.
Por su parte, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, establecerán los procedimientos de acceso, atención y tratamiento a los servicios de salud mental a la población, así como a los servicios sociales y privados.
El proyecto de decreto detalla que los mecanismos de coordinación interinstitucional con entes de salud, estatales y municipales, organismos sociales y privados, darán prioridad a la prevención de padecimientos en ese rubro y se sensibilizará a la sociedad sobre trastornos mentales y las alternativas de solución.
Respecto a los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, destaca que recibirán un trato digno e incluyente por parte del personal de las instituciones públicas, sociales y privadas.
También garantiza su acceso a los servicios de salud mental, medicamentos y terapias de rehabilitación, incluso, serán protegidos de discriminación, maltrato, explotación económica, sexual o de cualquier otra índole, que atente contra sus derechos humanos.
En el caso de que las personas requieran ser internadas, de acuerdo con el documento, el proceso debe ajustarse a principios éticos, sociales, científicos y legales, por tanto, sólo podrá recurrirse a este, cuando el tratamiento no pueda efectuarse en forma ambulatoria o domiciliaria, y previa indicación de los profesionales acreditados.
